El juez reclama los audios de Villarejo publicados en exclusiva por ‘Fuentes Informadas’, «y otros que pueda tener y aún no hayan sido divulgados»

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José Antonio Hernández
José Antonio Hernández, nuevo director del medio Fuentes informadas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reclamado al director de FUENTES INFORMADAS, José Antonio Hernández, que entregue al juzgado con carácter «inmediato» (nada más serle comunicado por la policía el citado «requerimiento») los audios del excomisario José Manuel Villarejo que este periódico digital ha publicado en exclusiva en los últimos meses, así como de otros que pudiera tener el medio y aun no hayan sido divulgados.

Siguiendo esta orden, dos agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía telefonearon ayer por la mañana a Hernández para que se citase con ellos y les «entregase el soporte material original que contengan los archivos de audio que vienen siendo publicados, o [bien] se disponga de ellos aún sin publicarse por ese diario y en los que participe el señor Villarejo”, según se detalla en la documentación judicial que los agentes entregaron por la mañana a Hernández, en plena calle madrileña. El juez, a través del secretario judicial de su juzgado, quien firma el requerimiento, realiza una importante matización: «Todo ello sin perjuicio del derecho que le asiste a la protección de la fuente de obtención del material, tanto del ya publicado como del que obre en su poder y sea susceptible de publicación».

El director de este periódico comunicó a los agentes su total disposición a colaborar con la Justicia y puso a su disposición todos los audios ya publicados, a los que se puede acceder sin restricción alguna en la hemeroteca de este medio a través de Internet y en Google.

Las informaciones de FUENTES INFORMADAS sobre los audios de Villarejo, que han motivado la apertura de la pieza número 34 del ‘caso Tándem’, el que afecta al excomisario, acredita la relevancia social de los datos publicados y afianzan la valía de este proyecto informativo nacido hace tan solo unos meses. «Este diario está dispuesto a colaborar con la Justicia, pero sin abandonar su deber de informar con veracidad, que es el único objetivo que guía a este medio», destacó Hernández.

Las grabaciones del policía retirado reveladas en exclusiva por este medio de comunicación digital implican de facto un servicio a la democracia y transparencia puesto que destapan connivencias y actitudes de políticos y altos agentes policiales en la comisión de hechos aparentemente delictivos. En los audios aparecen altos excargos políticos, como María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP y exministra de Defensa; y de los dos exaltos jefes del Ministerio de Interior en la etapa de Mariano Rajoy, el ministro Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de este departamento, Francisco Martínez, y de gran parte de la cúpula policial española entre 2010 y 2017.

Por ejemplo, en el marco de la llamada ‘Operación Cataluña’, de las despiadadas coacciones perpetradas por altos cargos policiales, la llamada policía patriótica, y del PP contra la Banca Privada de Andorra (BPA) para conseguir que esta entidad les facilitase datos bancarios de la familia Pujol y de Oriol Junqueras con la finalidad de minar ante la opinión pública al independentismo catalán. Ello se tradujo en una pérdida de escaños para Convergència i Unió (CiU) tras la difusión de esas presuntas corruptelas.

A raíz de los audios difundidos por FUENTES INFORMADAS, un juzgado de Andorra ha reactivado la querella que interpusieron por coacciones en 2017 accionistas de esta entidad contra altos cargos del Gobierno de Rajoy. El propio Rajoy ha sido imputado por el juzgado, que investiga las tropelías cometidas contra esta entidad, que acabó intervenida sin justificación alguna, tal como han acreditado distintos jueces. Los dueños reclaman hoy a los Gobiernos de España y Andorra 642 millones de euros.

La citada pieza 34 es el resultado del informe que recientemente entregó la Fiscalía Anticorrupción al juez para que reabriese la investigación contra Dolores de Cospedal, que ya estaba archivada, y la imputase de nuevo. El juez entiende que los audios no aportan indicios delictivos sólidos contra Cospedal y ha rehusado volver a investigarla. Sin embargo, el magistrado sí ha acordado investigar los audios con la finalidad de conocer la autenticidad de los mismos y analizar si de ellos se deriva algún tipo de incriminación relacionada con el ‘caso Tándem’.

El juez también ha rechazado la petición de Anticorrupción de llamar nuevamente a Cospedal como investigada por su presunta participación en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con la finalidad de sustraerle documentación delicada contra el partido.

FUENTES INFORMADAS publicó en mayo diversos audios entre Villarejo y Cospedal. En estas conversaciones se oye a ambos departir sobre cómo obstaculizar la investigación de los papeles del extesorero. “La libretita [de Bárcenas], sería mejor poderlo parar”, comenta Cospedal a Villarejo.

El PSOE y luego Podemos, personados como acusación popular, son los que inicialmente pidieron al juez reabrir las pesquisas sobre este y otros audio revelados por ‘Fuentes Informadas'».

La pieza separada número 34

La pieza Separada 34, desde ayer declarada secreta, pretende recopilar todos los audios que han publicado simultáneamente a lo largo de estos meses FUENTES INFORMADAS y el diario El País. El magistrado señala: «La publicación de informaciones relacionadas con la presente causa que se ha venido conociendo hasta la fecha exigen, de entrada, una labor de recopilación y análisis, con la finalidad de determinar si las publicaciones que han ido apareciendo corresponden con material aprehendido y analizado, o si se trata de nuevos datos no conocidos. En este segundo caso, señala, sería conveniente determinar la relevancia que pudiera tener en el procedimiento”.

El requerimiento por parte del juzgado al director de este periódico abarca también la necesidad de que se respete el derecho fundamental al secreto de las fuentes de información. Herrnández explicó ayer: «Los abogados sostienen que la entrega del citado material, que está a disposición de la Justicia en Internet, comprometería seriamente el deber sagrado del periodista de salvaguardar la identidad de las fuentes, un derecho que forma parte de la esencia de la democracia».

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