El magistrado había suspendido temporalmente al comisario por una demanda que habían interpuesto contra él dos mujeres
El pasado jueves al mediodía, en la pequeña localidad de Whitesburg, Kentucky (Estados Unidos), ocurrió un trágico incidente en el Palacio de Justicia. El sheriff del condado de Letcher, Shawn “Mickey” Stines, de 43 años, presuntamente disparó y mató al juez federal de distrito, Kevin Mullins, de 54 años, tras una acalorada discusión en el despacho del magistrado. Stines, quien se entregó pacíficamente después de los hechos, fue acusado de asesinato en primer grado, según informó la Policía del Estado de Kentucky.
El sheriff Stines y el juez Mullins habían trabajado juntos durante años. Stines había sido alguacil de Mullins y era responsable de su seguridad. Sin embargo, la relación profesional se deterioró drásticamente cuando el juez Mullins suspendió temporalmente a Stines de sus funciones. Esto ocurrió días antes, a raíz de una demanda federal presentada contra el sheriff y uno de sus exsubordinados, Ben Fields, por dos mujeres: Sabrina Adkins y Jennifer Hill, quienes lo acusaron de conductas sexuales inapropiadas.
Adkins había denunciado que Fields, encargado de supervisar su arresto domiciliario, la coaccionó para mantener relaciones sexuales a cambio de favores, como no cobrar las tarifas del dispositivo de vigilancia electrónica. Según la demanda, estos abusos ocurrieron en repetidas ocasiones, incluso en la oficina del juez Mullins, donde Fields llevó a Adkins para encuentros clandestinos. Hill, por su parte, acusó a Fields de mentir sobre el incumplimiento de sus medidas cautelares cuando ella rechazó sus avances sexuales.
Delitos graves
El agente Fields fue finalmente juzgado y condenado por varios delitos graves, incluidos violación y sodomía, aunque solo cumplió seis meses de cárcel antes de ser liberado bajo libertad condicional. A pesar de esto, la demanda contra el sheriff Stines siguió adelante, acusándolo de no haber supervisado adecuadamente a su subordinado. Adkins afirmó que las denuncias contra Fields no fueron investigadas debidamente, lo que involucró indirectamente al sheriff en los abusos.
Durante el proceso judicial del lunes, los abogados de Stines defendieron que el sheriff actuó de buena fe y que los delitos presuntamente cometidos por su subordinado ya habían prescrito. Además, invocaron la inmunidad soberana, una doctrina que protege a los oficiales de ser demandados por acciones realizadas en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, el juez Mullins no aceptó estos argumentos y, como consecuencia, depuso a Stines, lo que terminó afectando gravemente su carrera y, posiblemente, precipitó la tragedia que ocurrió días después.