Condenado a 18 años de prisión el hombre que envió seis bombas al presidente y la ministra de Defensa

El acusado, de 76 años, confeccionó los artefactos explosivos en su domicilio en Miranda de Ebro y los envió en sobres de cartón

La Audiencia Nacional ha condenado a 18 años de cárcel al acusado de enviar seis sobres con artefactos explosivos en noviembre de 2022 a varias figuras importantes, incluidos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, los directores del Centro de Satélites de la UE en Torrejón de Ardoz y de la empresa de armamento Instalaza en Zaragoza, y los embajadores de Estados Unidos y Ucrania en España. Estos artefactos fueron desactivados, excepto el enviado a la Embajada de Ucrania, que hirió a un empleado de seguridad.

En la sentencia, los magistrados condenaron a P.G. a diez años de prisión por un delito de terrorismo y a ocho años por la fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos con finalidad terrorista. Los jueces determinaron que el acusado tenía la intención de causar una gran conmoción en la sociedad española para presionar a los gobiernos de España y Estados Unidos y otras entidades a dejar de apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia.

El acusado, de 76 años, confeccionó los artefactos explosivos en su domicilio en Miranda de Ebro, Burgos, y los envió en sobres de cartón a finales de noviembre de 2022. Los explosivos, contenidos en cajas de madera que detonaban al abrirse, eran suficientemente potentes para causar lesiones de diversa gravedad.

Las pruebas contra el acusado incluyen la adquisición de sobres, etiquetas, herramientas y componentes para fabricar los artefactos. En su domicilio se encontraron herramientas con restos de sustancias químicas coincidentes con los explosivos. Además, durante la vigilancia previa a su detención, se observó que se deshacía de fragmentos de tornillos, brocas, tubos metálicos y cerillas usadas en la fabricación de los explosivos.

Consultó información para elaborar los explosivos

El análisis de sus dispositivos electrónicos reveló que había consultado información sobre explosivos, datos personales de sus objetivos y detalles sobre las consecuencias de sus actos. También se encontraron pruebas de sus intereses en las noticias y comunicaciones rusas, lo que apunta a su afinidad con Rusia y oposición a la ayuda a Ucrania.

Las pericias gráficas demostraron que las direcciones en los sobres y etiquetas coincidían con la escritura del acusado, y el análisis de ADN identificó su perfil genético en varios de los artefactos. Esto confirmó su responsabilidad en la fabricación y envío de los explosivos, incluso en el caso del artefacto dirigido a la ministra de Defensa, donde no se hallaron restos de ADN.

El tribunal concluyó que el envío de los artefactos explosivos tenía el objetivo de lesionar a los destinatarios y causar una conmoción en la sociedad, provocando medidas de seguridad que alterarían la vida cotidiana y crearían alarma. Este propósito, junto con la intención de cesar la ayuda a Ucrania, configura el delito de terrorismo según el Código Penal. La instalación de aplicaciones de noticias rusas en su teléfono, inaccesibles por las restricciones impuestas a Rusia, refuerza la motivación política de sus actos.