La juez que indaga la ‘Operación Cataluña’ crea un equipo policial para “esclarecer” la extorsión a la BPA

Los imputados en el procedimiento, el ex presidente Mariano Rajoy y el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya se han personado en la causa

La juez Stéphanie Garcia que instruye la causa relativa al fragmento andorrano de la ‘Operación Cataluña’, en una providencia del 23 de mayo de 2022 a la que ha tenido acceso FUENTES INFORMADAS, ha designado a un equipo de la unidad policial especializada en delitos económicos y financieros para “hacer todas las investigaciones oportunas” con el fin de “esclarecer la verdad” sobre el caso que afecta a la Banca Privada d’Andorra (BPA) como perjudicada por coacciones. Asimismo, se ha conocido que algunos de los imputados, entre ellos, el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se han personado ya en la causa.

La jueza Stephanie Garcia, titular de la Sección Especializada de Instrucción nº 2 de la Justicia de Andorra, ha encomendado prestar “funciones de auxilio judicial” a ese equipo policial especializado. Así, la jueza instructora, en cumplimiento de las Comisiones Rogatorias Internacionales remitidas a principios de junio del 2022 a España, ha dado luz verde a la policial judicial de delitos económicos y financieros de Andorra para que contacte con cualquier policía extranjera, en concreto, se refiere especialmente a “los cuerpos judiciales españoles”.

La personación como parte de la causa de Rajoy y Fernández Díaz se traduce en que han recibido la documentación que incluye la querella contra ellos por, presuntamente, haber ido contra la soberanía del Principado. En ese sentido, se han visto obligados a nombrar un abogado en Andorra para que les defienda.

Por el momento, según apunta el diario Altaveu, no se sabe quiénes son el resto querellados. Sí que ha trascendido que, además de Rajoy y Fernández Díaz, también están imputados Cristóbal Montoro, Francisco Martínez, Ignacio Cosidó y algunos miembros de la brigada patriótica que también se habrían personado en el procedimiento judicial. De hecho, tampoco se sabrá hasta el instante en que se asignen los letrados para defender a los encausados. Sin embargo, esto no ha de ser público necesariamente.

Ahora se otorga a ese equipo policial un rol clave: el de analizar pormenorizadamente los ilícitos penales en los que se hubiera podido incurrir en una supuesta operación criminal destinada a frenar el independentismo catalán, que en ese momento planteaba un desafío al Estado español que acabó culminando en el referéndum del 1 de octubre año 2017.

El equipo que ha recibido el encargo de la jueza está formado por los mismos policías que tomaron declaración al empresario Rafael Pallardó. La instructora quiere saber también qué elementos incriminatorios utilizó la policía patriótica para proceder contra el antiguo CEO de la BPA, Joan Pau Miquel. El antiguo gerente de la BPA pasó 23 meses en la cárcel, acusado de delitos que después se han revelado falsos.

Una trama presuntamente financiada por el emérito, según Villarejo

La Operación Cataluña hace referencia a una trama que tejió entre 2012 y 2016 el Gobierno español de entonces -presidido por Mariano Rajoy, imputado en esta causa junto a Fernández Díaz por unos audios que reprodujo en exclusiva este medio- inundó de mentiras al Ejecutivo de Estados Unidos, por medio del FBI, arguyendo que en Andorra, en general, se blanqueaba dinero de ciudadanos venezolanos y rusos. Algo que posteriormente se reveló como falso, pero que tenía la intención de que el FinCEN emitiese la citada nota dando la voz de alarma para la intervención de la BPA. De hecho, tal y como se hacía eco este medio, recientemente un guardia civil se ha atribuido la intervención del FinCEN contra la entidad bancaria andorrana.

Finalmente, ni ese aviso o nota (notice) inicial que el organismo dependiente del departamento del Tesoro americano emitió un año después dejando sin efecto las sospechas lanzadas contra BPA. Toda una operación de desprestigio hacia la entidad que no se correspondía con la realidad y que le trajo innumerables perjuicios económicos que casi le han llevado a la quiebra.

Recientemente, por las coacciones a la BPA la citada juez de Andorra reactivó una querella de accionistas de la BPA por seis delitos y decidió imputar a Rajoy y a Jorge Fernández Díaz. Aparte de los citados dirigentes, figuran como investigados Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, e Ignacio Cosidó, el antiguo director general de la Policía. Este último prohibió en 2014 al comisario José Manuel Villarejo investigar las cuentas que varios miles de personas, entre ellos, unos 3.000 catalanes, tenían en el AndBank de Andorra puesto que había sospechas de que entre ellas figuraba una «del emérito» (don Juan Carlos I), conforme explica Villarejo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en otro audio divulgado en exclusiva por FUENTES INFORMADAS.

La querella contiene acusaciones de delitos de amenazas, extorsión, chantaje, coacciones y falsedad documental. Las presiones maquinadas contra la BPA desencadenaron su intervención y, tras siete años de gestión pública, su ruina. Los principales accionistas exigen ahora a los Gobiernos de España y Andorra un total de 642 millones de euros en concepto de indemnización.

De todo ello se aprovechó el Gobierno de Andorra para intervenir la BPA, una entidad que de ser una de las más rentables de Europa, ahora, tras siete años de gestión del Gobierno andorrano, arrastra pérdidas de 500 millones. A su vez, el Gobierno de Rajoy intervino el Banco de Madrid, filial de la BPA, cumpliendo así la amenaza (escuchar los audios publicados en exclusiva por FUENTES INFORMADAS) de la policía patriótica de que la BPA y el Banco de Madrid tendrían serios problemas de intervención si no les daban las cuentas de los secesionistas catalanes, que en realidad no estaban en esta entidad sino en la rival, Andbank. Pero esta última entidad, sin embargo, eludió la intervención gracias a las conexiones de algunos directivos con el Gobierno del Principado.

En ese contexto, ante la posibilidad de que interviniendo Andbank cualquier investigación acabara salpicando el rey Juan Carlos I, se trazó un plan. Este consistía en arremeter contra la BPA con el pensamiento erróneo de que en esta entidad bancaria habría depósitos bancarios no solo de la familia del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, sino también otros líderes soberanistas como Artur Mas u Oriol Junqueras.