Un abogado del ‘caso Villarejo’ apela al nuevo libro de Marchena para denunciar anomalías procesales

El libro ‘Claves prácticas para la defensa penal’ escrito por el Presidente de la Sala  2ª de lo Penal, Manuel Marchena Gómez, y su hijo el abogado Manuel Marchena Perea, que se presentará oficialmente en el Colegio de Abogados de Madrid el próximo miércoles día 28 de septiembre, ya ha tenido su primera mención en el juicio que se está celebrando contra el comisario Villarejo.

El letrado del investigado, Andrés Medina, uno de los no conformados de la Pieza 2 Iron, criticó la labor de la Fiscalía Anticorrupción y, en concreto, su solicitud de entrada y registro del domicilio, amparándose en una denuncia anónima que no debería de haber sido suficiente para ampliar los registros a otras empresas que habían contratado al Grupo Cenit y que no estaban siendo investigadas en ese momento, pues la investigación se centraba solo en un tema de Guinea (proyecto King, una de las 34 piezas que componen ya el macro sumario de Tándem).

Así pues, el abogado tachó la investigación de prospectiva y pidió la nulidad del registro para los clientes no relacionados con el proyecto King, e hizo observar la irregularidad existente, del segundo auto de entrada y registro del domicilio de Villarejo el 6 de noviembre de 2017 que, según el informe del fiscal, era idéntico al dictado el 2 de noviembre del mismo año para los múltiples registros de los domicilios y oficinas del Grupo Cenyt. Sin embargo, no lo era.

Según dicho letrado se había omitido, sospechosamente, el párrafo en el que el fiscal pretendía fundamentar la habilitación para la ocupación de efectos de otros contratos, y en ese contexto dio lectura de significativos párrafos del referido libro del capítulo II dedicado a las diligencias preprocesales de la fiscalía, que venían a cuento de la mala práctica detectada en el caso Villarejo por parte la Fiscalía Anticorrupción.

Contradicción

Entre otros párrafos mencionados destacan los del apartado 2 relativos a los principios de contradicción, defensa e investigación del fiscal, donde se dice que “la sensación de que aún sin una declaración formal de secreto, las diligencias del ministerio fiscal participan de un cierto aroma de clandestinidad, está más que extendida entre los profesionales del foro, sin embargo, nuestro sistema constitucional no admite una investigaciones excluyente del principio de contradicción del derecho de defensa que no está judicialmente acordada” y así lo ha recordado la propia Fiscalía General del Estado en el capítulo IV en la circular 4/13 de 30 de diciembre que razona en los siguientes términos: “es evidente que  la naturaleza de los hechos investigados, exigiría que queden al margen del conocimiento del sospechoso o imputado, sin embargo aunque se han intentado manifestaciones voluntaristas para justificar la posibilidad de que el fiscal declare el secreto de las actuaciones debe descartarse de forma rotunda”.

Asimismo, se pidió la nulidad de las grabaciones del proyecto Iron debido a que estás las realizaron los propios abogados; pues Villarejo y su socio, Rafael Redondo, eran letrados en la pieza de Iron donde se contrataron servicios jurídicos. Y es que las grabaciones hechas por los abogados están prohibidas por el Estatuto de la abogacía Art. 22.3 si no se cuenta con la autorización de los clientes, por lo que solicitó la expulsión de tales grabaciones al menos para los clientes.