Los bolsonaristas invadieron las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo el día ocho de enero como protesta ante la presidencia de Lula Da Silva
Lo sucedido en Brasil el día ocho de enero recuerda al asalto al Capitolio de Estados Unidos. El pasado domingo, los seguidores de Bolsonaro, que estaban acampados en el Cuartel General del Ejército desde que el expresidente perdió las elecciones del 30 de octubre, asaltaron el Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo en la capital en un claro desafío a la ‘legitimidad’ de la presidencia de Lula Da Silva.
En la mira de las autoridades como presunto responsable se encuentra el exministro de justicia durante el gobierno de Bolsonaro, Anderson Torres; que pasó a ser el jefe de seguridad del Distrito Federal el 2 de enero y que, casualmente estaba en Estados Unidos en el momento del asalto. Según el juez, Alexandre de Moraes, Torres despidió a sus subordinados y se fue del país antes del motín, una indicación de que estaba sentando deliberadamente las bases para el asalto de los bolsonaristas.
El exministro tiene una orden de arresto a su nombre, publicada el viernes, aunque ha negado las irregularidades y dijo el 10 de enero en Twitter que interrumpiría sus vacaciones para regresar a Brasil y presentar su defensa, de no ser así Brasil iba a solicitar su extradición. Sin embargo, el sábado el exministro ha sido detenido a su llegada a Brasilia, la capital del país, en un vuelo procedente de Estados Unidos.
Jair Bolsonaro, bajo investigación
Además, la Corte Suprema de Brasil ha acordado investigar si el expresidente Jair Bolsonaro incitó la actuación de la multitud perteneciente a un movimiento extremista que él mismo ayudó a construir.
El expresidente, publicó un vídeo en Facebook, dos días después del motín, en el que afirmaba que Luiz Inácio Lula da Silva no fue elegido por el pueblo, sino que fue elegido por la Corte Suprema y la autoridad electoral de Brasil. El vídeo fue borrado al día siguiente pero, según la Fiscalía, es más que suficiente para justificar la investigación.
El expresidente aún no se ha pronunciado pero su abogado, Frederick Wassef, sí emitió un comunicado en el que afirma que el expresidente “nunca tuvo ninguna relación o participación con estos movimientos sociales espontáneos” y que además “rechaza con vehemencia los actos de vandalismo y destrucción causadas el 8 de enero”, finalizó.
Desde su salida como mandatario a finales de diciembre, Bolsonaro ha mantenido un perfil bajo, estableciendo su residencia en Orlando, Florida (Estados Unidos). Incluso se ausentó de la toma de poder de su sucesor el 1 de enero.
De hecho, desde que perdió las elecciones del 30 de octubre se ha mantenido en silencio aún cuando con anterioridad estaba cuestionando la legitimidad del sistema electoral brasileño y la elección de Lula. Sin embargo, los resultados de las elecciones fueron reconocidos como legales por diferentes políticos, incluidos algunos afines a Bolsonaro.