Hoy: 23 de noviembre de 2024
El PSOE ha pedido condenar al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz a casi 50 años de cárcel por la trama ‘Kitchen’, un presunto operativo parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y robarle la información sensible que tuviera del PP, y al partido como partícipe a título lucrativo. Por otro lado, ha pedido que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y los exministros del PP, María Dolores de Cospedal y Juan Ignacio Zoido testifiquen en el futuro juicio.
La acusación socialista ha presentado este miércoles su escrito de conclusiones provisionales instando a la Audiencia Nacional a abrir juicio oral contra los 11 procesados por la ‘Kitchen’: Fernández Díaz; su ex secretario de Estado Francisco Martínez; los expolicías Eugenio Pino, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano; el comisario José Manuel Villarejo; y el ex chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos.
Igualmente pide enviar a juicio al PP como partícipe a título lucrativo y que se le condene como tal para que responda “hasta un importe equivalente al total de fondos reservados empleados en la ‘Operación Kitchen’.
En su escrito, el PSOE pide condenar a Fernández Díaz, al que la investigación judicial perfiló como presunto ‘cerebro’ de la ‘Operación Kitchen’, a 47 años y 10 meses de cárcel; mientras que a su ‘número dos’, Francisco Martínez, y a Villarejo les solicita 38 años y 3 meses de prisión cada uno.
También plantea una condena a 36 años y 1 mes de cárcel para Ríos y que se impongan 35 años y 9 meses de prisión al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), García Castaño.
La formación que lidera Pedro Sánchez propone 34 años y 9 meses de condena para Pino, Olivera, Martín Blas y Gómez Gordo. Y, para Fuentes Gago y Díez Sevillano, 32 años y 4 meses de prisión.
Los socialistas apuntan a la comisión por parte de los acusados de delitos de organización criminal, encubrimiento, obstrucción a la justicia “por las coacciones y amenazas a Bárcenas durante su estancia en prisión” y delitos continuados de cohecho.
Se refiere asimismo a delitos continuados de malversación “por los pagos con cargo a fondos reservados y la utilización de medios públicos para fines privados”, delitos de allanamiento de morada, revelación de secretos o continuados de prevaricación. Adicionalmente, ve delitos de fraude a las administraciones públicas y certificación falsa.
Por otro lado, avanza ya la prueba a practicar durante el juicio. Además de los acusados y los Bárcenas, como perjudicados, solicita llamar como testigos a Rajoy, Cospedal, Zoido, el ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó; al actual consejero madrileño Enrique López; a los ex secretarios de Estado José Antonio Nieto e Ignacio Ulloa; a ex mandos policiales y al guardia civil Diego Pérez de los Cobos.
El PSOE pide además que se reproduzcan como prueba documental los últimos audios conocidos, publicados por FUENTES INFORMADAS, sobre las conversaciones que Villarejo habría mantenido con Cospedal. Se trata de una conversación de enero de 2013 donde la ex ministra pedía al comisario “parar” el asunto de “la libretita” de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del ex tesorero estuvieran en poder de periodistas.
Para el PSOE, no es posible entender ‘Kitchen’ sin su “conexión” con ‘Gürtel’, “como tampoco es posible entender y mucho menos explicar aisladamente las razones de la frenética actividad parapolicial que se pone en marcha en ‘Kitchen’ sin ponerla en relación con una operativa mucho más amplia puesta en marcha por la dirección nacional del PP, primero en la oposición y después desde el Gobierno para defenderse de la acción de la justicia”.
Sitúa el punto de partida en una reunión celebrada el 21 de julio de 2009 a la que habrían asistido Cospedal, su marido Ignacio López del Hierro y Villarejo, días después de que se llamara a declarar como imputado a Bárcenas. El PSOE no tiene dudas de que en esa “larga conversación” se encarga al entonces comisario “una serie de trabajos puntuales” para entorpecer ‘Gürtel’ e investigar a cargos del PP “con una clara enemistad con la secretaria general”.
Según expone el PSOE, a partir de la entrada en prisión provisional de Bárcenas, en julio de 2013, una “situación de extrema gravedad para lo máximos dirigentes del PP”, es cuando desde “la cúpula política y policial del Ministerio de Interior” se despliega ‘Kitchen’ “para espiar y sustraer documentos al tesorero que, de hacerse públicos, podrían derivar en consecuencias políticas y penales para numerosos dirigentes del PP”.
Como prueba de la supuesta existencia de este “meticuloso plan urdido por los hoy procesados, encaminados a proteger a los máximos responsables del PP que figuran en la documentación robada a Bárcenas”, el PSOE menciona las agendas personales de Villarejo, sus notas de inteligencia, grabaciones y testimonios que figuran en la causa y “la destrucción de los videos de la sede nacional del PP en la calle Génova”.
Conforme al relato judicial, la acusación socialista alude a Fernández Díaz como la persona que habría puesto en marcha la maquinaria de ‘Kitchen’, encargando su seguimiento a Martínez. El entonces secretario de Estado de Seguridad se habría ocupado de activar a los mandos policiales señalados, cada uno de los cuales habría desarrollado una función distinta.
Por ejemplo, refiere los supuestos acercamientos de García Castaño y Villarejo para captar a Ríos como espía de la ‘Kitchen’ y la presunta necesidad de recurrir a la “pata política” para que Gómez Gordo, entonces jefe de seguridad de Cospedal que conocía al chofer, interviniera y finalmente le convenciera tras su negativa inicial a colaborar.
Con eso, la ‘Kitchen’ habría conseguido “una presencia constante en el entorno de Bárcenas”, de lo que se “informa puntualmente a Villarejo, quien lo va trasmitiendo a sus superiores”. “Fruto de toda la información recopilada por varias vías, se llega a la conclusión de que Bárcenas guarda documentación o información relevante”.
Para conseguirla, continúa la acusación socialista, se abrieron “varios frentes”, desde el clonado de teléfonos móviles de los Bárcenas hasta el robo de documentación guardada en un local donde la mujer del ex tesorero, Rosalía Iglesias, ejercía como restauradora de muebles, incluido un presunto acoso al ex dirigente ‘popular’ en prisión.
Todo ello, recalca el PSOE, se habría financiado con fondos reservados. En concreto, apunta al pago de 2.000 euros mensuales más gastos y la compra de un arma para Ríos y la adquisición de material informático.