Hoy: 2 de diciembre de 2024
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una sentencia que tumba una granja porcina en Albox, provincia de Almería, por incumplir diversas normativas y estar ubicada a apenas 100 metros de varias viviendas. La decisión, dictada por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Granada, favorece a una vecina cuya salud y calidad de vida se han visto afectadas por los malos olores y la cercanía de la explotación. La granja carecía de los permisos necesarios relacionados con el uso de recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales y control de impactos ambientales y olores, lo que hacía su funcionamiento claramente ilegal.
Entre las irregularidades más destacadas de la explotación está su ubicación, a solo 145 metros de la vivienda de la demandante, cuando la ley establece que la distancia mínima debe ser de 400 metros. Además, la granja está situada a 800 metros del núcleo urbano de Albox, contraviniendo la normativa que exige al menos 1.000 metros de distancia. Esta falta de cumplimiento se extiende a otros aspectos legales, como el tratamiento de residuos y la afectación a la salud pública. La vecina solicitaba una revisión de la licencia ambiental y medidas correctoras para mitigar los efectos de la contaminación y proteger sus derechos fundamentales.
El TSJA ha exigido al Ayuntamiento de Albox que revise de manera oficial la licencia de “calificación ambiental 1300/2017”, la cual debería ser declarada ilegal, y ordena el cierre de la explotación por incumplir al menos cuatro normativas fundamentales relacionadas con la gestión del agua, los residuos, la salud pública y la distancia a viviendas. La sentencia deja abierta la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes, lo que podría alargar el proceso de cierre definitivo de la granja porcina.
Las organizaciones ecologistas Stop Macrogranjas Huércal Overa, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción Levante, que han apoyado a la demandante durante el proceso, celebran la sentencia como una victoria significativa. Sin embargo, advierten de que esta es solo una pequeña parte del problema, ya que en la región del Levante Almeriense proliferan numerosas explotaciones ganaderas ilegales bajo el amparo de lo que describen como una corrupción urbanística y medioambiental sistémica. Estas organizaciones denuncian la permisividad de los ayuntamientos locales, que toleran o incluso encubren estas prácticas ilegales.
Las asociaciones ecologistas subrayan que la ganadería es una de las industrias más destructivas a nivel global, contribuyendo significativamente al cambio climático, la destrucción de ecosistemas, la extinción de especies, la contaminación del agua y la desigualdad social. Según Naciones Unidas, es urgente reducir el consumo de productos de origen animal y promover dietas basadas en plantas, especialmente en países desarrollados como España, que es uno de los mayores productores y consumidores de carne. Este enfoque se apoya en estudios internacionales que señalan los graves impactos medioambientales y de salud pública asociados a la ganadería intensiva.
Por último, informes del Ministerio de Consumo de 2022 señalan que la producción de carne tiene un impacto global cuatro veces mayor que la aviación comercial, y que la reducción del consumo de carne sería 40 veces más beneficiosa que el reciclaje. Las organizaciones ecologistas exigen una moratoria inmediata a la creación de nuevas granjas y el cierre de aquellas que operen de manera ilegal. Además, piden a los gobiernos estatal, regional y municipal que dejen de proteger a industrias que consideran devastadoras y que apoyen la transición de los ganaderos hacia prácticas más sostenibles, tal como se está haciendo en otros sectores como el de las energías renovables.