‘Operación Cataluña’: un guardia civil se atribuye la intervención del FinCEN estadounidense contra la BPA

El guardia civil Basilio Sánchez Portillo se ha atribuido la responsabilidad directa de haber inducido al FinCEN, organismo adscrito al departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a actuar contra la Banca Privada d’Andorra (BPA). Así figura en la declaración que hizo este agente, el 8 de marzo del 2016, ante el Juzgado de instrucción nº 23 de Madrid, a la que ha accedido el diario digital andorrano La Valira. FUENTES INFORMADAS se ha hecho eco de dicha información, un medio que ha publicado exclusivas sobre las maniobras realizadas contra la BPA en el marco de la ‘Operación Cataluña’.

Esta declaración se produjo en el contexto de la querella criminal que le interpuso un exdirectivo de BPA, a partir de la aparición del agente Basilio Sánchez Portillo en un reportaje emitido por la cadena Telecinco sobre la intervención de este banco andorrano, al cual acusaba de ser una “lavadora industrial” de dinero de las mafias internacionales. A pesar de que en este reportaje la imagen del guardia civil apareció difuminada para no revelar su identidad, en la declaración al juzgado reconoció que, en realidad, era él y que dijo estas palabras en Telecinco porque contaba con la autorización de sus superiores jerárquicos y que, además, lo comunicó al fiscal anticorrupción José Grinda.

La supuesta mano derecha del ministro Marlaska

La confesión del guardia civil resulta reveladora ya que esclarece cómo la BPA entró en el radar del FinCEN y provocó la apertura de un expediente que culminaría, el 10 de marzo del 2015, con la publicación de la notice (el aviso o la nota, en inglés) que precipitaría su confiscación y la de su filial española, Banco Madrid. Tras estos acontecimientos, la trayectoria profesional de este guardia civil se ha catapultado. Desde 2018, se ha convertido en un colaborador estrecho del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska: en su mano derecha.

El interrogante que suscita dudas es por qué Sánchez Portillo contactó con el FinCEN y lo alertó sobre la BPA. Según explica, él fue el encargado de las investigaciones de la llamada ‘Operación Clotilde’, que se saldó en 2013 con la detención del empresario ruso Andrei Petrov, residente en Lloret de Mar (Girona), acusado de formar parte de una organización criminal. En estas pesquisas, encabezadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, participó un equipo de “45 o 50 guardias civiles”, conforme detalló el guardia civil.

El empresario ruso Viktor Kanaikyn

Asimismo, la ‘Operación Clotilde’ tuvo como consecuencia la detención e imputación de Xavier Crespo, exalcalde de ese municipio, de Lloret de Mar, y del edil responsable de Urbanismo, Josep Valls. Ambos estaban acusados de aceptar regalos y dinero del empresario Andrei Petrov, a cambio de favorecer sus proyectos inmobiliarios en esta localidad de la Costa Brava. Un modus operandi corrupto en toda regla.

Petrov era la persona de confianza en España del magnate Viktor Kanaikyn, un ex general del ejército ruso que ha atesorado una gran fortuna con las tareas de mantenimiento de los gasoductos de la multinacional gasista Gazprom. Una parte de sus beneficios los destinó a operaciones inmobiliarias y decidió operar a través de Andorra. En ese entonces, el principado tenía la calificación de paraíso fiscal, donde Kanaikyn abrió cuentas en la BPA y en la entidad rival, Andbank.

En primera instancia, el juez Eloy Velasco y del guardia civil Basilio Sánchez Portillo consideraron a Viktor Kanaikyn como un “capo” de la mafia rusa y a Andrei Petrov como uno de sus “sicarios”, lo que a la postre fue un error. Posteriormente se pudo constatar que este magnate, que además fue miembro de la Duma rusa (el parlamento), no tenía antecedentes penales y que el origen de su riqueza no derivada de los negocios ilícitos de la mafia rusa rusa sino que se generó a raíz de su participación, entre otras firmas, en la empresa Spetsneftegaz.

Por dicho motivo, a pesar del maremágnum mediático inicial, el ‘caso Clotilde’ fue un suflé. Las acusaciones de prevaricación y corrupción urbanística no tuvieron consecuencias reseñables. En 2016, el Tribunal Supremo exclusivamente condenó Xavier Crespo i Josep Valls a pagar una multa por “soborno pasivo” debido a que apreciaron como delictivos los regalos y el dinero que recibieron de Petrov. Se trataba de un viaje de un fin de semana en Moscú, un reloj valorado en 2.200 euros y las subvenciones a los clubes de fútbol y hockey de Lloret de Mar. Por su parte, Andrei Petrov fue condenado a una multa de 450.000 euros para hacer estos regalos ilícitos a los cargos políticos.

Petrov pactó en la Audiencia Nacional una condena de 1,5 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales, pero afortunadamente para él quedó en libertad. El directivo de la BPA que también fue imputado para mantener relaciones comerciales con este empresario ruso quedó absuelto, igual que el resto de implicados en el caso.

La otra policía patriótica

Pero el agente Sánchez Portillo se figuró cosas que no eran tales, un pensamiento errado y preconcebido. Este creyó que Viktor Kanaikyn y Andrei Petrov formaban parte de una peligrosa “mafia rusa internacional”, conforme declaró al Juzgado de instrucción n. 23 de Madrid. Y se atribuyó la responsabilidad -en sus palabras, “se colgó la medalla”- de haber informado personalmente de esta trama al FinCEN: “El Tesoro americano lleva el procedimiento contra BPA en base inicialmente a las informaciones aportadas por el equipo que dirige el declarante, posteriormente, por informaciones otros medios”, aseveró.

En dicha declaración, el agente revela que “el origen de todo es la investigación de la Guardia Civil” y que “este procedimiento culminó con la desactivación de la BPA”. Lo que no se esperaba es que el Gobierno de Andorra sacara rédito de la situación interviniendo la BPA, que por ese entonces era de las entidades más solventes de Europa y pasó a arrastrar más de 500 millones de euros en pérdidas tras siete años de gestión del Gobierno andorrano.

Es decir, además de la policía patriótica que operaba en las cloacas de Interior, comandadas por Jorge Fernández Díaz, entre otros, en el hundimiento de la BPA también participó una suerte de brigada patriótica correspondiente a la Guardia Civil, encabezada por el protagonista de esta historia: Basilio Sánchez Portillo. En sus indagaciones sobre la ‘Operación Clotilde’ –que constaban numerosas escuchas telefónicas- concluyó que Viktor Kanaikyn tenía cuentas en la BPA. Así, con ese fin y bajo la identidad falsa de Alfonso Ruiz reconoce que se puso en contacto por WhatsApp con un exdirectivo de la entidad financiera andorrana para recabar más información

La Justicia andorrana presuntamente erró el tiro

De este modo, el Tribunal de Corts de Andorra supuestamente metió la pata cuando, en su última resolución, en respuesta en forma de escrito del abogado Toni Riestra, aseguraba que el FinCEN ya investigaba a la BPA “desde hacía años” y desvinculó totalmente la intervención del banco con las acciones de la brigada patriótica, que torpedeó al banco del principado ilícitamente mediante para obtener las cuentas de la familia Pujol y otros líderes del secesionismo tcatalán.

En lo relativo a fechas, la vía andorrana de la ‘Operación Cataluña’ comenzó el otoño del 2012 y la citada ‘Operación Clotilde’ se empezó a trazar en enero del 2013. Ello es sinónimo de que una y otra se llevaron a cabo prácticamente en paralelo. De hecho, a tenor del testigo del agente Sánchez Portillo, fue él quién denunció el banco andorrano al FinCEN y puso en marcha el proceso que acabaría con el nocaut de la Banca Privada d’Andorra tras estas operaciones de acoso y derribo.

Las claves: una trama presuntamente financiada por el emérito, según Villarejo

Pero esta confabulación no acaba aquí. Tal y como se ha apuntado, la Banca Privada d’Andorra es uno de los actores más perjudicados de la vía andorrana de la denominada ‘Operación Cataluña’. Según se está investigando, por las coacciones a la BPA desveladas por este periódico, una juez de Andorra ha reactivado una querella de accionistas de la BPA por seis delitos y ha decidido imputar al expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy y a su exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. La querella contiene acusaciones de delitos de amenazas, extorsión, chantaje, coacciones y falsedad documental. Las presiones urdidas contra la BPA desencadenaron su intervención y, tras siete años de gestión pública, su ruina. Los principales accionistas exigen ahora a los Gobiernos de España y Andorra un total de 642 millones de indemnización.

En definitiva, fue una acción de la policía patriótica española basada en bulos y mentiras que, según lo relatado en los audios del ex comisario Villarejo, fue impulsada por el Ejecutivo español para frenar el proceso independentista catalán mediante coacciones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) con el fin de que le facilitase las cuentas que tenían allí los líderes del procés. Sin embargo, esas cuentas estaban en realidad en la entidad rival de la BPA y en Suiza. 

FUENTES INFORMADAS ha reproducido recientemente audios de altas instancias policiales españolas que acreditan los tejemanejes de la policía patriótica para dilapidar a la BPA con el pretexto de que sus dueños, los hermanos Cierco, se negaban a dar las cuentas de los líderes secesionistas.

En unos de esos audios, el comisario Villarejo, en un almuerzo con la presentadora Ana Rosa Quintana, subraya que don Juan Carlos pagó de su dinero “casi todas las informaciones” de la trama policial habilitada por el Gobierno de Mariano Rajoy para combatir a los independentistas. La trama incluyó inundar de mentiras al Gobierno de EE UU, a través del FBI, diciéndole que en la BPA se blanqueaba dinero de venezolanos y rusos, lo que luego se ha acreditado falso, para que el FinCen emitiese esa famosa nota dando la voz de alarma. Lo que ahora se ha revelado es que el guardia civil Basilio Sánchez Portillo mediara para que el organismo norteamericano dependiente del Tesoro de los EE UU “diera el agua”.

De forma paralela, el Gobierno comandado por Mariano Rajoy intervino la filial de la BPA, el Banco Madrid cumpliendo así la amenaza (escuchar los audios difundidos en exclusiva por FUENTES INFORMADAS) de la policía patriótica de que la BPA y el Banco de Madrid tendrían serios problemas a la hora de realizar su gestión si no les daban las cuentas de los secesionistas catalanes. Paradójicamente, en realidad no estaban en esta entidad sino en la rival, Andbank. Pero esta última entidad, sin embargo, eludió la intervención gracias a las conexiones de algunos directivos con el Gobierno del Principado de Andorra.