Un informe de la Guardia Civil desmonta 'pinchazos' ilegales

Los investigadores creen que las defensas de los detenidos tratan de socavar las diligencias de la operación Águila-Frozen

Un informe interno de la Guardia Civil de Tres Cantos desmonta con contundencia las acusaciones de seguimientos y escuchas ilegales dirigidas contra un brigada del instituto armado.

Según este informe, al que ha tenido acceso este periódico y que ha avanzado Confilegal, estas acusaciones tienen como objetivo socavar la Operación Águila-Frozen, una investigación en curso sobre narcotráfico dirigida por el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

El informe revela que no se han instalado balizas de seguimiento a individuos investigados sin la debida autorización judicial, que no se han falsificado actas de seguimiento ni se ha interrogado ilegalmente a un detenido en un vehículo policial.

Según la Guardia Civil, todo esto forma parte de un plan diseñado por las defensas de los detenidos en la Operación Águila-Frozen con el objetivo de desacreditar tanto la investigación como a las personas involucradas en la misma.

Este detallado informe fue elaborado por el teniente jefe del Área de Asuntos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, con sede en la Comandancia de Tres Cantos. El propósito es perturbar la investigación.

La Operación Águila-Frozen, que se entregó al mencionado magistrado en 2021, fue llevada a cabo por el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ y el Grupo de Blanqueo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La operación se centraba en delitos relacionados con tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales, y derivó en la detención de 33 personas pertenecientes a la organización criminal «Skin».

Además, se incautaron importantes cantidades de cocaína (239 kilos de gran pureza), hachís (1 kilo) y (24 kilos de otras sustancias, así como armas de fuego 2 pistolas, 1 revolver y una carabina), 667.000 euros en efectivo, 56 vehículos de alta gama, se bloquearon 36 inmuebles, con un valor catastral de 11,5 millones de euros, 73 vehículos a motor y 154 productos financieros (cuentas bancarias, depósitos, fondos de inversión, etc.) por valor de 721.000 euros.

El caso se basa en supuestas conversaciones mantenidas por el brigada jefe de Delitos Económicos, quien actuó como secretario en la Operación Águila-Frozen, con una mujer que se cree está vinculada a la organización «Skin». Según el informe, estas conversaciones se utilizaron para socavar la investigación.

El brigada afirmó que había exagerado sus comentarios con la intención de obtener información de la mujer como parte de una estrategia policial, una vez que se confirmó su conexión con la organización investigada. La mujer, a su vez, afirmó que había grabado las conversaciones y que las entregó a B V, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid, B. V., quien supuestamente también estaba vinculado a «Skin». Esta denuncia posteriormente se hizo pública a través de diversos medios de comunicación en julio.

Conclusión

El informe concluye que estas acciones fueron presuntamente orquestadas por M. B. M. y su hermano, J. M., ambos detenidos en la Operación Águila-Frozen, con el propósito de sabotear el procedimiento en curso en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Además, se buscaba sembrar dudas sobre las pruebas presentadas en su contra y desmotivar a los investigadores.

En resumen, el informe de la Guardia Civil demuestra que no se han infringido los procedimientos legales en la Operación Águila-Frozen.

Las acusaciones de interrogatorios ilegales y seguimientos no autorizados se consideran infundadas y parten de una estrategia de defensa de los investigados para desacreditar la investigación y a quienes la llevaron a cabo. El magistrado Santiago Pedraz ha decidido remitir estos hechos a un juzgado de instrucción ordinario, al considerar que no caen bajo su jurisdicción.