La nueva Ley de Secretos Oficiales permitirá la clasificación de información durante 50 años prorrogables

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Félix Bolaños
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños | Fuente: Flickr.

La norma se renovará por primera vez desde su entrada en vigor en 1968, durante los últimos coletazos de la dictadura franquista

El Consejo de Ministros aprobará este lunes el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, popularmente conocida como «de secretos oficiales», que se modificará desde su entrada en vigor por primera vez en 1968, durante el franquismo. Se realizó una reforma parcial en la Transición, en el año 1978, pero esta iniciativa tratará de acometer una reforma conforme a los estándares europeos.

La puesta en marcha de la nueva norma afectaría a aquellas informaciones hasta ahora consideradas de «alto secreto», cuya divulgación y publicidad correspondía tan solo a los autoridades. Las líneas maestras del anteproyecto establecen cuatro niveles de confidencialidad, a saber: alto secreto, secreto, confidencial y restringido.

Si bien aún no se han especificado los pormenores que caracterizarán a cada uno de ellos, fuentes próximas a Moncloa han avanzado que los plazos de desclasificación podrán oscilar entre cuatro y 50 años en función de la categoría, con visos de prorrogarse más allá si así lo considera el Ejecutivo. Este mismo esquema es el que actualmente siguen organismos como la OTAN o el Gobierno de Estados Unidos.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) es, a fecha de hoy, el primer y único partido que presentó una enmienda a la ley. Lo hizo en el año 2016, pero desde la dirección de la formación vasca aseguran que «el Gobierno guardó la propuesta en un cajón hasta abril de 2018», cuando empezó a estudiarla. El PNV solicitaba una reforma del texto original de 1968, que reza: «Podrán ser declaradas ‘materias clasificadas’ los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado».

Asimismo, junto con la reformulación del enunciado se pedía también que el Consejo de Ministros -única autoridad competente en la clasificación de información- marcara un plazo de vigencia de 25 años para materias clasificadas secretas y diez para las reservadas.

La responsabilidad de que se cumplan las directrices de la ley será transferida del Ministerio de Defensa al Ministerio de la Presidencia, Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños. La decisión ha siso aceptada por la propia Margarita de Robles, a pesar de que su puesta en marcha restaría competencias a su cartera ministerial.

El rechazo de Unidas Podemos

Desde el Gobierno, han justificado esta cesión alegando que el de Bolaños es un ministerio «transversal» encargado de la «coordinación interministerial».

El socio minoritario del Gobierno discrepa de la aprobación de la nueva iniciativa. La formación morada argumenta que «España es una democracia madura que no tiene que tener miedo a conocer los hechos de su historia».

Desde el partido, sostienen que el período establecido de 50 años es un intervalo demasiado amplio para la clasificación de información que, además, «no tiene una legislación comparada en el marco de la Unión Europea».

El PP afirma «no tener noticias» de Sánchez

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha comparecido este lunes desde Génova para lamentar la decisión del Ejecutivo de dejar al margen al principal partido de la oposición en la aprobación de la ley.

«Es un asunto que afecta directamente a la seguridad del Estado. Parece que ya conocían {los dirigentes de Bildu} el contenido de la propuesta. Nosotros no. Es una norma de muchísimo calado que se debe consensuar entre los dos principales partidos de este país», ha sentenciado.

Bravo ha concluido su intervención haciendo alusión a la negativa «reiterada» del Gobierno de negociar con los populares, como ya quedó reflejado en la tramitación de la Ley de Memoria Democrática o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las reservas de Bildu

El diputado de EH Bildu, Jon Inarritu, ha hecho referencia a la dictadura franquista para expresa sus reticencias hacia la nueva normativa. «Una ley que se quiere aprobar para derogar una norma franquista de 1968, pero que al mismo tiempo prevea dejar sin desclasificar asuntos que pueden ir hasta 1962 (50 + 10 años en caso de prórroga), francamente no parece un gran avance, ¿verdad?», ha publicado en su cuenta de Twitter.

Asimismo, desde la cúpula de la formación vasca han denunciado que la iniciativa «no toque los elementos de la ley franquista» de 1968 rubricada por Luis Carrero Blanco «que mantendrá en secreto todo aquello que atacó los derechos y libertades de miles de vascos y vascas». Sostienen que su entrada en vigor empañaría «la reparación que todas víctimas merecen».

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