Yolanda Díaz solicitó el encuentro en julio, pero desde entonces el Gobierno ha tratado de lanzar un mensaje de unidad en una relación marcada por las desavenencias
Hace ya unos meses que la relación entre los dos principales partidos del Ejecutivo no vive su mejor momento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunieron el pasado lunes en un encuentro que no pasó inadvertido a los medios de comunicación por el halo de misterio que lo rodeaba. Ninguna de las dos partes aclaró cuál iba a ser la naturaleza de sus conversación o por qué derroteros iba a discurrir.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, expresó en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 1 de agosto que ambas formaciones gubernamentales se hallaban trabajando “mano a mano” ante “los grandes retos que el país tiene por delante”, como los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
La también ministra de Política Territorial añadió que se había tratado de una reunión “muy fructífera y positiva” que había servido para “fortalecer la coalición” de cara al curso político entrante y la inminencia de los comicios electorales de diciembre de 2023, aunque no se aportaron más detalles del contenido, ni tampoco imágenes a posteriori. Por ello, según apuntan fuentes próximas a Moncloa, dicha reunión será postergada a septiembre, después del parón estival y tendrá una mayor duración y trascendencia que la convocada este lunes.
Yolanda Díaz pidió sentarse con Sánchez a principios del mes de julio, con motivo del futuro gasto del 2% del PIB en Defensa que el Gobierno anunció en el marco de la cumbre de la OTAN. Entonces, la vicepresidenta segunda admitió que “la mirada hacia el conflicto en Ucrania es diferente en el seno del Gobierno y en el conjunto de la sociedad española” y que Podemos, al contrario que el Ejecutivo, optaba por “tomar medidas” para contener la inflación en lugar de destinar “22.000 millones de euros a estrategias defensivas”. La solución pasaba, a su juicio, por “convocar una reunión urgente de seguimiento de la coalición”.
En un Consejo de Ministros celebrado esa misma semana, Isabel Rodríguez restó importancia al alegato de Díaz, sosteniendo que se trataba de un encuentro “habitual”, que no tenía nada de urgente o extraordinario y que “cada vez que esa mesa se ha conformado, el Gobierno ha salido reforzado”.
El día siguiente, la ministra de Trabajo claudicó y accedió a pactar con Sánchez el gasto en Defensa en una negociación “interesante e intensa” que permitiría que “las gentes no sufran”. A pesar de ello, nunca se ha conocido si esta negociación ha sido rubricada por escrito o si ha llegado a producirse.
Poco después, el 8 de julio, Díaz lanzó la plataforma Sumar, un proyecto político con el que planea postularse como candidata a las próximas elecciones generales y que ya ha sido apoyado por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra a pesar de que el propósito inicial era desvincularse de la formación morada.
En una entrevista concedida a El País, la vicepresidenta aseguró que “el Gobierno no tiene alma” y lamentó el tono conservador que estaba adoptando el Consejo de Ministros durante sus últimas intervenciones. Una semana después, durante el debate sobre el estado de la nación, Sánchez anunció la creación de un impuesto a las bancas y grandes compañías, una iniciativa en la que Podemos llevaba insistiendo unos meses.
Parecía entonces que el pánico a la quiebra y al desmembramiento de la coalición caracterizaba los tiras y aflojas de los dos socios. Cuando uno daba un paso hacia adelante y amenazaba con romper los acuerdos alcanzados, el otro reculaba y volvía a tender la mano en un gesto conciliador.
La discrepancia más reciente tuvo lugar el pasado lunes, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, inauguró la Ley de Información Clasificada, que categorizaba los datos “de alto secreto” en cuatro niveles según su grado de confidencialidad. El último escalón corresponde a aquellos archivos que podrían permanecer en un cajón durante 50 años con posibilidad de prórroga si el Ejecutivo así lo considerase.
Yolanda Díaz se pronunció sobre la nueva norma, quejándose de que el plazo establecido era demasiado amplio. “No tiene una legislación comparada en la Unión Europea”, añadió. “España es una democracia madura que no tiene que tener miedo a conocer los hechos de su historia”.
A pesar de todas las tiranteces, el Gobierno aún reitera su mensaje de “unidad de la coalición” con el objetivo de mostrar una imagen de un bipartito cohesionado que pretende agotar la legislatura y “darle la vuelta a las encuestas” para cosechar el éxito en las elecciones generales de 2023.