El encuentro se produce tras el giro a la izquierda del Gobierno y el apoyo de ERC a varias votaciones de este jueves en el debate de la nación. Ello en el peor momento de relaciones Junts-Esquerra: la Fiscalía pide 6 años de prisión a la líder de Junts, Laura Borràs
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se han reunido este viernes para sustanciar un reencuentro en la Moncloa que tiene la intención de retomar la mesa diálogo. La Moncloa aprecia su gesto de apoyar ciertas votaciones que se dieron después de afrontar el último día del debate de estado de la nación, entre otras, la de la reforma del Poder Judicial, la Ley de Memoria Democrática y la convalidación del decreto anticrisis. Asimismo, se ha consolidado el giro a babor, un giro progresista con el que el Gobierno ata las relaciones, por un lado, con el socio minoritario de la coalición, con el que han surgido desavencias tras la tragedia de Melilla y el credito extraodinario en Defensa. Por otro lado, se ha destensado la interlocución con el bloque de investidura, incentivando medidas de su agrado y contentando sus reivindicaciones mediante acuerdos.
La reunión llega en un momento de deshielo o, al menos, eso es lo que pretenden ambas delegaciones. Fuentes cercanas al president han transmitido que quería “pedir explicaciones cara a cara” a Pedro Sánchez por el espionaje con el software ‘Pegasus’ que trascendió en las últimas fechas, pese a que la Moncloa, en una declaración inesperada en la que reconoció que tanto el propio Sánchez como varios de sus ministros fueron espiados. No obstante, el Govern manifestó el pasado martes que este tema no integraba el orden del día de la reunión, pese a que la portavoz de la Generalitat aseveró que sí figuraría entre los temas objeto de la conversación. Desde el lado catalán aseguraron que las expectativas de la reunión “no son altas”.
“El plan es que puedan hablar en profundidad de cómo están las relaciones, además de una ratificación por parte de los presidentes del documento del otro día [en el que se establecían las bases y metodología del diálogo]. Pero no se busca ir más allá”, exponen fuentes de ERC recogidas por elDiario.es de las que se hace eco este medio. De este modo, no se cuenta con que ambos presidentes acuerden una fecha para retomar la mesa de diálogo. Tampoco se espera que haya pactos rubricados negro sobre blanco.
Un ambiente distendido
El ambiente que rodea al encuentro, que se producirá a las 12 de la mañana de este martes, es distendido, sobre todo, por el punto de inflexión del Gobierno marcado por las medidas anunciadas y por su cambio de tono. El Ejecutivo parece decidido a cuidar a sus socios de investidura y Esquerra lo es. De hecho, esa relación dual se fundamenta en el Congreso, donde los republicanos ostentan una determinante representación de 13 escaños, así como en las relaciones bilaterales entre los dos niveles de gobierno. Algo que plantea la condición de posibilidad para que se generen acuerdos a fin de establecer su apoyo en el Parlamento a cambio de proseguir con el diálogo u otras demandas que ERC tenga.
Pese a lo poco que se espera del encuentro, se trata de una visita para engrasar de nuevo las relaciones entre Cataluña -con intereses partidistas de los republicanos, por supuesto- y el Gobierno central. A juicio de Sánchez, la senda para normalizar la situación en el territorio catalán reside en la “agenda para el reencuentro”, un documento en el que están comprendidas materias como la financiación autonómica o la mejora de la inversión en infraestructuras, entre otros temas que implican la gestión gubernamental. A pesar de que en este documento no figura, el PSC también está dispuesto a impulsar la mesa de diálogo para fijar las bases para un nuevo encaje de Cataluña. La fórmula sería una reforma estatutaria, constitucional o las dos.
Reforma de los delitos de sedición y rebelión conforme a Europa
Por su parte, ERC tiene otras reivindicaciones que se alejan mucho de esas propuestas. Repiten sus consignas habituales de “amnistía y autodeterminación” ya que piensan que esta será la última oportunidad que tengan en la legislatura para avanzar en ese ámbito. Ello abarca las causas judiciales abiertos contra diferentes personas, líderes y ex líderes del soberanismo catalán. Las iniciativas en ese sentido son varias son múltiples, aunque se focalizan en reformas legales tales como la del Código Penal o la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Tiene como fin reducir la carga condenatoria de, por ejemplo, la malversación en los supuestos, según trasladan esas fuentes, en que no haya enriquecimiento propio ni de terceros o el artículo que permite retirar el escaño a un diputado sin condena firme.
Esquerra tiene la pretensión a medio plazo, aunque no es su prioridad, de presionar para que se produzca una eventual reforma de los delitos de rebelión y sedición. Por este último fueron condenados los líderes independentistas a causa de los sucesos del 1 de octubre. Quieren ajustar esos tipos penales al Derecho Comparado europeo, en el que, o bien, no existen estos delitos, o si se contemplan exigen unos supuestos complejos para que se materialicen y tienen penas inferiores.
Aun así, el Gobierno ha descartado esa propuesta arguyendo que los socios del Govern -ERC y Junts- no estarían de acuerdo con la reforma que realizaría el Ejecutivo central, que sería más leve. Dichas fuentes procedentes del partido republicano destierran esa idea y mantienen que el Gobierno “aún no se ha puesto” a negociar una reforma de estos delitos, pese a ser una de las puntas de lanza en lo relativo a las propuestas de Unidas Podemos sobre la cuestión catalana.
Según apuntan, la formación catalana también manifiesta el interés de que el Gobierno muestre su “sensibilidad” cuando fije la posición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado -organismo que dependen del Ejecutivo- en las diversas casos judiciales pendientes. En concreto, los que implican a dos de sus actuales consellers, Roger Torrent y Natàlia Garriga, a diputados como Lluís Salvadó y Josep Jové o un varios exaltos cargos que esperan juicio en el juzgado número 13 de Barcelona.
La eventual extradición Puigdemont abre una posible fricción
Más si cabe, en un momento en que el abogado de la Unión Europea se ha pronunciado sobre las extradiciones y las euroórdenes, sumándose al criterio del juez Pablo Llarena, juez que instruye el caso del ex president de la Generalitat huido, Carles Puigdemont. Algo que podría afectar a él y a otros como Marta Rovira ya que en su dictamen de este jueves por el que afirma que Bélgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para dictar euroórdenes. El criterio del abogado de la Unión suele estar en consonancia en la mayoría de las ocasiones con el fallo posterior del TJUE.
Pero el equipo de Aragonès es conocedor de que no puede aparecer en público reclamando ninguna estas cuestiones. “La presión en público es contraproducente”, reconocen dichas fuentes, porque “basta que señales una cosa para que eso se convierta en un tabú y un imposible”. Por ese motivo, optan por no concretar qué quieren conseguir en la negociación, la cual pretenden que tenga un ritmo más rápido en el próximo semestre. Sobre todo, porque se acerca el plazo en que el Gobierno se encuentre en la búsqueda de apoyos para los Presupuestos Generales del Estado, presumiblemente, los últimos de la legislatura.
Esquerra ve la oportunidad de satisfacer sus demandas ya que, cuando se han producido las reuniones entre los titulares de Presidencia en los respectivos Gobiernos, los republicanos han trasladado que no serán un obstáculo para garantizar la gobernabilidad siempre y cuando haya compensaciones en esos acuerdos.