El Gobierno aprueba este martes los nombramientos del exministro Campo y la ex alto cargo de Moncloa Díez para el TC

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Juan Carlos Campo
El magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo durante la clausura los actos de la semana conmemorativa del 425 aniversario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en IE University el pasado junio. | Fuente: Isabel Infantes / Europa Press

El Pleno del TC tiene la potestad de dar el beneplácito a la llegada de los antiguos miembros del Ejecutivo, que, de producirse, consolidaría una evidente politización

El Consejo de Ministro aprobará este martes las designaciones del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la exdirectora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Así, el Ejecutivo cumpliría con la cuota que le corresponde, a pesar de la politización del alto tribunal que supondría que el Pleno del TC, quien tiene la llave para autorizar o no los nombramientos.

Según avanzó el diario El País y ha podido confirmar Europa Press, esta decisión se produce sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrara a los otros dos que componen el tercio de cuatro magistrados que se deben renovar.

En los meses anteriores, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha variado su postura ya que, en primera instancia, abogaban por nominar a sus dos candidatos para el tribunal de garantías. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces estaba atado de pies y manos en ese momento porque la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no se lo permitía.

En cambio, ahora la pelota se sitúa en el tejado del Pleno del Tribunal Constitucional debido a que es quien debe dar el beneplácito a los seleccionados. Fuentes cercanas al tribunal de garantías consultadas por la citada agencia afirman que es complicado que los dos aspirantes del Gobierno superen la barrera del Pleno sin los dos que le corresponden al Consejo. El fundamento es que el órgano de gobierno de los jueces no podía seguir su mandato constitucional puesto que la reforma de la LOPJ promulgada en marzo de 2021 limita al CGPJ a realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras se encuentre caducado. El Consejo lleva en esta situación más de cuatro años, es decir, casi ocho con los mismos miembros.

No obstante, esas fuentes apuntan a que el panorama cambió el pasado mes de julio, momento en el que el PSOE y Unidas Podemos aprobaron una segunda reforma para que el CGPJ recuperara su potestad para cubrir las vacantes en el Tribunal Constitucional.

Cambio de mayorías, de una conservadora a otra progresista

Desde otra perspectiva, otras fuentes explican que la Constitución solo autoriza que la renovación sea del tercio completo de los magistrados (cuatro). Según las citadas fuentes, es la única que se desprende de una interpretación literal de la Carta Magna. Por el contrario, que se aprobara esta renovación a propuesta del Gobierno supondría hacerla por sextos (dos magistrados).

La clave del asunto la tiene el Pleno del TC, en el que actualmente rige una mayoría conservadora del TC, de seis conservadores y cinco progresistas, debido a que la plaza de Alfredo Montoya no se ha cubierto -la cual compete al Senado y todavía no lo ha efectuado-.

Si finalmente salen adelante las designaciones del Gobierno, con la consecuente luz verde del Gobierno, la mayoría del Constitucional se convertiría en progresista. La razón es que su actual presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez Rodríguez -propuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy- serían sustituidos por los dos nuevos aspirantes a petición del Gobierno. De este modo, la mayoría resultante quedaría así: siete progresistas frente a cuatro conservadores, a falta de que dos que le compete nominar al CGPJ.

Campo y Díez, perfiles politizados

Campo salió del Gobierno tras la remodelación de Gobierno en la que Pedro Sánchez decidió prescindir de sus servicios en el Ministerio de Justicia para poner en su lugar a Pilar Llop. La crisis de Gobierno se produjo tras una época convulsa marcada por los indultos concedidos a los nueve condenados por sedición y malversación a causa del procés y por las frustradas negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un asunto aún pendiente después de cuatro años.

Una vez formalizado su cese, Campo solicitó su reincorporación a la Audiencia Nacional para ocupar su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, funciones que retomó el septiembre del año pasado. De hecho, durante estos meses se ha apartado de las causas políticas por su anterior cargo político.

Díez Bueso ocupó hasta el pasado mes de abril el cargo de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tras haber pasado por el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

«No se trata de progresismo, se trata de gubernamentalidad»

Tras la noticia, el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha denunciado en una entrevista en Onda Cero que el Gobierno ataca a la división de poderes con los dos candidatos para renovar el Tribunal Constitucional porque «se trata de dos miembros del Ejecutivo» y ha avisado de que la Unión Europea reaccionará.

Pons ha señalado que, desde un punto de vista institucional, son «dos miembros de un poder del Estado haciendo entrismo a otro poder del Estado» más allá del «sesgo» progresista de los candidatos que cambiarían la mayoría en el TC. «No se trata de progresismo, se trata de gubernamentalidad», ha añadido, a la par que ha apuntado que esto es lo que les inquieta desde el PP.

Así, ha enfatizado que ni Campo ni Díez Bueso son «idóneos» para el TC y que, además, ambos se tendrán que abstener de «cualquier decisión» que tenga que ver con las leyes aprobadas por este Gobierno. «Creo que la Unión Europea va a tener que decir algo sobre la división de poderes española y el Estado de Derecho», ha apuntado.

Pons ha subrayado que Campo fue quien puso en marcha los indultos a los condenados por el procés y «le pegó un hachazo al Tribunal Supremo rompiendo su sentencia en contra de todos sus criterios técnicos». Así, ha asegurado que es «el hombre que le hace los favores al Gobierno de darle el golpe a la división de poderes».

En esta línea, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha llamado al Partido Popular a mantener «distancia» con el Gobierno, acusando al Ejecutivo de coalición de no dejar ninguna institución «por manipular». «Es cada vez más evidente este PSOE tiene aires totalitarios y desea controlar todos los órganos de nuestra democracia», ha alertado

Rufián admite que «chirrían» los nombramientos

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido que «chirrían» los nombramientos. «No es la primera vez que el Gobierno, que tiene la potestad para ello, nombra a un ex alto cargo», argumenta.

Sin embargo, ha aclarado que desde ERC «respetan el criterio del Gobierno». «Seguramente hay otros candidatos, han elegido a este, veremos cómo lo hace», ha zanjado así este asunto.

Mientras que del lado ‘naranja’, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner la lealtad al PSOE por encima de la de España.

Así, se ha expresado mediante la red social Twitter, donde ha asegurado que «nadie ha degradado más las instituciones» que Sánchez.

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