Crónica de un golpe aplazado en el Tribunal Constitucional  

16 de diciembre de 2022
7 minutos de lectura
pleno
Fachada del Tribunal Constitucional. | Fuente: EP

El presidente caducado, Pedro González-Trevijano, animado a apoyar la suspensión de las reformas en el Congreso el mismo día de la votación concluyó que era un enfrentamiento frontal, que requería mayor preparación. Ha aplazado el golpe para el Pleno del lunes 19 de diciembre

Pedro González-Trevijano, presidente saliente del Tribunal Constitucional, pactó con el vicepresidente, también saliente, Juan Antonio Xiol -conservador y progresista, respectivamente, si se usa una terminología ya habitual- que el Pleno extraordinario para abordar el recurso de amparo “preventivo” -creación novísima de los asesores judiciales y mediáticos del Partido Popular- se celebraría este viernes 16 de diciembre. Pero la presión política -Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso, anunció el miércoles 14 que el TC adoptaría ayer jueves 15 una resolución antes de la votación de las reformas- le llevó, después de múltiples llamadas telefónicas, a adelantar el Pleno al jueves. Sobre las ocho de la tarde del miércoles comunicó a los diez magistrados -son, con González-Trevijano, 11 en total- que convocaba para el jueves 15 a las diez de la mañana. 

El presidente había solicitado inicialmente, a través de la secretaría general del TC el informe oficial, por así decir, sobre el recurso del PP,  al secretario general adjunto, Juan Carlos Duque Villanueva, el letrado jefe especialista en recursos parlamentarios. El letrado solicitó un día y medio para trabajarlo. Por eso, la fecha inicial del Pleno sería hoy viernes. 

Pero, según se ha señalado, González-Trevijano apretó. Y el jueves por la noche, Duque le entregó su informe, que fue enviado enseguida a los magistrados. No fue el único informe trasladado. El ponente del recurso del PP, Enrique Arnaldo, elegido en 2021 para el TC a propuesta del PP, ya tenía el informe llamado de complacencia que solicitó a su letrado particular. 

Una situación inédita de choque institucional

Los dos informes son contradictorios en el punto esencial. Duque es favorable a la avocación al Pleno, a la admisión a trámite del recurso, pero es contrario a la medida cautelarísima de suspensión de la tramitación de las reformas legales en el Congreso -que es el tema crucial- porque no tiene precedentes, no hay ningún supuesto en el que se haya ordenado, por parte del TC, interrumpir mediante medida cautelar el tracto legislativo en el Congreso, además de que no concurren los motivos alegados. Se anticiparía con la suspensión, sostiene, el resultado final del recurso de amparo cuando tampoco habría daños irreparables.

Por otra parte, señala, se podría oír a las partes (en las medidas cautelarísimas no se da traslado a las partes implicadas) en tres días. Y si se aprobaran las reformas legales en ningún caso se producirían daños irreparables porque se podría interponer un recurso de inconstitucionalidad, que sería la vía correcta. Porque, enfatiza, el recurso de amparo no es el instrumento para conseguir la nulidad de las leyes sino para proteger derechos fundamentales. 

Y, para más inri, el otro requisito es que no se cause lesión de derechos de otros: el recurso del PP pide que se le reconozca su potestad parlamentaria (ius in officium) para que se declare la nulidad de unas enmiendas al tiempo que se lesiona la potestad o ius in officium de los otros diputados que quieren seguir adelante con la tramitación de la reforma. 

Pero mientras que los letrados del llamado pool del TC son independientes, ya que tienen el cometido de hacer un informe técnico, es decir, no están vinculados a los magistrados con los cuales trabajan a diario, el del letrado personal se subordina al criterio del ponente. Es decir: el magistrado puede decirle “hazme un informe en tal o cual sentido”. Y el letrado lo elabora con esa directriz. 

Cuestión de tiempo y otros “problemas”

Los magistrados del TC, pues, carecían de tiempo material para estudiarse el asunto tal como les había llegado el miércoles por la noche. A las diez de la mañana empezaba un Pleno con dos informes contradictorios. Tenían, por tanto, que consultar con sus propios letrados para verificar autos y sentencias. 

Llegaron a la madrileña calle de Doménico Scarlatti antes de las 10:00. Pero en la sala solo se reunieron los cinco del sector progresista. Hablaron con uno de sus pares, el vicepresidente Xiol, y le sugirieron que le dijera al presidente que no estaban en condiciones de estudiar el material si se empezaba a esa hora.  

Pero es que, además, había otros “problemas”. Mientras González-Trevijano seguía reunido, pasadas las diez, con los magistrados conservadores, algunos del sector progresista se enteraron que el día anterior -el miércoles por la tarde- había entrado en el TC un escrito de personación de Unidas Podemos y otro del PSOE, porque las enmiendas que se pretende suspender por parte del PP son de ambos partidos de la coalición gubernamental. 

Escritos de personación e incidente de recusación de PSOE y UP

Tienen, por tanto, un interés legítimo porque se pretende anular una enmienda que ellos han presentado y ello afecta al proceso legislativo, de modo que se han personado como parte en el procedimiento, y solicitan que se le dé traslado de los escritos, y de ese modo, sin perder tiempo, podían alegar sobre las medidas cautelarísimas para garantizarse la tutela judicial efectiva antes de que se adopte la resolución.   

Además, Unidas Podemos, aparte de pedir en su escrito de personación que se le oiga, al tiempo presenta un incidente de recusación. Sostiene que el presidente González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, con mandatos vencidos el pasado 12 de junio, tienen “interés directo” en el pleito porque si se aprueba la reforma el próximo 22 de diciembre, al día siguiente, al aparecer en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor el nombramiento y serán cesados y sustituidos por los dos magistrados que ha nombrado el Gobierno (Juan Carlos Campo y Laura Díez, respectivamente). 

En cambio, si se suspende la tramitación de la nueva ley, podrían seguir indefinidamente en sus puestos. Por tanto: hay causa de recusación del articulo 219 número 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o “interés directo” al ser beneficiarios si se paraliza la tramitación de las reformas.

El procedimiento debe ser como sigue: los recusados tienen que decir si se abstienen y, caso contrario, se abre procedimiento de recusación. Y, atención, lo primero es suspender la causa y nombrar ponente. Todo esto, que debía ser trasladado por Arnaldo, que es el ponente, en realidad no estaba proveído: faltaba en el expediente. 

Recurso de amparo de Vox

Y, a continuación, por si ya no había suficientes novedades, se confirmó que Vox había presentado también recurso de amparo en el que pide medidas cautelarísimas. En este recurso, la ponente será Maria Luisa Balaguer

Pero mientras todo se complicaba, González-Trevijano no terminaba de aclarar a qué hora finalmente daría comienzo el Pleno. María Luisa Balaguer habló con el presidente y comentaron la posibilidad de aplazar el Pleno para el lunes 19 de diciembre. Pero González-Trevijano insistió en un punto. “No quiero ser yo quien toma por mi propia iniciativa la decisión de suspenderlo y si los cinco [progresistas] me lo pedís por escrito los cinco, lo haré“, dijo, según aseguran fuentes fidedignas a El Periódico de Catalunya

La impresión recogida por esas fuentes es que la idea de suspender este día jueves la tramitación – en un “aquí te pillo, aquí te mato”-, el mismo día en que se votaban en el Congreso las reformas, prácticamente en paralelo, llevó a González-Trevijano a aplazar su plan. Demasiado confrontación directa. Además, tanta celeridad no permitiría tener listo un auto con los votos particulares de los magistrados disidentes para prohibir la tramitación en el Congreso. El TC se vería obligado a emitir un certificado para comunicar la prohibición de seguir con las reformas.

Pero con el aplazamiento a petición de los cinco magistrados progresistas González-Trevijano ha conseguido un punto a tener en cuenta.   El quórum para celebrar un Pleno es de ocho magistrados. Si los progresistas no participan en la votación, el Pleno se queda en seis. Por tanto, el sector conservador no puede adoptar la resolución.

Con la petición de aplazamiento de los cinco progresistas, González-Trevijano puede decir: “Hombre, cinco me lo pidieron, si digo que no, podrían levantarse y marcharse por considerar que no están en condiciones de participar y me dejan sin quórum. Pero ahora esos cinco ya se han comprometido y no pueden hacer abortar el Pleno”. Es decir: los progresistas ya no disponen de ese arma para utilizar el próximo lunes 19.  

El escenario más probable

El lunes 19 de diciembre se presenta con dos opciones. Una: que se tramite la recusación de González-Trevijano y de Narváez.  Si no se abstienen los dos recusados se nombra un instructor del incidente y se aplaza el Pleno hasta que se resuelva este asunto.

Obvio es que no se van a abstener. Porque en tal caso, la mayoría pasa a ser del sector progresista (cinco a cuatro). Si se rechaza la recusación, el sector conservador lograría después consumar el golpe y suspender la tramitación de las reformas antes de que el Senado las apruebe el 22 de diciembre. Y esta es la próxima jugada.

Los magistrados consultados por El Periódico de Catalunya aprecian que el Pleno de este jueves estaba convocado para consumar el golpe. Y que el panorama será parecido el lunes 19. Sólo que la recusación es una baza nada despreciable para ganar más tiempo y evitar la consumación ese día. Pero esta batalla de la Santísima Trinidad -PP y sectores conservadores del TC y CGPJ- se juega también en el Poder Judicial.

Rafael Mozo, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha convocado Pleno extraordinario el martes 20 para nombrar a los dos magistrados. No ha tenido más remedio porque nueve vocales han subsanado su solicitud inicial, que no proponía candidatos.

El PP y el sector conservador han hecho público que quieren nombrar a dos magistrados en quienes depositan su confianza: César Tolosa y Pablo Lucas, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El PP juega en los dos tableros. Si el TC suspende las reformas el lunes, la derecha gana tiempo, sin la espada de Damócles de la reforma sobre el sistema de elección por mayoría simple en el CGPJ para desactivar el bloqueo deliberado del PP.

Las espadas, pues, siguen en alto. La derecha mediática y judicial mantendrá la presión sin tregua sobre los conservadores del TC hasta el desenlace.

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