La ola violenta que sacude Ecuador evidencia la ineficacia que provoca la reducción del Estado, la dolarización de la economía y las fuerzas armadas debilitadas. Pera hay más casos como Brasil, Perú o México
Por Pedro Jorge Solans
La crisis armada que se desató en Ecuador, y aún no se sabe cómo terminará, ni cuántas víctimas dejará, tiene varias lecturas y una advertencia temeraria: Puede extenderse a toda la región sudamericana porque las condiciones están dadas, y en cierta medida, se la fue construyendo paulatinamente.
Sólo bastaría recordar cómo se fue bastardeando la voluntad popular expresada en las urnas en cada país de América del Sur, cómo se utilizaron burdamente los mecanismos constitucionales y la justicia para fines e intereses antipopulares.
La violencia que se vive en Brasil, Argentina, Perú, México, Ecuador y en otros países en menor grado no la provoca los históricos grupos insurgentes que querían tomar el poder en los años 70. Ahora son grupos de empresarios devenidos a seudo políticos que asociados, directa o indirectamente a las organizaciones narcotraficantes y para militares, golpean para derribar el imperio de la Ley, abolir las Constituciones, romper los pactos sociales de convivencia de cada sociedad.
La ola violenta que sacude Ecuador en los últimos días es alarmante para Sudamérica. Evidencia la ineficacia que provoca la reducción del Estado, la dolarización de la economía, y fuerzas armadas debilitadas que necesitan del soborno para subsistir.
Pero, además, en pos del mentado achicamiento del estado, las barriadas populares de las grandes ciudades quedaron a merced de la “ayuda humanitaria” de los narcos que les proveen lo que el Estado dejó de asistir: salud, seguridad y “educación”. Cabe recordar cómo operaba el tristemente célebre Pablo Escobar en las ciudades colombianas donde hasta construía viviendas en los barrios y casi fue presidente de Colombia.
No sorprende que Perú se preocupe porque la crisis ecuatoriana está a un paso, y Argentina aún está preparando el escenario, como lo hizo Alberto Fujimori en los años 90, ahora, en Buenos Aires, Milei ha acelerado para recuperar el tiempo perdido, en menos de 30 días de gestión, y con un extenso Decreto de Necesidad de Urgencia, —que no tiene motivos de urgencia para que Milei tenga Superpoderes—, quiere suplantar la Constitución.
¿Para qué? Precisamente, para cambiar el esquema político, y las riquezas queden en manos de los poderes fácticos globales y los narcotraficantes se encarguen de los vulnerables como en Ecuador, Perú y Paraguay, hasta el momento.
Varias frases del presidente Milei esclarecieron el objetivo cuando habló de “caídos del sistema” o cuando dio la espalda en su discurso de asunción al Congreso de la Nación, y ayer fue tajante su hombre de confianza, su funcionario más experimentado, Rodolfo Barra ante los congresales “Si hay crisis no hay Constitución”.
Pero vayamos más atrás cuando el propio Milei dijo públicamente que no creía en la democracia y se apoyó en el polémico teorema de lo imposible de Arrow que dice: si el cuerpo que toma las decisiones tiene al menos dos integrantes y al menos tres opciones entre las que debe decidir, entonces es imposible diseñar una regla de elección social que satisfaga simultáneamente todas estas condiciones.
Pero volviendo a lo que pasa en Ecuador no se puede formalmente hablar de una guerra civil, pero si de un estado social de violencia donde nadie sabe contar muertos, secuestros, saqueos, heridos o robos, y esa conmoción se vive en Perú y Brasil. ¿Cuán lejos está Argentina? ¿Qué puede pasar con una hiperinflación galopante, salarios por el suelo, sin cobertura social ni médica?
En Perú
El gobierno peruano dispuso la movilización militar desde Lima hacia la ciudad balnearia de Tumbes. Dispuso declarar en emergencia toda la frontera norte del país. Tumbes, Amazonas, Cajamarca y Loreto.
Por otro lado, el Gobierno advirtió que ha identificado a dos organizaciones ecuatorianas que operan en el norte del Perú. Se tratarían de “Los Choneros” y “Los Tiguerones”, bandas muy parecidas al grupo peruano del “Tren de Aragua”, en cuanto su modus operandi y el uso de la violencia extrema.
Perú busca reforzar la seguridad en la línea de frontera con Ecuador y el control de los migrantes e investiga un presunto tráfico de armas que pertenecerían a las Fuerzas Armadas y estarían en las bandas criminales de Ecuador.
Los grupos criminales ecuatorianos-peruanos se disputan en Perú la minería ilegal del oro, la producción de cocaína, la trata de personas y los secuestros.