Unidas Podemos pide al TC que la Justicia europea se pronuncie sobre la “falta de imparcialidad” de Trevijano y Narváez

Tras el recurso del PP al Constitucional, el socio minoritario de Gobierno pretende que se dilucide si la abstención de los magistrados debe ser “de carácter automático o no” para no contravenir normas europeas

Unidas Podemos ha presentado este domingo un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamine acerca de si dos magistrados del tribunal español, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, deben abstenerse automáticamente por “falta de imparcialidad”. Esta reacción de espacio político se produce después del recurso de amparo que registró el Partido Popular para tratar de frenar la tramitación de la proposición de ley que incluye la derogación del delito de la sedición, el nuevo diseño de la malversación y la reforma del propio tribunal de garantías. Todo ello en un día en el que se espera que el TC resuelva en su Pleno el conflicto jurídico.

El grupo parlamentario pretende con ello conocer si “la abstención que se preceptúa en la norma nacional (artículo 217 LOPJ) para jueces y magistrados cuando concurra alguna causa de abstención, legalmente establecida, ha de ser de carácter automático o no“. Entre otros motivos, “para no entrar en conflicto con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, según expone el comunicado que ha difundido UP.

El grupo parlamentario ya solicitó que ambos magistrados se apartaran de participar en “ninguna decisión” vinculada con las “maniobras de la derecha para torpedear la normal tramitación parlamentaria” de la proposición de ley orgánica acordada también con ERC cuyas enmiendas -transaccionales, que aunaba las propuestas de PSOE y Esquerra- tuvieron luz verde del Congreso el pasado jueves y que este martes votará el Senado.

El escrito, según ha informado Europa Press, lo firman Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario; Txema Guijarro, como secretario general, así como Pablo Echenique y Enrique Santiago, en calidad de portavoces del grupo.

Entre las cuestiones prejudiciales que pretenden trasladar al TJUE está también conocer si el “incumplimiento” del mencionado deber de abstención por parte de los magistrados implicados “sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de actuaciones” a tenor del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Unidas Podemos ha pedido también al Constitucional que plantee a la Justicia europea si debe interpretarse que el “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa” también concurre cuando del resultado del pleito conlleve “la promulgación o no de una nueva normativa que afecte directamente a los intereses personales, económicos y profesionales del juez o magistrado llamado a resolver, aun cuando esa afectación no se produzca de manera automática sino como consecuencia de lo que vaya a resolver”.

Cabe decir que a ello se une que los aspirantes designados por el Gobierno -en la cuota del tercio compuesto por cuatro magistrados que le corresponde renovar- reemplazarían a Narváez y a González-Trevijano. Se trata de el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y una ex alto cargo de La Moncloa, la exdirectora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez. Unos perfiles politizados que han desatado las críticas en la oposición.

Recurso de amparo “prematuro”

El grupo parlamentario del socio minoritario del Gobierno ha apuntado que “lo único” que pretende el PP con este recurso -al que también se sumó Vox con otro recurso de amparo- ante el TC es que se suspenda la tramitación de una reforma legal que “afecta directa, personal y profesionalmente a algunos miembros del Tribunal Constitucional” toda vez que el Ejecutivo

Asimismo, ha alegado que el recurso de amparo presentado el Partido Popular es “claramente prematuro” por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que implica, a su juicio, “que debe ser inadmitido de plano“.

Además, Unidas Podemos ha insistido en que la petición inicial aludía a una votación en el Congreso que ya tuvo lugar la semana pasada, lo que hace perder el objeto de dicha suspensión solicitada, que debe ser inadmitida.

Hay que recordar que el Congreso de los Diputados estuvo en vilo el pasado jueves en el momento en el que el Tribunal Constitucional se encontraba debatiendo qué hacía con los recursos planteados. Finalmente, el TC decidió aplazar la decisión hasta este lunes, cuando se espera que resuelva el conflicto que ha generado un choque institucional sin precedentes. Ello permitió que la sesión, una de las más broncas que se recuerdan, se celebrara y que la reforma, de contenido penal en su mayoría, saliera adelante entre acusaciones cruzadas de golpe de Estado por parte del Gobierno y la oposición.

El PSOE además ha presentado también este domingo dos recursos ante el TC en el que se ha adherido a las recusaciones presentadas por su socio de Gobierno contra estos dos magistrados.

La reforma en cuestión

La proposición de ley tenía como objeto principal eliminar del Código Penal el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés y sustituirlo por un nuevo tipo, el de desórdenes públicos agravados. Aunque también se añadieron otras medidas como el agravamiento de condena por ocultación de cadáver.

El tipo penal está penado actualmente para autoridades públicas con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y del derecho de sufragio pasivo. Con la nueva propuesta se pasaría a penas de prisión de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación

Y cuando llegó el momento de presentar enmiendas al articulado, el PSOE y Unidas Podemos introdujeron otros asuntos como la reforma del sistema para designar candidatos al TC por parte del Consejo del Poder Judicial. Así, se pasa de una mayoría de tres quintos -que ahora requiere al menos 11 votos- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.

Además, contemplan que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador). Esto es, en el caso de los progresistas: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés.

Asimismo, introdujeron un nuevo delito de enriquecimiento lícito al mismo tiempo que pactaron con ERC una modificación de las penas por malversación: cuando haya ánimo de lucro, manteniendo las penas actuales (de dos a 12 de cárcel y seis a 20 de inhabilitación); y dos tipos nuevos: uno sin ánimo de lucro para «usos privados» (de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación de uno a cuatro años) y otro para cuando lo malversado va a un fin distinto al previsto (de uno a cuatro años de cárcel y dos a seis de inhabilitación).