Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL, han liberado a 21 mujeres que eran explotadas sexualmente en varios pisos prostíbulos repartidos por diversas provincias españolas.
Las víctimas, en su mayoría de origen latinoamericano, habían sido captadas en sus países de origen y trasladadas a España, donde se les obligaba a ejercer la prostitución para saldar una deuda de 7.000 euros contraída con la organización criminal. Este grupo llegó a vender a algunas de sus víctimas a otros tratantes por cantidades cercanas a los 1.000 euros. Nueve personas han sido detenidas en las provincias de Ourense, A Coruña, Burgos, Cuenca y Madrid.
La investigación comenzó tras recibir información que alertaba de la llegada a España de una presunta víctima de trata de seres humanos. Esta mujer, captada en su ciudad natal, fue localizada por los agentes, lo que permitió confirmar la existencia de una red criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y prostitución coactiva. El grupo criminal tenía presencia en diversas provincias españolas, donde gestionaba pisos prostíbulos y controlaba el movimiento de las víctimas entre diferentes localidades.
Las mujeres explotadas se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad y eran engañadas con la promesa de mejorar sus condiciones de vida en España. Para facilitar su entrada al país, los criminales les proporcionaban reservas de hotel en Madrid, seguro médico de viaje y billete de vuelta para hacerlas pasar como turistas ante las autoridades. Además, las instruían sobre cómo comportarse en la frontera para evitar levantar sospechas.
Una vez en España, las víctimas eran trasladadas a pisos gestionados por la organización, donde se veían obligadas a ejercer la prostitución durante jornadas extensas. El dinero que ganaban era repartido al 50% con el grupo criminal, y las mujeres permanecían en los pisos durante un tiempo determinado antes de ser movidas a otros lugares dentro del país.
Además de forzar a las mujeres a trabajar en la prostitución, la red criminal vendía a algunas de sus víctimas a otros tratantes, tanto antes como después de haber sido explotadas, por una suma de 1.000 euros. Esta práctica se ha identificado como una forma adicional de control y explotación por parte de la organización.
La operación policial concluyó con la detención de nueve personas acusadas de delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento a la inmigración ilegal. Durante la intervención, se realizaron siete registros en Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla, donde se incautaron ocho teléfonos móviles, 2.895 euros en efectivo y documentación relevante para la investigación.