Sánchez quiere revertir las encuestas con el debate sobre el estado de la nación

11 de julio de 2022
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El presidente del Gobierno comparece ante los medios, tras un Consejo de Ministros en junio | Fuente: Pool Moncloa (Fernando Calvo).

El presidente del Gobierno quiere realizar anuncios y se podrá ver en la sesión si se confirma el giro hacia a la izquierda que solicita Unidas Podemos, quien considera que el PSOE “ha desorientado” al electorado progresista con sus medidas en migración y Defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que últimamente ha atravesado un periodo en el que las encuestas no le sonríen y, en cambio, favorecen al Partido Popular, quiere revertir la tendencia que deslizan los sondeos mediante su intervención en el debate sobre el Estado de la Nación. Este se celebrará entre el martes y el jueves de esta semana, lo que ha obligado a adelantar a este lunes el Consejo de Ministros. En declaraciones al diario 20minutos, fuentes próximas a Moncloa recogidas por este medio aseguran que el presidente tiene la voluntad de realizar “anuncios” y, a lo mejor, consolidar un giro a la izquierda pedido el socio minoritario de la coalición: Unidas Podemos.

A pesar de que hay determinadas circunstancias que deberían haberse materializado en una percepción positiva del Gobierno, no ha sido así. El consenso que ha habido sobre el éxito de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, determinante para fijar la hoja de ruta para la próxima década en términos geoestratégicos; los buenos datos de empleo pese a la inflación que sigue al alza, así como el aumento de la fijeza en los contratos a raíz de la reforma laboral de Yolanda Díaz; o que el Ejecutivo no haya perdido ni una votación en lo que va de legislatura. Hay una sensación pesimista en torno al Gobierno, en especial en lo que respecta a Sanchez, que a excepción de la victoria en Cataluña del ex ministro de Sanidad , Salvador Illla, solo ha encadenado derrotas electorales en todas las arenas que se han disputado.

Así, la intención es reflotar el espíritu de victoria en el debate sobre el estado de la nación, que lleva sin tener lugar desde febrero de 2015, con Sánchez como líder de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy. Según esas mismas fuentes, el propio presidente considera dicha sesión como una oportunidad para generar un punto de inflexión en la legislatura dado que hará anuncios relevantes y se realizará un balance sobre la legislatura que ya se prolonga durante más de dos años y más. Una periodo agitado con todo tipo de crisis como la invasión rusa de Ucrania, la pandemia o el volcán de La Palma.

Unidas Podemos acusa al PSOE de haber “desorientado” al electorado progresista

Su intención es trasladar la fuerza del Gobierno y un ejemplo de ello, subraya su entorno, son las medidas impulsadas para frenar todas esas eventualidades, las cuales “han sido rápidas y eficaces” con el objeto de “proteger a los ciudadanos, a los trabajadores y a las clases medias”. Es por eso que focalizan el mensaje que quieren mandar a un electorado que todavía no ha decidido. El paso de dar un giro a la izquierda, en consonancia con lo que solicita Unidas Podemos, que acusa al socio mayoritario de haber “desorientado” al electorado progresista, o bien, de volver al centro. Ello se debe a las presiones internas de Unidas Podemos a raíz de los sucesos de Melilla, donde murieron al menos 23 migrantes, y del incremento del gasto en Defensa. “Sabemos para quién gobernamos y se verá en el debate”, señalan dichas fuentes.

La economía y “las cosas del comer” eran los ejes del debate que se planteaban, aunque los resultados de las elecciones andaluzas han arrojado la victoria del PP en ese sentido. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, está focalizando su estrategia en el ámbito económico para hacer oposición aprovechando la mala coyuntura económica, al contrario que su antecesor, Pablo Casado. Algo que parece estarle dando réditos demoscópicos, no obstante, las encuestas reflejan tendencias con mayor o menor margen de error. Andalucía ha sido la última plaza en la que tanto el PSOE como los espacios cercanos a Unidas Podemos han fracasado en favor del Partido Popular con la arrolladora victoria de Juanma Moreno Bonilla, quien ha atesorado una mayoría absoluta.

Sánchez quiere darle la batalla a Feijóo, que verá la sesión desde el palco del Congreso dado que es senador por designación autonómica. Eso permitirá al jefe del Gobierno acaparar los focos y evitar que el presidente del PP replique el proyecto y el balance que plantee Sánchez. En su lugar, la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, contestará al principal interviente. Con esta sesión, a tenor de esas fuentes, se pretende devolver a los españoles a la “normalidad y estabilidad” de la política nacional que el Gobierno ha conseguido, a su juicio. “Elecciones cada cuatro años, presupuestos anuales, debate del estado de la nación…”, exponen. También critican la “nula colaboración” del principal partido de la oposición “en ningún tema”, como por ejemplo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un asunto que podría tener relevancia en el debate parlamentario.

¿Cómo es el debate sobre el estado de la nación?

Es una sesión que se suele celebrar anualmente en el Congreso de los Diputados para tratar los principales temas políticos del año gestionados por el Gobierno. Es una suerte de rendición de cuentas que, habitualmente, suele ser instrumentalizado.

A pesar de no estar recogido por la Constitución, el debate se ha establecido como una práctica parlamentaria desde 1983, en la II Legislatura, celebrándose en 25 ocasiones hasta 2017 incluido. Sin embargo, no se ha llevado a cabo en diez ocasiones en las que no se celebró por coincidir con la convocatoria de elecciones generales.​ Hay que decir que durante los siete años que no ha se ha celebrado ha coincidido con varias investiduras, que también tienen un carácter similar en lo que respecta al fondo de la cuestión

Los asuntos debatidos más reseñables son economía, empleo, pensiones, prestaciones sociales, lucha contra el terrorismo, control de la inmigración ilegal, financiación autonómica, la convergencia con la Unión Europea y la política exterior, entre otros.

No existe ninguna regulación específica, ni constitucional ni reglamentaria. Por ese motivo, el pleno se desarrolla según lo previsto para las comunicaciones del Gobierno en el artículo 196 del Reglamento del Congreso:

1. Cuando el Gobierno remita al Congreso una comunicación para su debate, que podrá ser ante el Pleno o en Comisión, aquél se iniciará con la intervención de un miembro del Gobierno, tras la cual podrá hacer uso de la palabra, por tiempo máximo de quince minutos, un representante de cada Grupo Parlamentario.
2. Los miembros del Gobierno podrán contestar a las cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o agrupadas por razón de la materia. Todos los intervinientes podrán replicar durante un plazo máximo de diez minutos cada uno.

La sesión comineza con un discurso del presidente del Ejecutivo que no cuenta con límite de tiempo. Después, la sesión se suspende por más de 2 horas y menos de 24 horas, reanudándose con las intervencios de los portavoces de los grupos parlamentarios, que tienen 30 minutos cada uno.

Los grupos parlamentarios intervienen de mayor a menor representación en la Cámara, salvo el grupo parlamentario al que pertenezca el presidente del Gobierno (en el caso de que fuere diputado), que interviene el último. El presidente del Gobierno puede intervenir en cualquier momento del debate, sin límite de tiempo

En el caso de que un grupo parlamentario sea interpelado por el presidente del Gobierno, dicho grupo tendrá derecho a un segundo turno de réplica de diez minutos. Si obtuviera de nuevo una contrarréplica del Gobierno, el presidente de la Cámara podrá, si lo estima oportuno, autorizaría una tercera y última intervención de el grupo parlamentario en cuestión por espacio de tres minutos.​

Una vez concluida la sesión, se presentan las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios. Estas serán debatidas y votadas en una sesión parlamentaria posterior. A partir del año 2005, a propuesta del Gobierno, se optó por separar el debate en sí de la defensa y votación de las propuestas de resolución.

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