Los socios minoritarios de BPA reclaman al Banco de España la liquidación de Banco de Madrid tras la ‘Operación Cataluña’

20 de julio de 2022
7 minutos de lectura
Banco de España
Imagen del Banco de España | Fuente: Zaqarbal, vía Wikimedia Commons.

Una quincena de accionistas sin ninguna vinculación con la gestión directa bancaria solicitan una compensación total de 20 millones de euros tras el perjuicio económico que ha supuesto la presunta maniobra de la policía patriótica

Una quincena de socios minoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) -que no son todos pero sí una inmensa mayoría- han promovido una acción de reclamación de responsabilidad administrativa contra el Banco de España a causa de la liquidación indebida del Banco Madrid. Según informa el diario digital andorra Altaveu, dicha reclamación le generó a entidad, que ahora arrastra cientos de millones en pérdidas tras la vía andorrana de la ‘Operación Cataluña’ –una trama sobre la que FUENTES INFORMADAS ha ido difundiendo audios recientemente– “un grave e ilegal daño patrimonial que no tenían el deber de soportar”. La acción, que continúa la línea de actuación que hace tiempo siguieron los accionistas mayoritarios, radica en el hecho que se han cerrado sin consecuencias judiciales todas las causas abiertas contra la filial española de BPA.

Así, la reclamación se hace basándose en que todas las causas han quedado archivadas: desde las querellas contra Banco Madrid a las inspecciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Además, se recuerda que el notice que dio el FinCEN -el organismo estatal antidelitos bancarios estadounidense- que sirvió como base para intervenir BPA en ningún momento se refería a la filial española.

En concreto, en la trama el Gobierno español de entonces -presidido por Mariano Rajoy, ahora imputado en esta causa junto, entre otros al ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz por unos audios que reprodujo en exclusiva este medio- inundó de mentiras al Ejecutivo de Estados Unidos, por medio del FBI, arguyendo que en la BPA se blanqueaba dinero de venezolanos y rusos. Algo que después se reveló como falso, pero que tenía la intención de que el FinCEN emitiese la citada nota dando la voz de alarma para la intervención de la entidad bancaria. Finalmente, ni ese aviso (notice) inicial ni la nota que el organismo dependiente del departamento del Tesoro americano emitió una año después dejando sin efecto las sospechas lanzadas contra BPA. Todo una operación de desprestigio hacia la entidad que no se correspondía con la realidad y que le trajo innumerables perjuicios económicos que casi le han llevado a la quiebra.

Recientemente, por las coacciones a la BPA una juez de Andorra reactivó una querella de accionistas de la BPA por seis delitos y decidió imputar a Rajoy y a Jorge Fernández Díaz. Aparte de los citados dirigentes, figuran como investigados Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, e Ignacio Cosidó, el antiguo director general de la Policía. Este último prohibió en 2014 al comisario José Manuel Villarejo investigar las cuentas que varios miles de personas, entre ellos, unos 3.000 catalanes, tenían en el AndBank de Andorra puesto que había sospechas de que entre ellas figuraba una «del emérito» (don Juan Carlos I), conforme explica Villarejo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en otro audio divulgado en exclusiva por FUENTES INFORMADAS.

La querella contiene acusaciones de delitos de amenazas, extorsión, chantaje, coacciones y falsedad documental. Las presiones maquinadas contra la BPA desencadenaron su intervención y, tras siete años de gestión pública, su ruina. Los principales accionistas exigen ahora a los Gobiernos de España y Andorra un total de 642 millones de euros en concepto de indemnización.

Los demandantes consideran “excesiva” la actuación del supervisor bancario

Justamente, en el escrito subscrito entre otros por las familias Riberaygua o Armengol, se lamenta que el Banco de España adoptara las decisiones que tomó a raíz de la comunicación del FinCEN y, en cambio, no tuviera en cuenta la información de que ya disponía el Sepblac sobre el Banco Madrid. Ello se debe a que un año antes largo de la intervención de BPA ya había iniciado el proceso de inspección del heredero de la entidad Kutxa. Seis años después, las autoridades financieras españolas concluirían que la inspección no revelaba ningún motivo para estimar al Banco Madrid como una entidad tendente a blanquear en su modo general de operar. De este modo, ponía de relieve que desde que la BPA había asumido el control, se habían reforzado las medidas de prevención.

Los socios minoritarios -el antiguo CEO de la banca intervenida, Joan Pau Miquel, que también lo era y ha hecho una reclamación individualizada- han defendido que no participaron en ningún momento de la gestión bancaria. En ese sentido, consideran que el agravio causado es muy elevado, según ha informado el medio andorrano y ha recogido este medio. Entre otras causas, debido a que tanto las decisiones como la inacción protagonizadas por el Banco de España podrían haber sido muy diferentes y no se sustentan sobre ningún argumento, según aprecian los solicitantes. De hecho, se remiten al informe del administrador concursal para recordar que no tenía ningún sentido revocar la ficha bancaria.

En esa acción de reclamación de responsabilidad administrativa, también los demandantes manifiestan que había medidas mucho menos costosas que la liquidación, que es por la cual se optó, ante un supuesto riesgo reputacional que si se fundamentó en la intervención de los órganos reguladores, tanto andorranos como españoles. De hecho, se destaca, a su juicio, esta sorpresiva coordinación entre los supervisores. Y, según su criterio, se trata de esclarecer que el Banco de España no actuó en función de sus potestades, que son referentes a la liquidez y la solvencia de las entidades bancarias.

Referencia a la ‘Operación Cataluña’: una acción presuntamente ilícita y concertada

Asimismo, la reclamación, formalizada en más de cien páginas, alude también a los últimos adelantos judiciales vinculados con la denominada ‘Operación Cataluña’ que constituirían, presuntamente, una acción ilícita y concertada. Ello en el contexto de una reunión inminente -este viernes- entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo andorrano, quienes despacharán presumiblemente acerca de este asunto. Dicho proceder ilegal haría que en ningún caso se pudiera considerar prescrito el plazo de reclamación puesto que, a tenor de lo que indican los demandantes, no ha sido hasta ahora cuando se han conocido con rotundidad estos presuntos hechos delicitivos. Máxime, no fue hasta el agosto pasado que el Sepblac archivó el expediente administrativo contra el Banco Madrid.

Sin embargo, los autores de la acción de reclamación administrativa opinan que el órgano regulador español no se puede argüir causas de fuerza mayor para justificar la liquidación de la filial española de BPA. Por el contrario, sí consideran que hay una causa directa entre la decisión de liquidar, la quiebra de Banco Madrid y el daño patrimonial que ellos han sufrido. Y dado que este daño es “efectivo y cuantificable”, concluyen que hay margen para exigir una compensación. En total, una indemnización de casi 20 millones de euros (en concreto, 19.656.000). Individualmente las peticiones van desde 3.000 euros hasta los casi cuatro millones de euros. La cantidad exigida sale de valorar el Banco Madrid, después de realizar varios cálculos a partir del establecido por un perito de primer nivel, en 187.498 euros.

La vía andorrana de la ‘Operación Cataluña’: financiada por el emérito, según Villarejo

Tal y como avanzó este medio hace unas semanas, es preciso recordar el papel clave que ocupa la Banca Privada d’Andorra (BPA) en la denominada ‘Operación Cataluña’, uno de los actores que salido más parado del fragmento relativo a Andorra. En definitiva, se trata de una acción de la policía patriótica española basada en bulos y mentiras que, a tenor de los audios del comisario Villarejo, fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de frenar el proceso secesionista catalán mediante coacciones a la BPA. El modus operandi era que la entidad le facilitase las cuentas que tenían allí los líderes del procés independentista. Sin embargo, dichas cuentas estaban en realidad en la entidad rival de la BPA y en Suiza. 

Este diario digital ha ido difundiendo últimamente audios de altas instancias policiales españolas que acreditan los tejemanejes de la policía patriótica para hacer caer a la BPA con el argumento de que sus dueños, los hermanos Cierco, se negaban a dar las cuentas de los líderes secesionistas.

En unos de esos audios, el comisario Villarejo, en una comida con la presentadora Ana Rosa Quintana, desliza que don Juan Carlos pagó de su dinero «casi todas las informaciones» de la operación policial a instancias del Gobierno encabezado por el ex presidente Rajoy para combatir a los independentistas.

De ello se aprovechó el Gobierno de Andorra, quien con ese pretexto intervino la BPA, una entidad que ha pasado de ser una de las más solventes de Europa, a tener pérdidas de más de 500 millones de euros. A ello se le añade que el Ejecutivo español de entonces intervino también el Banco Madrid, filial de la BPA, cumpliendo así la amenaza (escuchar los audios publicados en exclusiva por FUENTES INFORMADAS) de la brigada patriótica de las cloacas del Estado de que la BPA y el Banco Madrid tendrían serios problemas de intervención si no les daban las cuentas de los independentistas catalanes. En realidad, dcihas cuentas no estaban en esta entidad sino en la rival, el Andbank. Sin embargo, esta última entidad eludió la intervención gracias a las conexiones de algunos directivos con el Gobierno del Principado de Andorra.

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