La BPA intervenida por el Gobierno de Andorra tras la ‘Operación Cataluña’ arrastra 500 millones de pérdidas

La gestión de la entidad pública por parte de la AREB ha conducido a la BPA a tener ahora un patrimonio neto negativo de 190 millones de euros

La gestión ahora pública de la Banca Privada de Andorra (BPA), mayoritariamente llevada a cabo por l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), habría generado pérdidas de en torno a 500 millones de euros tras ser intervenida hace siete años por un falso blanqueo de capitales en el marco de la parte andorrana de la ‘Operación Cataluña’.

En ese momento, la BPA era una de las entidades más solvente de Europa. Con datos de 2020, según publica el diario andorrano Altaveu, la entidad bancaria nacionalizada y ya en fase de resolución, tendría un patrimonio neto negativo de 190 millones de euros, lo que haría imposible hacer frente a los pasivos exigibles.

Según el citado diario Altaveu, dichas estadísticas se extraen de la interpretación de los balances y cuentas de resultados que incorporan las declaraciones del impuesto sobre sociedades que la BPA, a través de la AREB, ha efectuado en el periodo que comprende los ejercicios de 2016 a 2020. Dichos balances se han filtrado extraoficialmente. Tales datos han sido negados en varias ocasiones tanto al Tribunal de Cuentas del Principado como a los grupos del Consejo General, que reiteradamente los han estado solicitando.

La BPA: la gran perjudicada de una trama presuntamente financiada por el emérito, según Villarejo

Hay que recordar que la BPA es uno de los actores más damnificados del fragmento de Andorra correspondiente a la llamada ‘Operación Cataluña’, una acción de la policía patriótica española basada en bulos y mentiras que, a juzgar por los audios del comisario Villarejo, fue impulsada por el Gobierno de España para frenar el proceso independentista catalán mediante coacciones a la Banca Privada de Andorra (BPA) con el fin de que le facilitase las cuentas que tenían allí los líderes del procés. Sin embargo, esas cuentas estaban en realidad en la entidad rival de la BPA y en Suiza. 

FUENTES INFORMADAS ha reproducido en las últimas semanas audios de altas instancias policiales españolas que acreditan los tejemanejes de la policía patriótica para hacer caer a la BPA con el argumento de que sus dueños, los hermanos Cierco, se negaban a dar las cuentas de los líderes secesionistas.

En unos de esos audios, el comisario Villarejo, en un almuerzo con la presentadora Ana Rosa Quintana, subraya que don Juan Carlos pagó de su dinero “casi todas las informaciones” de la trama policial habilitada por el Gobierno de Mariano Rajoy para combatir a los independentistas. La trama incluyó inundar de mentiras al Gobierno de EE UU, a través del FBI, diciéndole que en la BPA se blanqueaba dinero de venezolanos y rusos, lo que luego se ha acreditado falso, para que el llamado FinCen (el organismo estatal antidelitos bancarios estadounidense) emitiese una nota dando la voz de alarma.

De lo que se aprovechó el Gobierno de Andorra para intervenir la BPA, una entidad que de ser una de las más rentables de Europa, ahora, tras siete años de gestión del Gobierno andorrano, arrastra pérdidas de 500 millones. A su vez, el Gobierno de Rajoy intervino el Banco de Madrid, filial de la BPA, cumpliendo así la amenaza (escuchar los audios publicados en exclusiva por FUENTES INFORMADAS) de la policía patriótica de que la BPA y el Banco de Madrid tendrían serios problemas de intervención si no les daban las cuentas de los secesionistas catalanes, que en realidad no estaban en esta entidad sino en la rival, ANDBANK. Pero esta última entidad, sin embargo, eludió la intervención gracias a las conexiones de algunos directivos con el Gobierno del Principado.

Por las coacciones a la BPA desveladas por este periódico, una juez de Andorra ha reactivado una querella de accionistas de la BPA por seis delitos y ha decidido imputar al expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy y a su exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. La querella contiene acusaciones de delitos de amenazas, extorsión, chantaje, coacciones y falsedad documental. Las presiones urdidas contra la BPA desencadenaron su intervención y, tras siete años de gestión pública, su ruina. Los principales accionistas exigen ahora a los Gobiernos de España y Andorra un total de 642 millones de indemnización.

Los principales perjudicados, los clientes no migrados

Durante años, en el marco del debate del informe del mencionado organismo de fiscalización andorrano, los grupos políticos con representación parlamentaria en el Principado han exigido al AREB que presentara las cuentas de la BPA. Más recientemente, solo las dos formaciones políticas de la oposición (el Partido Socialdemócrata de Andorra y Terceravia) han sido las únicas que siguen reclamando las cuentas, que cobran especial importancia dado que las cifras reflejan alarmantes pérdidas debido a la dudosa gestión pública del otrora solvente banco europeo.

Los 500 millones de pérdidas se deducirían en gran parte de la amortización o liquidación, tras la intervención, de los fondos propios de los accionistas principales y de las acciones preferentes. En cifras redondas, vendrían a ser 250 millones por un lado, más 50 por el otro. A estos montantes habría que añadir las pérdidas acumuladas en relación con los resultados obtenidos de los ejercicios que van de 2016 al 2020. Los balances han aparecido ahora de manera sorprendente y por una vía totalmente anómala. Solo en 2020 hubo números positivos, según el citado diario de Andorra.

Ante este escenario, el AREB ha permitido periódicamente que varios clientes puedan migrar o salir del perímetro de la liquidación. En cambio, y bajo ninguna resolución judicial, retienen a otros muchos clientes sin permitirles que sus depósitos puedan ser trasladados a otras entidades. Serán estos clientes, a los que no se ha querido dar ningún tipo de información oficial de los balances de la entidad, quienes sufran el mayor perjuicio. Dichos clientes no migrados constituyen esencialmente el pasivo del banco.

El neto patrimonial negativo implica que con los activos realizables no se puede hacer frente a los pasivos exigibles. Y esto comportará quites a los clientes finales no migrados o bien una responsabilidad patrimonial del Estado para evitar innumerables reclamaciones en ese sentido.