Sánchez regulariza a 500.000 migrantes ilegales en busca de votantes, y para que no se hable de dimisiones tras las 45 muertes de Adamuz

El presidente, enfangado hasta las cejas en corrupción familiar, y su amigo Puente, responsable del mal estado de la vía, se alían para no dimitir. No se conoce en Europa un presidente «más sinvergüenza»

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció ayer que el Consejo de Ministro aprobará este martes un decreto (habitualmente utiliza esta figura, de forma viciada, porque no tiene votos suficientes en el Congreso; nunca ganó las elecciones) tendente a regularizar de forma extraordinaria a medio millón de extranjeros ilegales que se hallan en España. En este momento hay en España casi 900.00 migrantes ilegales.

Lo ha pactado con sus socios ultraizquierdistas de Podemos, el partido de ex coletas Pablo Iglesias.

Sánchez hace esto justamente ahora con una doble y maquiavélica finalidad, que se deje de hablar de la dimisión de su amigo, el ministro Óscar Puente, por las 45 muertes de Ademuz (Córdoba), y porque confía en captar votantes de este sector de la sociedad.

Feijóo: «Sánchez quiere desviar la atención»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, indicó ayer que la regularización masiva es una táctica de Pedro Sánchez para «desviar la atención». El líder popular ha criticado que tras la tragedia de Adamuz, en la que murieron 45 personas, y el accidente de Rodalies de Gélida, que dejó otra víctima mortal, la primera decisión de Sánchez haya sido «una regularización masiva».

Lo único que le preocupa es seguir en el poder a costa de lo que sea, consciente de que los sondeos sitúan al PSOE en caída libre.

Y también maquina para que no se hable del terrible accidente de Adamuz, en el que ni él ni Puente han asumido responsabilidad alguna, pese al déficit de mantenimiento (un 30% menos que en 2019) y a haber hecho oídos sordos a las reclamaciones de los maquinistas sobre los fuertes traqueteos en la zona en que se produjo el fatal siniestro.

Es tal la enfermiza obsesión de Sánchez de mantenerse en el poder que lo ve todo en clave política, en clave electoral. Las víctimas le dan igual, a juzgar por la ausencia de responsabilidades asumidas. «No hay noticias en Europa de un presidente más sinvergüenza «, aseguran fuentes de la oposición.

Al igual que hizo con el fiscal general del Estado García Ortiz, al que mantuvo en el cargo pese a estar procesado (y luego condenado por el Supremo), está haciendo ahora con Puente.

Durante un reciente mitin electoral, apoyó explícitamente la continuidad de Puente con el argumento de que «ha dado la cara» sobre el accidente.

«Esto no es un tema de dar la cara, y menos aun para mentir y ocultar; es un tema de asunción de responsabilidades, de dimisiones inmediatas por las muertes habidas, pero Sánchez es el peor presidente, si se le puede llamar presidente, que ha habido nunca en este país. Únicamente le preocupa su ombligo y seguir en el poder para, con sus resortes, tratar de evitar la cárcel por los chanchullos propios y de su mujer», añaden los citados medios.

La dación de cara del ministro ha estado rodeada de mentiras para tapar la negligencia de la rotura de la vía férrea de alta velocidad y no haberla arreglado a pesar de las reiteradas quejas de los maquinistas, que han anunciado tres días de huelga en febrero.

Se aplaza el funeral de Estado laico: los familiares no quieren ni verle

Tras el accidente, el presidente habló de realizar un funeral de estado laico para las víctimas en Huelva, de donde eran gran parte de los fallecidos de los trenes siniestrados.

Pero el Gobierno lo ha aplazado porque le ha llegado que los familiares rechazan un funeral laico y, además, no quieren ni ver o estar cerca de Sánchez ni de Puente, a los que culpan de las circunstancias que han producido el descarrilamiento de la vía en Adamuz, pese a las advertencias de los maquinistas sobre el mal estado de la vía.

Para tapar las 45 muertes, al menos que no se hable de ello, ahora ha decidido, por decreto, no tiene capacidad parlamentaria para gobernar, nunca ganó las elecciones, su Gobierno anunció ayer que este martes iniciará los trámites para regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales.

Le da miedo salir a la calle porque le abuchean, allí donde va. Nunca había sucedido esto con ningún otro presidente español, salvo algún caso puntual Pero es consciente de que hay una masa enorme de la población que lo detesta.

Con el accidente de Adamuz, que ha dado la vuelta al mundo, ha echado por tierra el prestigio de la red española de alta velocidad, que era una de las punteras del mundo.

Con esta masiva regularización, su objetivo real es, también, captar eventuales votantes.

Como no tiene suficientes votos, acude al decretazo para forzar que le aprueben de una tacada un conjunto de normas mezcladas con subidas a los pensionistas y otras leyes que la oposición se niega. Su intención es poder culpar a la oposición de que si rechazar el decretazo están diciendo que no a las subidas de pensiones, pero oculta que en ese decretazo figuran otras medidas inasumibles por la oposición.

Es un trilero sin escrúpulos.

El decretazo sobre migración beneficiará a todas aquellas personas que puedan acreditar su residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Para acceder a la regularización, los extranjeros deberán carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido al menos cinco meses en España en el momento de la solicitud, un requisito que podrá acreditarse con documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler o billetes de transporte.

La solicitud podrá presentarse hasta el 30 de junio y, según la formación, 

«Este pacto se articulará a través de un real decreto que aprobará el Ejecutivo y que no requiere ser convalidado por el Congreso», añaden fuentes de Podemos, impulsores de esta medida.

«España refuerza así un modelo de política migratoria basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social», resumen fuentes del ministerio de Igualdad, que dirige la podemita Elma Saiz.

Con el decretazo, «quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso», dicen fuentes de Podemos.

Cuando se admita a trámite la petición de regularización de los migrates afectados, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos como la asistencia sanitaria.

Si la resolución resultase favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término del cual podría solicitarse una autorización ordinaria de residencia.

El acuerdo del Gobierno y Podemos llega un año después de la primera toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que obtuvo 310 votos a favor y 33 en contra (del grupo parlamentario Vox). Sin embargo, a pesar de contar con esa mayoría, la iniciativa se encontraba bloqueada en el Congreso.

Ahora saca el citado decreto como cortina de humo y con la finalidad de buscar eventuales votantes. Lo demás, le da igual.