Hoy: 23 de noviembre de 2024
Este miércoles, el Senado debatirá y votará en el Pleno los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas, las cuales van a decaer por el rechazo del Partido Popular, que ostenta mayoría absoluta en la Cámara Alta.
El Partido Popular ha anunciado que hará uso de su mayoría en el Senado para rechazar la aprobación definitiva de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Estos objetivos ya fueron aprobados por el Congreso de los Diputados y constituyen un primer paso para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.
El PP condicionó su voto en el Senado a unas exigencias, las cuales incluyen la reducción de impuestos, la colaboración en los objetivos fiscales con las comunidades autónomas, el respeto a su autonomía fiscal y el impulso de un fondo de políticas sociales destinado a estas administraciones.
Sin embargo, el Ejecutivo no ha respondido a estas demandas, lo que ha llevado al Partido Popular a anticipar su voto en contra. Además, les culpan por el hecho de que, debido a su rechazo, entrarán en vigor unos objetivos de déficit que se consideran “más perjudiciales” para las comunidades autónomas y ayuntamientos, muchos de los cuales están bajo el gobierno de su formación.
Por su parte, el Partido Popular ha justificado su voto en contra de los objetivos de estabilidad que se discutirán este miércoles en el Senado, argumentando que creen que empobrecen y aumentan la desigualdad entre los españoles. Además, los populares han destacado que este voto en el Senado refleja la coordinación y la unidad en torno a un proyecto común dentro del partido. Esto se puede observar tanto en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que votaron en contra de estos objetivos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como en el grupo parlamentario del Congreso.
Si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Los objetivos de estabilidad serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, que son más exigentes para comunidades y ayuntamientos, en el caso de no aprobarse los objetivos hasta en dos ocasiones, según un informe de la Abogacía del Estado.
“Volveremos a llevar la senda sabiendo que van a votar que no y entrarán en vigor los objetivos del mes de abril, que serán más perjudiciales para las comunidades y ayuntamientos, porque así lo ha querido el PP”, ha sentenciado María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda pretende aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 antes de abril, en un momento marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas.
Para esto ya ha preparado el límite de gasto no financiero, el llamado techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, en el que se incluyen los fondos procedentes de la Unión Europea.
En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.
Mientras tanto para las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.
Pero si estos objetivos de estabilidad fueran rechazados dos veces en la Cámara Alta y entrasen en vigor los fijados en abril, las comunidades tendrían que cumplir con la estabilidad presupuestaria este año, mientras que los ayuntamientos tendrían un objetivo de superávit del 0,2%, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.
Si las Cortes Generales aprueban definitivamente los objetivos planteados por el Gobierno, se tendría que volver a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En cambio, si se aplican finalmente los objetivos más restrictivos del Programa de Estabilidad, esa reunión no tendría lugar.