El Banco de España revisará al alza la inflación y recortará su previsión para el PIB de 2023

Avisa de que las presiones inflacionistas están siendo muy elevadas y persistentes, generando caídas de las rentas reales significativas

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha anticipado este lunes que el organismo prevé revisar a la baja sus estimaciones sobre el crecimiento económico en 2023 y al alza las previsiones sobre la inflación para los años 2022, 2023 y 2024, en línea con las realizadas para la zona euro.

Durante su intervención este lunes en la Cátedra Fundación La Caixa Economía y Sociedad, el gobernador ha confirmado que el Banco de España actualizará sus proyecciones a principios de octubre. Las últimas publicadas en junio anticipaban un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 4,1% en 2022, 2,8% en 2023 y 2,6% en 2024. Por su parte, se proyectaba una inflación del 7,2% en 2022, 2,6% en 2023 y 1,8% en 2024.

Pero, las últimas previsiones de Consensus Forecasts, correspondientes al mes de septiembre, proyectan un crecimiento en España del 4,3% para 2022, estable respecto al mes de junio, y del 1,6% en 2023 (frente al 3% previsto en junio). En cuanto a la inflación, se proyecta una tasa promedio del 8,8% y 4,1% en 2022 y 2023, respectivamente, 1,3 puntos porcentuales y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente, por encima de las proyecciones de junio.

En concreto, Hernández de Cos ha alertado de que se percibe cierta moderación del dinamismo del empleo en el tercer trimestre del año, mientras que el resto de los todavía “escasos” indicadores cuantitativos disponibles para este periodo, como las matriculaciones de automóviles, el índice del comercio al por menor o el índice de producción industrial “tienden a confirmar la pérdida de impulso de la actividad”.

Además, el gobernador ha recordado que la recuperación en España tras el impacto de la pandemia sigue siendo incompleta, a diferencia del caso de la zona euro. Da fe de ello el hecho de que aún persista una brecha negativa del producto con respecto a los niveles prepandemia (en concreto, de -2,2 puntos porcentuales), mientras que esa brecha es ya positiva (de 1,8 puntos) en la eurozona.

Caídas a causa de la inflación

Durante su discurso, el gobernador ha advertido de que las presiones inflacionistas están siendo muy elevadas y persistentes, generando “caídas de las rentas reales significativas”. “La magnitud del incremento de la inflación no tiene precedente reciente”, ha señalado.

En concreto, en el área del euro, el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC) se situó en el 9,1% en agosto. En España, se ha incrementado desde tasas ligeramente negativas a finales de 2020 hasta el 10,5% en agosto de 2022. Como referencia, para encontrar una aceleración similar hay que remontarse hasta 1977.

Y ello a pesar de que las medidas adoptadas en España para contener el alza de los precios energéticos han reducido en 1,8 puntos porcentuales la inflación total en ese período, según el Banco de España.

Con este escenario, Hernández de Cos ha señalado que el avance de la remuneración por asalariado se situó en España en el 4,8% en el segundo trimestre, muy por debajo de la inflación. “La pérdida de poder adquisitivo de los hogares es muy significativa”, ha explicado el gobernador, quien, por el lado de los márgenes empresariales ha señalado que muestran una relativa estabilidad.

Para hacer frente a este fenómeno, el gobernador ha defendido las decisiones en política económica que está adoptando el Banco Central Europeo (BCE) con la subida de tipos y ha anticipado que asegurar el retorno de la inflación al objetivo del 2% a medio plazo “exigirá incrementos adicionales de los tipos de interés”.

Pacto de rentas

Según ha advertido, uno de los elementos de riesgo en este escenario es el relativo a posibles efectos de segunda ronda, que por ahora no se estarían produciendo. Por ello, ha vuelto a insistir en la necesidad de que agentes sociales alcancen un pacto de rentas.

En este marco, se debería acordar el reparto de costes entre las empresas, que habrían de aceptar una reducción de sus márgenes unitarios, y los trabajadores, cuyo poder adquisitivo “no podría mantenerse intacto”, según el gobernador.

El eventual pacto de rentas debería evitar que las medidas sean de aplicación excesivamente general y contemplar compromisos plurianuales concernientes a los incrementos salariales y la evolución de los márgenes.

En este sentido, considera “deseable” evitar fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguarda, para reducir el riesgo de que se desencadene una realimentación entre los incrementos de los salarios y los de los precios.

Cuentas públicas

En el caso de España, el refuerzo de la sostenibilidad de las cuentas públicas requiere adoptar una estrategia de medio plazo, que parta de la definición inmediata de un plan de consolidación fiscal plurianual para su ejecución una vez superados los efectos económicos de la pandemia y de la guerra en Ucrania.

“Dicho plan debería contar con un amplio consenso político, y acompañarse de una revisión de la eficiencia del gasto público y del sistema impositivo e incorporar a todos los niveles de las Administraciones Públicas”, ha reiterado el gobernador.

¿Endurecimiento financiero?

Con el escenario actual, el gobernador ha advertido de que el endurecimiento de las condiciones de financiación puede incrementar la presión financiera soportada por algunas empresas y hogares. Para España, se estima que, dado el incremento observado en los tipos de mercado, el peso de los gastos financieros sobre los resultados económicos antes de intereses de la empresa mediana endeudada aumentaría, a corto plazo, entre 2,5 y 5,6 puntos, según el porcentaje de deuda y créditos que se refinancien a corto plazo.

En el caso de los hogares, se estima que la proporción de familias con deuda que pasarían a tener una carga financiera neta elevada aumentaría en España casi 4 puntos.

Por último, el gobernador ha explicado que, incorporando las actuales expectativas de aumento de los tipos de interés, la carga financiera de la deuda pública aumentaría en España desde el 2,2% del PIB a cierre de 2021 al 2,6% en 2024.