El colectivo Manos Limpias ha presentado una denuncia en los juzgados de Alicante contra la exconcejal del Partido Popular Rocío Gómez y otras nueve personas por la supuesta adjudicación irregular de viviendas de protección pública en el complejo residencial Les Naus, situado en la Playa de San Juan. Entre los denunciados figuran cuatro altos cargos y funcionarios del Ayuntamiento, cuatro directivos de la cooperativa Fraorgi y un notario. Los hechos podrían constituir, según el escrito, delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La denuncia, presentada en la sección de instrucción y a la que ha tenido acceso Fuentes Informadas, sostiene que las adjudicaciones beneficiaron presuntamente a “concejales y funcionarios” del propio Ayuntamiento, así como a “directivos de la referida cooperativa”. Manos Limpias subraya que no se dio publicidad a las viviendas con la excusa de que “ya había listas de espera”, lo que habría limitado el acceso en igualdad de condiciones a otros posibles solicitantes.
Uno de los aspectos más graves que recoge el escrito es que algunas de estas viviendas, una vez escrituradas, “han sido puestas a la venta por el doble” de su precio de adquisición. Según la denuncia, en estas operaciones habría intervenido una agencia inmobiliaria en la que, incluso, “se manifiesta que una cantidad aproximada de 175.000 euros debe darse en B”, lo que apuntaría a posibles pagos en dinero negro.
Manos Limpias también señala que desde la Generalidad Valenciana “se amplió el límite de los ingresos totales de la unidad familiar para acceder a la vivienda”, lo que habría facilitado que determinados cargos públicos cumplieran los requisitos. La exconcejal Rocío Gómez, que dimitió tras salir a la luz estos hechos, fue una de las adjudicatarias, al igual que la directora de contratación del Ayuntamiento, a quien “se le adjudicaron dos viviendas para sus hijos y otra para un sobrino”.
La denuncia apunta además a otros funcionarios y técnicos municipales. Entre ellos, el jefe del servicio de Vivienda y Protección Oficial, suspendido por la Consejería de Vivienda, que presuntamente “falsea documentos y se adjudica un piso a su mujer”. También se mencionan adjudicaciones a un arquitecto municipal, a los hijos del notario que escrituró las compraventas y a cuatro directivos de la cooperativa, que “se adjudicaron todos un piso”.
Como indicios adicionales de irregularidades, Manos Limpias destaca que a algunos hermanos se les adjudicaron entre dos y tres viviendas y que ciertos beneficiarios recibieron dos pisos de protección pública. Por todo ello, el colectivo solicita al juzgado que asuma la instrucción y reclame “el expediente administrativo de adjudicación de las viviendas”, que considera una “prueba fundamental” para sustentar la denuncia y esclarecer los hechos.