El Ministerio de Trabajo reanuda este martes las negociaciones con los sindicatos CC OO y UGT, así como con las patronales CEOE y Cepyme, para reducir la jornada laboral semanal de 40 a 37,5 horas. Fuentes cercanas a los negociadores han confirmado a EP que, aunque el encuentro estaba previsto para el 19 de septiembre, se aplazó debido a un viaje del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a Barcelona junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
En la última reunión, celebrada el 9 de septiembre, Trabajo presentó una propuesta denominada Pyme 375 para facilitar la implementación de la reducción de jornada en las pequeñas y medianas empresas (pymes). El plan incluye bonificaciones para los contratos indefinidos que se generen como consecuencia de la reducción de horas laborales, así como formación especializada para que las pymes puedan adaptarse a la nueva medida. El objetivo es que esta reducción llegue a todas las pymes, donde se concentra el 90% del empleo en España.
Trabajo defiende que esta medida aumentará la productividad y el bienestar tanto de trabajadores como de empresarios, además de fomentar la creación de empleo. A su vez, el Ministerio está proponiendo la flexibilización de la jornada mediante una distribución irregular de las horas, lo que permitiría a las empresas concentrar las horas laborales en periodos de mayor demanda sin necesidad de recurrir a horas extraordinarias.
Por su parte, la CEOE ha expresado su rechazo inicial, calificando la propuesta del Gobierno como “intervencionista” y criticando el papel del SEPE como asesor de pymes. Según la patronal, el plan es “impreciso” y podría frenar la creación de empleo en lugar de fomentarla. Pese a estas críticas, la CEOE ha señalado que estudiará la propuesta escrita que el Ministerio se comprometió a enviar.
Mientras tanto, CC OO y UGT han decidido intensificar sus movilizaciones para presionar a la patronal y exigir la reducción de la jornada laboral. Ambas organizaciones han convocado protestas el 26 de septiembre frente a las sedes de la CEOE en todas las capitales de provincia, denunciando la negativa de la patronal a aceptar la medida y señalando que esta demanda responde a una reivindicación social.