Cosidó prohibió investigar cuentas de 3.000 catalanes en el AndBank para ocultar “las del emérito”

El exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, prohibió en 2014 al comisario José Manuel Villarejo investigar las cuentas que varios miles de personas, entre ellos, unos 3.000 catalanes, tenían en el AndBank de Andorra porque había sospechas de que entre ellas figuraba una “del emérito”, según explica Villarejo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el audio que FUENTES INFORMADAS reproduce en la parte superior de esta información (minuto 12:23).

Tal y como avanzó este medio el pasado jueves, desvelando la conversación íntegra entre ambos, Villarejo explica a Cospedal que la decisión de Cosidó fue muy dañina. Con ese veto evitó descabezar el movimiento secesionista catalán, según el comisario, ya que gran parte de esas cuentas del AndBank pertenecían a activistas del movimiento independentista. “Eso [de Andbank] no se toca que puede afectar a…”, asegura Villarejo que dictaminó Cosidó. Sin embargó, el Ministerio del Interior español sí permitió investigar al banco andorrano rival del Andbank, la Banca Privada de Andorra (BPA), pese a que en esta entidad no existían tales cuentas.

Villarejo lo cuenta así en el audio a María Dolores de Cospedal: “Perdona, en el 2014, si tu vieras el daño que ha hecho [Ignacio] Cosidó. En 2014, tenía dos informaciones de la hostia: una, el AndBank, donde había 1.000 cuentas españolas, de las cuales 3.000 eran catalanes. Un tipo con un CD nos daba… En un momento determinado, con una de las cuentas del emérito. El Cosidó dijo: ‘Esto no se puede tocar, que puede afectar a…’ Aquello era desmontar todo el tema independentista. Nuestro amigo era Javier [un abogado], que eso conseguí que fuera defendiendo a los otros hermanitos, que no les conozco ni quiero verlos nunca”.

Los “hermanitos” a los que alude Villarejo son los hermanos Cierco, máximos accionistas de la BPA y del Banco de Madrid. La BPA no sólo fue investigada, sino que, además, la llamada policía patriótica, a instancias del Interior, urdió contra esta entidad un sinfín de mentiras y bulos que trasladaron al FinCen de EE UU -organismo antiblanqueo de capitales- que acabaron con la intervención del banco por parte de los Gobiernos de Andorra (la BPA) y el de España (Banco de Madrid).

Y todo porque, descartada la investigación del AndBank porque estaba allí el emérito, se dio luz verde a la policía patriótica para extorsionar a la BPA con la finalidad de que esta entidad les facilitase las cuentas de los Pujol y del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en la creencia de que estos tenían sus cuentas, no en el Andbank, sino en la BPA. Y no era así. Desde la entidad se informó así a la brigada patriótica, pero los agentes españoles no creyeron a los directivos de la BPA e idearon una cacería de gravísimas mentiras contra el banco que concluyó con su caída y posterior intervención.

La policía patriótica cumplió, pues, su amenaza de que, o la BPA le daba las cuentas, o convencerían al FinCen de EE UU de que esta entidad eran un foco de blanqueo de capitales de venezolanos y rusos, y que ello acabaría, como sucedió, con la intervención del banco. Un auténtico disparate, ya que la BPA pasaba en ese momento por ser una de las entidades más solventes de Europa y lo del blanqueo de capitales era falso.

Graves consecuencias

Ello ha tenido como resultado que, en la actualidad, siete años después de que se hiciera cargo de ella el Gobierno de Andorra, la BPA arrastra unas pérdidas de 500 millones de euros. O sea, la gestión del Gobierno andorrano ha llevado a la entidad a la ruina. Tras enterarse una juez de Andorra por este periódico de las fechorías cometidas contra la BPA ha reactivado una querella de los accionistas de la BPA y ha decidido imputar al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y al ex ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, entre otras personas. Y también al ex ministro de Economía Cristóbal Montoro, el que permitió la intervención del Banco de Madrid.

Los damnificados de este disparate policial piden ahora judicialmente a los Gobiernos de España y Andorra una indemnización total de 642 millones de euros por los enormes daños y perjuicios causados. Lo llamativo de este asunto es que se permitió a la policía coaccionar sin límites a la BPA, en la que no existían las cuentas de los secesionistas, y, en cambio, Cosidó ordenó que se dejase en paz al AndBank, donde según desvela Villarejo en este audio, sí existían unas 3.000 cuentas de activistas catalanes, a los que salvó la sospecha de que entre esas cuentas estuviera una de don Juan Carlos.

A eso se unió también el hecho de que el Gobierno andorrano, que se vio obligado a ofrecer a EE UU una cabeza de turco, optó por dejar caer a la BPA y mantener a toda costa al AndBank, dadas las conexiones de algunos dirigentes del Principado con esta última entidad. “Ofrecemos a los americanos la cabeza de la BPA y así dejan tranquilo al AndBank. De hecho, el FinCen, habló de corrupción bancaria en Andorra, sin ceñirse a ningún banco en concreto”, aseguran fuentes policiales españolas.