El abogado de Villarejo: “En esta guerra judicial han ido a por el elefante, pisando muchas hormigas, y sin miramiento”

La defensa limita la macrocausa ‘Tándem’ a delitos de revelación de secretos, y se pregunta si la justicia actuará contra los políticos y jefes que le ordenaban los trabajos sucios

La defensa del excomisario José Manuel Villarejo ha presentado este lunes su informe final del primer juicio por el ‘caso Tándem’ en la Audiencia Nacional para insistir en que el ahora comisario jubilado era un “agente secreto” que estaba autorizado a usar su grupo empresarial, CENYT, como “cobertura” de sus trabajos para el Estado -unas tareas “mucho más graves”-, y denunciar que no se enfrenta a un juicio sino a “un pelotón de fusilamiento” para acabar con un “testigo incómodo que el propio ‘sistema’ creó”.

El abogado defensor, Antonio José García Cabrera, ha centrado su última intervención en la idea de que Villarejo tenía “un estatus especial” para cumplir con unas “funciones oficiales”, las de “agente secreto”, que requerían la “cobertura” de CENYT, así como un “silencio imprescindible” que hacía que solo sus “superiores directos”, los directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía Nacional, supieran a qué se dedicaba.

Se trata, ha afirmado, de “una persona que ha estado haciendo muchos servicios a España”, algunos “mucho más graves” que lo aflorado hasta ahora en este juicio por los encargos ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, así como en el conjunto de la macrocausa ‘Tándem’ -integrada ya por 34 piezas separadas-. “Yo no digo que al señor Villarejo no haya que juzgarlo pero hay que juzgarlo en su medida”, ha subrayado.

En esta línea, ha razonado que, “si es verdad que la estructura empresarial de Villarejo se usó ilegalmente por distintos responsables de distintas Administraciones Públicas a niveles gubernamentales, CENYT sería una organización criminal pero también lo sería el propio Estado que la utilizó”.

En este punto, ha querido saber si se va a investigar a “las cúpulas políticas de distinto signo, de todos los gobiernos desde el inicio de la democracia”, y a los cargos policiales y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que se habrían valido de Villarejo y de CENYT.

De hecho, se ha apoyado en las declaraciones de varios exDAO y otros exmandos policiales para reivindicar que la suya “era una situación querida por el Estado y fue el propio Estado quien le mantuvo” en ella.

Ha cuestionado asimismo que solo se ponga la lupa sobre algunos trabajos del policía retirado, llamando la atención sobre el hecho de que se haya desclasificado “todo ‘Kitchen'” y, en cambio, la ‘Operación Cataluña’ permanezca indemne. “¿Vamos a juzgar la punta del iceberg y vamos a tapar todo lo demás?”, ha planteado.

“La Policía ha contado, cuenta y contará con otros Villarejos” si fuera necesario para el Estado

Al hilo de ese asunto, ha puesto de relieve que si se busca proteger los secretos guardados por el expolicía se debe hacer por otras vías, instando al tribunal presidido por Ángela Murillo a “hacer justicia” y desmarcarse del rol jugado por instructor y fiscales, a los que ha acusado de ejercer como “auténticos cancerberos del Estado”.

“Por supuesto que la Policía española ha contado, cuenta y contará con otros Villarejos, si es que es una práctica necesaria para el Estado (…) y estamos seguros de que la Sala lo sabe”, ha zanjado García Cabrera.

Con todo, ha definido este primer juicio de ‘Tándem’, en el que Villarejo se enfrenta a una condena a 83 años de cárcel, como “un partido paraprocesal que solo es una apariencia para eliminar a un testigo incómodo que el propio sistema creó”, una “guerra jurídica”.

Y ha denunciado que ese “lawfare” [persecución judicial] se ha traducido en una “manifiesta indefensión” porque no se les ha permitido combatir en “igualdad de armas”, poniendo como ejemplo que Villarejo aún no ha podido acceder a sus archivos personales (los originales de sus agendas y audios), los mismos que se usan como “prueba de cargo”. “Esto no es un juicio esto es simplemente un pelotón de fusilamiento”, ha lamentado.

“Un supuesto de codelincuencia puntual”

Asentada la premisa del “espía”, García Cabrera ha ido analizando delito por delito los que se le imputan para vaciar de contenido las acusaciones lanzadas contra su cliente por, supuestamente, valerse de los medios policiales a su alcance para llevar a cabo las investigaciones privadas que diferentes clientes -un despacho de abogados, empresarios y particulares- encargaban a CENYT.

En primer lugar, ha negado que el grupo empresarial fuera una organización criminal integrada por la familia y los “honorables” empleados de Villarejo, perfilando a la mujer, el hijo y el socio del comisario -también juzgados-, como víctimas de la “causa prospectiva” que se habría fabricado contra el antiguo policía. “A lo sumo, sería un supuesto de codelincuencia puntual” para algunos encargos, ha acotado.

A continuación, ha descartado el presunto cohecho del comisario, desvinculando el uso de CENYT como “cobertura” de sus funciones oficiales y su utilización como empresa privada para asuntos que “carecen de interés policial”, como los tres proyectos juzgados, una “doble” faceta que, según ha enfatizado, estaba autorizada.

En esa segunda vis empresarial, García Cabrera ha defendido que Villarejo no actuó como “un funcionario policial corrupto” porque “no se aprovechó de ninguna misión oficial para derivarla a su despacho” de la Torre Picasso, sino que se ocupó de casos en los que creía que podía ayudar guiado por una especie de deformación profesional: su “ser policial”.

También ha hecho hincapié en que no se presentaba a los clientes de CENYT como uniformado en activo porque eso habría hecho peligrar la fachada de la compañía. “¿Tenía sentido que le dijera ‘soy policía’ al primero que pasaba por ahí? Evidentemente no”, ha resuelto el abogado defensor.

Y, como tercer argumento, ha esgrimido que el grupo empresarial se retroalimentaba financieramente, de modo que lo cobrado a los clientes se usaba para cubrir gastos y reinvertir, resaltando la “transparencia” de las cuentas de CENYT.

En este punto, ha sostenido que Villarejo no solo no se habría lucrado con este conglomerado empresarial, sino que incluso “ha sido generoso” y “en alguna operación es público y notorio que adelantó mucho dinero por su país”.

“Proyecciones especulativas”

En consecuencia, ha reducido el también conocido como ‘caso Villarejo’ a presuntos delitos de revelación y descubrimiento de secretos, pero no “secretos sensibles”, simplemente datos que -según ha expuesto- se encontrarían en su mayoría disponibles en “fuentes abiertas”, accesibles para “cualquier detective privado”.

También ha rebajado las presuntas actuaciones delictivas, las que Villarejo prometía a sus clientes y reflejaba en sus informes, a “meras proyecciones especulativas”. “A estas alturas, ¿alguien puede dudar de lo excesivo, argumentativo, imaginativo y creativo que es Villarejo?”, ha añadido, para rematar diciendo que en todo caso “se puede criticar éticamente” pero no se puede convalidar como “palabra de Dios”.

Asimismo, ha vuelto a poner sobre la mesa que las conversaciones que mantenía con los clientes de CENYT sobre esos supuestos trabajos ilegales formaban parte de la comunicación abogado-representado dado que la estructura empresarial de Villarejo ofrecía servicios integrales, los jurídicos incluidos.

“Responde a una situación concreta donde casi cabe todo porque en el confesionario, con su abogado, cabe todo, hasta la maldad más grave del mundo, y eso no significa que se vaya a cometer, ni que sea ilícita”, ha manifestado.

En este sentido, ha enmarcado las confesiones efectuadas por algunos clientes de CENYT que han llegado a acuerdos de conformidad con el Ministerio Público en el “terror” que han causado entre ellos la gravedad de las acusaciones y los años de cárcel reclamados por la Fiscalía Anticorrupción.

Así, García Cabrera no ha dudado en aseverar que esta causa se dirige contra “el elefante” y que para cazarlo se han pisado “muchas hormigas”, “sin ningún tipo de miramiento”.