Un alto cargo de la Guardia Civil es condenado a siete años de prisión y una multa de seis millones por traficar con drogas

1 de octubre de 2024
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Lancha rápida perseguida por la GC | Fuente: GC
Lancha rápida perseguida por la GC | Fuente: GC

El Supremo ratifica que su colaboración fue decisiva para la entrada de hachís en el mercado ilícito

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por un comandante jefe de la Guardia Civil en Granada, y lo ha condenado a siete años de prisión por su implicación en el tráfico de drogas. El oficial, que desempeñaba funciones de dirección en las operaciones antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, fue hallado culpable de colaborar en la introducción de grandes cantidades de hachís en el mercado ilícito, facilitando el desembarco de la droga en las playas de la costa granadina.

La sentencia, que fue emitida por la Audiencia Provincial de Granada, impuso al comandante cinco años de prisión por un delito contra la salud pública, además de una multa de seis millones de euros. A esto se sumaron dos años y tres meses de cárcel por un delito de cohecho, con una multa adicional de 120.000 euros, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante siete años. El Tribunal Supremo confirmó la resolución al considerar probadas las acusaciones de que el condenado colaboró activamente en las operaciones de tráfico de drogas.

Los hechos probados establecen que el comandante llegó a un acuerdo con otras dos personas para coordinar el desembarco de grandes cantidades de hachís, en concreto 2.000 kilogramos en una operación y casi 4.000 kilogramos en otra. Durante estos desembarcos, las autoridades no efectuaron detenciones, lo que permitió que la droga fuera introducida sin interferencias. A cambio de su colaboración, el comandante recibió un pago por parte de los implicados en el tráfico de drogas.

Su colaboración fue decisiva

El Tribunal Supremo señaló que el acuerdo del comandante con los traficantes, así como la cantidad de droga involucrada, justificaba la aplicación de una agravante por «extrema gravedad» del artículo 370.3 del Código Penal. La cantidad de hachís introducida en ambas operaciones fue calificada como extremadamente grave, lo que elevó la sanción correspondiente al delito.

El Supremo también destacó la clara relación entre el comandante y las personas implicadas en el tráfico de drogas, afirmando que su colaboración fue decisiva para la entrada del hachís en el mercado ilícito. Las declaraciones de los agentes que participaron en las investigaciones y los fardos incautados durante los operativos refuerzan la solidez de las pruebas.

Con esta resolución, el Tribunal Supremo ha reafirmado que las acciones del comandante representaron una violación grave de la confianza pública y de su responsabilidad como alto mando en la lucha contra el narcotráfico, dejando claro que la justicia no permitirá este tipo de actos dentro de las fuerzas de seguridad.

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