El acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya sobre financiación autonómica ha reabierto un intenso debate político. Esta vez, el foco está en el principio de igualdad. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa al Ejecutivo de ceder competencias y recursos para sostenerse en el poder. A su juicio, ese camino tiene un coste institucional y social que España no debería asumir.
Tras la reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, ERC anunció un pacto que supondría 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña. Además, el acuerdo elevaría su capacidad presupuestaria en un 12% y reconocería el principio de ordinalidad. Sin embargo, los detalles técnicos se conocerán más adelante.
Ante este escenario, Feijóo reaccionó con dureza. En primer lugar, afirmó que “la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio”. Además, sostuvo que la financiación autonómica debe servir al bien común, no a intereses coyunturales. Para reforzar su mensaje, lanzó una frase contundente: “La Moncloa no es una casa de empeños”.
Según el líder popular, el modelo constitucional se basa en la solidaridad entre territorios. Es decir, quienes más recursos tienen ayudan a quienes cuentan con menos. Por tanto, alterar ese principio supone, a su juicio, abrir una brecha territorial. También genera desconfianza entre comunidades. En consecuencia, el PP reclama un debate multilateral, con todas las autonomías implicadas.
Las críticas no se han quedado solo en Feijóo. El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha elevado el tono al calificar el pacto como un “caso claro de corrupción política”, al considerar que se usa el dinero público para asegurar la continuidad de Sánchez en el poder. Según Bravo, el acuerdo no figuraba en el programa electoral del PSOE y responde exclusivamente a intereses políticos, según Europa Press.
Desde Génova también se ha reclamado que sean la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ex portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quienes expliquen públicamente los detalles del pacto. Ambas, recuerdan, serán candidatas en próximas citas electorales y deberán dar la cara ante los ciudadanos.
El PP contrapone a este acuerdo su propia propuesta de financiación autonómica, presentada en septiembre de 2024 y respaldada por todos sus presidentes autonómicos. Un modelo multilateral, con un fondo transitorio y criterios comunes, que permitiría aprobar un nuevo sistema en un plazo de un año si Feijóo llega al Gobierno.
Más allá del debate técnico, el enfrentamiento revela una fractura política profunda. Para el PP, el pacto con ERC no es solo una cuestión presupuestaria, sino un símbolo de cómo, a su juicio, el Ejecutivo está dispuesto a negociar principios básicos para mantenerse en el poder. Una acusación que vuelve a colocar la igualdad entre españoles en el centro del debate político nacional.