Hoy: 23 de noviembre de 2024
Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad y número dos del ministerio de Interior cuando estaba encabezado por el popular Jorge Fernández Díaz, desvela algo que ha pasado desapercibido de la carta que este último envió el pasado 17 noviembre al actual presidente de Andorra, Xavier Espot. Y es el complot del propio Gobierno del Principado para intervenir a la Banca Privada d’Andorra (BPA) con información falsa (o, al menos, “errónea, siendo indulgentes”, como lo califica Martínez en su carta). Este miércoles FUENTES INFORMADAS vuelve a reproducir tres audios del comisario Villarejo (ver en la parte superior de la información) que apuntan que sí hubo unas acciones encaminadas a acabar con la BPA por parte de la mal llamada policía patriótica.
Esta misiva, a la que accedió La Vanguardia la semana pasada, también la envió Martínez al juzgado de Andorra que investiga al expresidente de España Mariano Rajoy, a varios de sus ministros y al propio Martínez por coacciones a la BPA y a la soberanía del principado a través de la llamada policía patriótica. En la carta, Martínez se defiende de las imputaciones que hay sobre él y niega que el Gobierno de España urdiese un plan junto a Andorra para acabar con la BPA.
La “errónea” información, como la describe Martínez, fue facilitada por España y Andorra al FinCen norteamericano -el organismo anticrimen bancario- y este hizo una nota fechada el 10 de marzo de 2015 de la que se valió el Gobierno andorrano para decomisar la BPA. La consecuencia de esta falsa información es que el Gobierno del Principado de Andorra se quedó con la gestión de la BPA y logró que una entidad que entonces pasaba por ser la segunda más rentable de Europa esté sumida hoy en el cieno y afronte un agujero de más 500 millones de euros. Es decir, está en quiebra desde que Andorra asumió su gestión por la fuerza con una información que distintos tribunales españoles han archivado al entender que la BPA no cometió ninguno de los ilícitos que se le atribuyeron.
Según la carta de Martínez a Espot, quien ni siquiera le ha respondido, pese a que en aquellas fechas ambos se conocían y tenían máximas responsabilidades en su respectivos ministerios, la información “errónea” de la BPA partió y fue suministrada a España por la Inteligencia de Andorra en el marco de la colaboración bilateral entre ambos países. Y estos la elevaron luego al FinCen, que hizo una nota, basada en esa falsa información, poniendo de manifiesto la existencia de blanqueo de capitales en la banca de Andorra. La información era errónea, “siendo indulgentes”, como dice Martínez, porque los distintos tribunales españoles que han investigado las denuncias de Anticorrupción sobre supuesto blanqueo de capitales no solo han exculpado a la BPA de tales prácticas, sino que incluso han criticado la labor que hizo la Fiscalía en este asunto.
Martínez reconoce en su carta que existía un alto nivel de cooperación e intercambio de información entre la UIFAND, la inteligencia económica y financiera andorrana, y el Servicio de Prevención de Capitales, su equivalente en España, el llamado SEPBLAC. Pero insiste en que en este caso fue Andorra la que proporcionó casi toda la información errática a España que luego acabó en el FinCen.
“La secuencia, por tanto, no es que España facilite información financiera al FinCen con aviesas intenciones”, argumenta Martínez, “sino, muy al contrario, que la UIFAND y el SEPBLAC comparten [información] de inteligencia que, en el marco de la cooperación imprescindible en esta materia, la ponen a disposición del FinCen, que fue el que emitió la nota de 10 de marzo de 2015 desencadenante de la intervención de la BPA y del Banco de Madrid”.
Dicho con mayor claridad”, enfatiza el entonces secretario de Estado del Ministerio del Interior español, “el origen de la inteligencia [investigación] que subyace en la nota del FinCen, no son fuentes propias ni tampoco españolas, sino información facilitada directamente desde el Principado de Andorra”. Es decir, que si hubo un compló contra la BPA, este partió de Andorra, pues la información era de su servicio de inteligencia, que depende del Gobierno de ese país.
Martínez niega muchas cosas en su carta; por ejemplo, que desde el Gobierno de España se hubiese tejido un plan mafioso, la llamada Operación Cataluña, conjunto con Andorra, para intervenir la BPA y su filial española Banco de Madrid en venganza porque la BPA había rehusado entregar a la llamada policía patriótica española las cuentas de varios líderes independentistas. Pero sí asevera -él era entonces el jefe político de la Policía y de la Guardia Civil- un dato relevante: los hechos del mes de marzo del 2015 que desembocaron en la intervención de BPA no responden a una trama criminal española, sino a una “convergencia de intereses” entre España y Andorra.
La cuestión es que esa información errónea recabada en Andorra generó graves perjuicios a los accionistas de la BPA y a la propia entidad, que hoy está en quiebra técnica tras la gestión del Gobierno de Andorra, el ideólogo de la fatal operación.
La carta enviada por Martínez al ahora presidente de Andorra no ha obtenido respuesta por parte de Espot. La carta también fue enviada al juzgado que investiga a Rajoy y a él mismo en Andorra, pero este sí la ha incorporado recientemente al sumario judicial. Este juzgado investiga una querella de los accionistas del banco. Los audios que publicó en exclusiva FUENTES INFORMADAS fueron determinantes para que la juez, que tenía aparcadas las querellas de los accionistas desde hace casi cuatro años, imputara a Rajoy, a dos de sus ministros, a varios miembros de la cúpula policial española y al propio Martínez.
El objetivo de la investigación judicial contra Rajoy es investigar a fondo las supuestas coacciones, entre otros delitos, de que fueron objeto los dueños del banco por parte de la policía patriótica para que les facilitasen unas cuentas, las de los líderes del procés, que en realidad no estaban en este banco, sino en la banca rival, Andbank.
Si, a juzgar por la carta de Martínez, fue la errática información de Andorra la que desencadenó la intervención de la BPA, ¿qué interés tenía el Gobierno andorrano en no perjudicar al AndBank y sí quitar de en medio a la BPA con información errónea? Fuentes jurídicas señalan las conexiones de AndBank con políticos relevantes del principado. Algunos de los artífices de este desaguisado han sido directivos o empleados de AndBank. Mientras que los dueños de la BPA, andorranos de nacimiento, son hijos de emigrantes españoles.
La decisión de Martínez de escribir una carta al juzgado y al presidente Espot, que este no le ha contestado, es porque ambos -lo explica Martínez en la carta- coincidieron cuando éste último fue ministro de Justicia e Interior, en 2015, fecha en la que se produjo la intervención de la BPA. Espot es hoy presidente del Gobierno.
En la misiva, el ex número dos de Interior niega que la acción financiera contra BPA tenga relación con la llamada ‘Operación Cataluña’. De hecho, asegura que dicha operación no existe y la califica de “relato mítico” alimentado por intereses que no provienen solo del entorno independentista. Sin embargo, tres de los audios del comisario Villarejo que este miércoles vuelve a reproducir FUENTES INFORMADAS revelan que sí hubo una serie de acciones llevadas a cabo por la policía patriótica para acabar con la BPA. Según se desprende de los audios, el Gobierno español, a través de sus más altos agentes policiales de inteligencia, se vengaron supuestamente de la BPA porque esta entidad se negó a facilitarles las cuentas de líderes independentistas.
Martínez encuentra “ridículo” que se hiciera toda esta maquinación para obtener datos bancarios de políticos independentistas catalanes y reitera que la información que se utilizó para la nota del FinCen proviene de investigaciones de la inteligencia de Andorra.
Los audios de la ‘Operación Cataluña’ en Andorra que niega Martínez hace referencia a una trama que supuestamente habría tejido entre 2012 y 2016 el Gobierno español. Con independencia de que la información fuera falsa y procediera de Andorra, lo que sí ha trascendido es que miembros de la policía patriótica inundaron de mentiras al Ejecutivo de Estados Unidos, por medio del FBI, arguyendo que en Andorra, en general, se blanqueaba dinero de ciudadanos venezolanos y rusos.
Algo que posteriormente se reveló mendaz, pero que tenía la intención de que el FinCEN emitiese la citada nota dando la voz de alarma para la intervención de la BPA. De hecho, tal y como se hacía eco este medio, hace unos meses un guardia civil se atribuyó la intervención del FinCEN contra la entidad bancaria andorrana. Por Martínez ahora se sabe que esa información errónea la facilitó Andorra, a cuyo Gobierno le faltó tiempo para intervenir la BPA.
Por estas manipulaciones hacia la BPA la juez de Andorra Stèphanie Garcia reactivó una querella de accionistas de la BPA por seis delitos y decidió imputar a Rajoy y a Jorge Fernández Díaz. Aparte de los citados dirigentes, también figuran como investigados el propio Francisco Martínez e Ignacio Cosidó, el antiguo director general de la Policía.
Cosidó prohibió en 2014 al comisario José Manuel Villarejo investigar las cuentas que varios miles de personas, entre ellos, unos 3.000 catalanes, tenían en el AndBank de Andorra puesto que había sospechas de que en una esas cuentas figurase una «del emérito» (don Juan Carlos I), conforme explica Villarejo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en otro audio divulgado en exclusiva por FUENTES INFORMADAS.
La querella contiene acusaciones de delitos de amenazas, extorsión, chantaje, coacciones y falsedad documental. Las presiones maquinadas contra la BPA desencadenaron su intervención y, tras siete años de gestión pública, su ruina. Los principales accionistas exigen ahora a los Gobiernos de España y Andorra un total de 642 millones de euros en concepto de indemnización. Arriba de esta informació, se exhiben los audios que revelan la implicación de Interior y de la policía patriótica en la Operación Cataluña y contra la BPA.
Dugs money, is ariba in Andorra…..