La Audiencia Nacional reabre la causa por el asesinato del ertzaina Ramón Doral en 1996 a manos de ETA

12 de febrero de 2024
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Audiencia Nacional: | Fuente: EP
Audiencia Nacional: | Fuente: EP

La decisión se basa en un nuevo informe ampliatorio presentado por la Guardia Civil que revela detalles adicionales del caso

La Audiencia Nacional ha decidido reabrir la causa relacionada con el asesinato del ertzaina Ramón Doral en 1996, perpetrado por la organización terrorista ETA. Esta determinación surge a raíz de la petición presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), respaldada por la Sala de lo Penal.

El ertzaina Ramón Doral fue víctima de un atentado mortal perpetrado por miembros de ETA en 1996, un hecho que conmocionó a la sociedad y que hasta ahora no había recibido la debida resolución judicial. La Audiencia Nacional ha decidido retomar el caso y procesar a la exjefa de ETA, Iratxe Sorzabal, en relación con este crimen.

La decisión de reabrir la causa se basa, en parte, en un nuevo informe ampliatorio presentado por la Guardia Civil, el cual ha proporcionado detalles adicionales que podrían arrojar luz sobre los eventos que rodearon el asesinato de Ramón Doral. Este informe ha sido crucial para respaldar la solicitud de la AVT y ha influido en la determinación de la Audiencia Nacional de retomar la investigación.

La exjefa de ETA, Iratxe Sorzabal, se enfrentará por la participación en el asesinato de Ramón Doral

La exjefa de ETA, Iratxe Sorzabal, se enfrentará ahora a un proceso judicial en relación con su presunta participación en el asesinato de Ramón Doral. La reapertura de la causa representa un paso significativo hacia la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA en el pasado.

Este nuevo desarrollo destaca el compromiso de las autoridades judiciales en la revisión de casos no resueltos y la persecución de responsabilidades penales, incluso décadas después de la comisión de los delitos. La decisión de la Audiencia Nacional subraya la importancia de garantizar que aquellos que hayan perpetrado actos criminales enfrenten las consecuencias legales de sus acciones, contribuyendo así a la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias.

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