La reforma de la malversación que persigue Sánchez favorece a 12 independentistas y a otros corruptos

Las enmiendas anunciadas por ERC y Podemos a la reforma del Código Penal obligarían a revisar cientos de sentencias en varios tribunales

La posibilidad de una reforma del delito de malversación, tal y como han anunciado Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cada vez es más real. Las enmiendas de la proposición de ley que registrarán ambos partidos para modificar el Código Penal (CP) podría favorecer a una decena de líderes independentistas. Entre los beneficiados, el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y otros condenados por el ‘caso ERE’, así como la posible revisión de las condenas de varios implicados en la trama ‘Gürtel’ o el ‘caso Noos’. Entre los dirigentes secesionistas se encontraría el exvicepresident catalán Oriol Junqueras.

Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press mantienen que el principio de retroactividad a favor del reo obligaría a revisar las condenas dictadas por malversación para estudiar los efectos de la reforma señalada. De esta forma, se podrían ver reducidas las penas por este mismo tipo penal al encaje de los hechos delictivos en otros tipos. Hechos como los de apropiación indebida o administración desleal, en función de cómo quedara redactada la reforma penal.

Actualmente el CP castiga la malversación en su artículo 432 con penas de entre 2 y 12 años de cárcel a los que teniendo facultades para administrar patrimonio público “las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”. No han trascendido todavía detalles de las penas que se proponen para la configuración de la nueva malversación.

Junqueras entre los beneficiados

Entre las personas que se beneficiarían de dicha reforma estarían los cuatro líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS) por sedición y malversación. La condena del Alto Tribunal estableció el ilícito penal de sedición en concurso medial con la malversación de caudales públicos, es decir, el segundo delito era el condición necesaria para cometer el primero. De los acusados, Junqueras, que recibió 13 años de cárcel y otros 13 de inhabilitación; y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación.

En su caso, recibieron el indulto por parte del Gobierno, pero siguen vigentes las penas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y sufragio pasivo. Igualmente, habrá que ver si finalmente las Cortes Generales aprueban la proposición de ley que pretenden registrar los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos para eliminar la sedición. La derogación de ese delito traerá consigo la creación de un nuevo tipo, el de “desórdenes públicos agravados“, anunciado por el Ejecutivo la semana pasada.

De momento, para la modificación de la sedición, según se ha desvelado, con el auspicio del bloque de investidura, el Gobierno aúna 185 apoyos, un mayoría absoluta holgada. Un caso distinto será para la malversación, que se tendrá que negociar.

Impacto en el caso de Puigdemont y otros huidos

Además de los ya condenados, esta reforma afectaría al expresident catalán Puigdemont . Además de los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, prófugos de la justicia pero reclamados por el instructor del procés, Pablo Llarena, por malversación y sedición.

De hecho, esta modificación ayudaría a que la extradición por esos ilícitos penales de dichos exdirigentes independentistas fuera más fácil. La razón es que no existe en el entorno europeo un delito asimilable a la sedición, que está en el apartado de los desórdenes públicos y no va contra la Constitución, como el de rebelión. De ahí, que el Gobierno justifique la reforma en la adaptación a estándares europeos penales y lo achaque a un asunto de derecho comparado. El más parecido a la rebelión existe en Alemania y se denomina alta traición, que exige también el uso o la amenaza de violencia.

A ellos se sumarían también, los ex altos cargos de las consejerías de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por la organización del referéndum ilegal del 1-O.

Griñán y Urdangarín, posibles beneficiados

También podría verse beneficiada una decena de personas que fueron condenadas por la gestión de los ERE de Andalucía, incluido Griñán. El pasado septiembre, el Tribunal Supremo confirmó para todos ellos penas de prisión de hasta 7 años y 11 meses de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos.

Además de Griñán, constan los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exdirector de Trabajo Juan Márquez, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano. El Supremo avaló la tesis de que eran conocedores o conscientes del “sistema ilegal” implantado para conceder los fondos.

Algunos de los condenados por el ‘caso Noos’ podrían verse, por consiguiente, favorecidos con la medida. Entre ellos, el ex duque de Palma y expresidente del Instituto Noos, Iñaki Urdangarin. Fue acusado por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con malversación, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública.

En el marco de este procedimiento también fue condenado el exvicepresidente del Instituto Noos, Diego Torres, por prevaricación en concurso medial con malversación y un delito contra la Hacienda Pública. De prosperar la eventual reforma, podría verse afectada su situación y la del expresidente del Govern Balear, Jaume Matas, también condenado en ‘Noos’.

La malversación, un delito frecuente en la corrupción

Las citadas fuentes subrayan que se trata de un delito clave en la lucha contra la corrupción, por lo que cualquier cambio impactará de lleno en macrocausas de esta índole como ‘Gürtel’, ‘Púnica’ o ‘Lezo’.

De este modo, la revisión afectaría igualmente a los 13 condenados por malversación en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional (AN) por la conocida como Época I de ‘Gürtel’. Entre los beneficiados se encontrarían el cabecilla de la trama, Francisco Correa; su ‘número dos’, Pablo Crespo; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; o el denunciante de ‘Gürtel’, José Luis Peñas.

A ellos se unirían la administradora de parte de las empresas de la trama Isabel Jordán, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, el encargado de la facturación de las compañías de ‘Gürtel’ José Javier Nombela o el ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

También se verían afectadas las condenas impuestas a Correa y Jordán por la AN en otra de las piezas de ‘Gürtel’: la relativa a las actuaciones de la trama en el municipio madrileño en Boadilla del Monte. Entre los hipotéticos beneficiados asimismo se encuentran el exalcalde Arturo González Panero.

Siguiendo con ‘Gürtel’, Crespo y Correa también saldrían ganando en relación a la condena que le impuso la AN por la visita del Papa a Valencia en 2006. Entre los condenados igualmente por este asunto están Álvaro Pérez, alias ‘El Bigotes’, el ex director de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno y el vicepresidente de TECONSA José Luis Martínez Parra.

‘Lezo’ y ‘Púnica’, otros casos similares

En lo relativo a ‘Lezo’, ese cambio afectaría a los acusados que serán juzgados a partir del próximo 24 de mayo en el primer juicio de la causa. Una cita que se centrará en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II (CYII) en el año 2001. Y cuyo objetivo es determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un “sobreprecio” a costa de las arcas públicas.

Entre los posibles beneficiados, los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón. Así como varios técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas y gestores e intermediarios en la operación.

Siguiendo con causas de corrupción, la reforma también afectaría al fallo que se dictará una vez concluya el juicio por las presuntas actuaciones de ‘Púnica’ en León que arrancó la pasada semana en la AN y que sienta en el banquillo de los acusados al supuesto ‘conseguidor’ de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, así como a dos excargos del Partido Popular en esa provincia, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el ex jefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez.