Bronca en el Congreso tras aprobarse la reforma penal por aludir al 23-F a causa del recurso del PP al TC

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La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra en la sesión de este jueves. | Fuente: Jesús Hellín - Europa Press

Batet garantiza que el Congreso de los Diputados acatará cualquier resolución del TC pero que, de momento, no ha recibido notificación alguna

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (tc) que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero lo ha hecho en una votación en la que no han participado ni el PP ni Ciudadanos. Una sesión que será recordada por clima de máxima tensión a cuenta de las alusiones al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y las acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición, en medio de una crisis institucional debido a la renovación del TC

De este modo, el PSOE ha comparado el recurso del PP para suspender la votación de las enmiendas y desbloquear la renovación del TC con la intentona golpista del 23-F e incluso ha acusado a los populares de actuar como aquellos guardias civiles que irrumpieron en el hemiciclo, a lo que la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, le ha recordado que esa asonada se dio a un Gobierno de centro derecha presidido por Adolfo Suárez. «Debe revisar la historia y no intentar cambiarla», le ha espetado.

En el debate del Congreso sobre la reforma penal para eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación, el diputado socialista Felipe Sicilia ha acusado al PP de que, al igual que cuando en el 81 «quiso parar un pleno y la Democracia por medio de tricornios», hoy pretendía pararla de nuevo pero esta vez con «togas». «Pero no lo han conseguido porque nuestra Democracia es fuerte y sólida», ha dicho.

Se refería al recurso elevado por el PP al Tribunal Constitucional y que buscaba paralizar el trámite de esta iniciativa legislativa por la vía de la cautelarísima. Sicilia ha indicado que no le cabe duda de que la razón verdadera por la que el PP tiene bloqueado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el TC es «porque los usan como último recurso para ganar lo que pierden aquí -en la Cámara- y en las urnas».

La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido la palabra al considerar que esas afirmaciones ofenden al decoro de la Cámara y ha acusado al PSOE de haber iniciado un proceso de memoria en el que pretenden «reescribir la historia democrática del país».

La reforma, respaldada por una amplia mayoría

En concreto, según ha informado Europa Press, la proposición de ley ha recabado el voto de 184 diputados de los partidos del Gobierno y de sus aliados parlamentarios, superando el listón mínimo de la mayoría absoluta (176) que requería por su carácter orgánico.

Así, han apoyado la reforma los dos grupos que conforman el Gobierno de coalición más ERC, el PNV, el PDeCAT, Más País y Bildu, pese a que la coalición abertzale había optado por abstenerse durante el trámite en la Comisión de Justicia. En el Pleno, la única abstención ha llevado la firma del diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien había expresado sus dudas ante la reforma del delito de malversación porque teme que pueda beneficiar a condenados por corrupción.

De su lado, han votado en contra Junts, la CUP, Coalición Canaria, el BNG, Foro Asturias, Navarra Suma, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria, la diputada del PP Valentina Martínez, y Vox.

Último intento de Vox

Los de Santiago Abascal habían abandonado el hemiciclo durante el debate de la iniciativa tras la negativa de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de suspender el Pleno hasta que el TC se pronunciara sobre el recurso de amparo presentado por ellos y el PP, pero que después han vuelto.

Antes de la votación el secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, ha pedido una vez más a la presidenta que la votación no se llevara a cabo hasta tener una resolución del Tribunal Constitucional sobre las enmiendas relativas al Consejo General del Poder Judicial y el propio tribunal de garantías, que han sido impugnadas tanto por el PP como por Vox.

Uno de los argumentos esgrimidos previamente por Batet para no suspender la sesión había sido que la Mesa del Congreso no había recibido ninguna comunicación oficial del TC relativa a la deliberación de los recursos, por eso Vox se ha dirigido formalmente al órgano de gobierno de la Cámara informándole de la decisión del TC de continuar sus deliberaciones el lunes.

Sin embargo, Batet ha contestado a Figaredo que «la comunicación por parte de un grupo parlamentario» no puede acarrear la suspensión de un procedimiento legislativo. También ha mencionado el artículo 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 150 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para recordarle que «la notificación es el medio para tomar conocimiento de la existencia y eficacia de una resolución judicial» y ha dejado claro que, «por supuesto» la Cámara «acataría como no puede ser de otra manera», una notificación proveniente del TC.

Por su parte, PP y Ciudadanos han decidido no participar en la votación. Los populares estaban en sus escaños, pero no han apretado botón alguno mientras que los naranjas ni siquiera han entrado al Salón de Plenos para la votación.

«No somos partidarios de abandonar las instituciones»

Tras aprobarse la ley, Gamarra ha vuelto a pedir la palabra para explicar que su grupo no ha participado en la votación porque, a su juicio, esta no tendría que haberse celebrado, ya que el Congreso debería haber esperado a que el TC decidiera sobre el recurso interpuesto por su grupo.

«Como no somos partidarios de abandonar las instituciones nos hemos quedado, pero en un momento tan crítico como este evidentemente no vamos a votar«, ha concluido.

Desde Ciudadanos, cuyos diputados sí han estado en el hemiciclo durante el debate, han explicado que se han negado tanto a estar presentes durante la votación para no participar «en la cacicada» que, a su juicio, ha cometido el Congreso «en connivencia y bajo la dirección de la presidenta de la Cámara» sólo «para favorecer a sus socios separatistas condenados».

Una vez aprobada por el Pleno del Congreso, la ley se envía al Senado para completar su tramitación. En la Cámara Alta se espera votar el próximo día 22 y los socialistas esperan que no haya cambios para que entre en vigor antes de Navidades.

Cambios legales

La proposición de ley, que se ha despachado en el Congreso en apenas cinco semanas, tenía como objeto principal suprimir del Código Penal el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés, aunque también se añadieron otras medidas como el agravamiento de condena por ocultación de cadáver.

Y cuando llegó el momento de presentar enmiendas al articulado, el PSOE y Unidas Podemos introdujeron otros asuntos como la reforma del sistema para designar candidatos al TC por parte del Consejo del Poder Judicial. Así, se pasa de una mayoría de tres quintos -que ahora requiere al menos 11 votos- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.

Además, contemplan que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que -según explican las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press- garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador). Esto es, en el caso de los progresistas: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés.

Asimismo, introdujeron un nuevo delito de enriquecimiento lícito al mismo tiempo que pactaron con ERC una modificación de las penas por malversación: cuando haya ánimo de lucro, manteniendo las penas actuales (de dos a 12 de cárcel y seis a 20 de inhabilitación); y dos tipos nuevos: uno sin ánimo de lucro para «usos privados» (de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación de uno a cuatro años) y otro para cuando lo malversado va a un fin distinto al previsto (de uno a cuatro años de cárcel y dos a seis de inhabilitación).

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