Hoy: 23 de noviembre de 2024
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado este martes que se debe “estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto” de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual después de que se haya conocido la rebaja de las penas a abusadores sexuales en varias sentencias. A su juicio, el objetivo de esta ley era “todo lo contrario” a lo que se ha producido. Los tribunales españoles han revisado ya al menos tres sentencias tras la aprobación en agosto de conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. La consecuencia ha sido la disminución de las penas de prisión a tres condenados por abusos sexuales a menores al considerar que la reforma del Código Penal resulta “más favorable al reo”.
Este martes se han conocido varios casos, según ha informado Europa Press, en los que se han reducido las condenas impuestas. En uno, los magistrados rebajan hasta cinco años de cárcel; en otro, disminuyen en dos años la pena de prisión impuesta en firme; y en un tercer caso rebajan en un año y tres meses la pena de cárcel.
El primer caso es el de un hombre condenado a ocho años de cárcel por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años con acceso carnal. Los magistrados han acordado rebajarle la pena en cinco años, ya que “siendo evidentemente más favorable la regulación actual, debe aplicarse”
En otro caso, los magistrados de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid han acordado revisar la pena impuesta a un hombre que abusó de la hija de su pareja sentimental, que en ese momento tenía 13 años. En este sentido, se le ha rebajado la pena de ocho a seis años de prisión, ya que “es más favorable al reo” y se han tenido en cuenta las circunstancias del caso y del autor.
Tras conocer la reducción de penas, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado que “el problema no es la norma”, sino la “interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo” que se está haciendo de ella.
Rosell ha aclarado que, aunque es “factible rebajar las penas” con la nueva ley, el texto en sí mismo “no las rebaja”. A su juicio, se trata de “un análisis y una lectura muy superficial” y de “brocha gorda” y espera que este argumento “no sea real” y que no esté incluido en una resolución judicial.
La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Navarro, ha lamentado que con esta ley “gana el populismo que ha conseguido llamar agresión a lo que antes era abuso y gana el delincuente al que muy poco le importa como se llame el delito si se le rebaja la pena”.
Para Navarro, se ha demostrado lo que desde el PP ya se advirtió al inicio de la tramitación de la “mal llamada ley del ‘sí es sí'”. “Ya lo advirtió el CGPJ, ya lo avisaron los abogados y ya lo hicimos desde el PP enmendado a la totalidad una mala ley”, ha insistido en alusión a que el órgano de gobierno de los jueces alertó de este escenario en febrero de 2021 en su informe preceptivo.
En su informe, el órgano de gobierno de los jueces criticó que Igualdad en su anteproyecto no ofrecía “una justificación de los nuevos umbrales de pena previstos” y avisó de que la reducción de los límites máximos de las penas comportaría “la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente”.
La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, también ha condenado que el Gobierno aprobase esta “ley feminista que desprotege a las mujeres” pese a estar avisado de las posibles consecuencias que finalmente se han producido. “Esta chapuza la pagamos todas”, ha sentenciado.
Con motivo de las revisiones de sentencia de abusos sexuales que se han realizado, la Audiencia Provincial de Madrid ha convocado una reunión para el próximo 25 de noviembre.
No obstante, fuentes jurídicas consultadas han confirmado que la convocatoria estaba prevista “con antelación” a las publicaciones que han trascendido este martes sobre los tres casos a los que se rebaja la pena. Además, se ha precisado que se trata de una reunión de unificación de criterios que se celebra a menudo en la Audiencia de Madrid cuando afloran reformas legislativas.