Hoy: 22 de noviembre de 2024
Este jueves, después de meses de peleas y debates políticos, el Pleno del Congreso ha aprobado la Ley Trans con 188 votos a favor de los socios de Gobierno, 150 en contra de PP y 7 abstenciones, entre ellas la de la exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo y actual presidenta de la Comisión de Igualdad.
La postura de Carmen Calvo ha quedado reflejada en sus declaraciones a la salida del Congreso: “Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley. Por eso no puedo coincidir con el ‘no’ de las derechas, que no están nunca para proteger a estos colectivos. He votado en un día difícil la opción más compleja y asumo las consecuencias de mis actos, siempre” ha zanjado, en declaraciones a los medios.
El trayecto parlamentario de la ley llega de esta forma a su fin, tras un tortuoso camino entre el PSOE y Unidas Podemos. Casi tres meses de broncas, diálogos y enfrentamientos entre los socios mayoritarios de la coalición en los que finalmente la ley has quedado aprobada. Ahora dicha ley tendra que continuar su tramitación en el Senado.
Fue el núcleo del continuo debate sobre la aprobación de la Ley Trans. Actualmente la ley permite la rectificación de nombre y sexo de las personas trans en el Registro Civil a partir de los 14 años, sin embargo en los meses de debate, el PSOE presentó varias enmiendas a la ley, centradas en limitar la autodeterminación de los menores y para endurecer el proceso de reversión de las personas trans. Sin embargo, en comisión no consiguió el voto favorable de ningún grupo, por lo que al final decidió no mantener estas propuestas para el debate de la ley en el Pleno.
En su cuerpo legislativo, la ley reconoce que el cambio registral para el nombre y el sexo en el DNI será con aval judicial entre los 12 y los 14; con consentimiento de padres, madres o representantes legales entre los 14 y los 16; y libre a partir de los 16.
Además de esta medida, el proyecto de Ley permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción humana y se permite a las parejas de lesbianas filiar a sus hijos sin necesidad de casarse.
Asimismo, se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas. Además consolida derechos para las personas trans y LGTBI en el ámbito educativo y laboral y garantiza que la atención sanitaria a las personas trans se realicen conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado.
Sin embargo, la Ley Trans pude subir modificaciones en su paso por la Cámara Alta cuyo objetivo principal es garantizar la igualdad del colectivo LGTBI+ mediante ”medidas específicas destinadas a la prevención, corrección y eliminación, en los ámbitos público y privado, de toda forma de discriminación; así como al fomento de la participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida social y a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social de estas personas”.
La aprobación de esta ley en el Congreso es, según las declaraciones de Irene Montero “avanzar en derechos” y “la forma más contundente de hacer frente a los reaccionarios y de seguir avanzando en democracia”.