Tres años de prisión para un joven de 26 años que propuso relaciones sexuales a dos menores a cambio de dinero

El condenado deberá indemnizar con 600 euros a cada una de las chicas y no podrá aproximarse a menos de 300 metros

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha ratificado una condena de tres años de prisión impuesta a un vecino de Madrid, de 26 años, quien solicitó relaciones sexuales a cambio de dinero a dos menores de edad a través de Instagram. Esta sentencia, emitida en abril por la Audiencia Provincial de Navarra, también incluye la prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas, así como la imposición de indemnizaciones. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

El condenado deberá indemnizar con 600 euros a cada una de las menores y no podrá aproximarse a menos de 300 metros ni comunicarse con ellas durante tres años. Además, tras cumplir la condena de prisión, se le impondrá una medida de libertad vigilada por un plazo de siete años: cinco por un delito y dos por el otro.

Los hechos se remontan a enero de 2022, cuando el acusado contactó a una menor de 13 años a través de Instagram y le ofreció dinero, entre 300 y 900 euros, a cambio de mantener relaciones sexuales. La menor informó a una amiga de la situación, y ambas decidieron responder al acusado, quien continuó con sus proposiciones sexuales, a pesar de saber que una de las menores tenía 13 años y la otra entre 16 y 17. En ocasiones, también envió fotos y vídeos de contenido sexual.

La Audiencia Provincial consideró los hechos como constitutivos de dos delitos de solicitud de relaciones sexuales con menores de edad, imponiendo dos años de prisión por el delito relacionado con la menor de 13 años y un año por el relacionado con la menor de 17 años.

Indicios incriminatorios

El TSJN desestimó el recurso presentado por la defensa y subrayó los indicios incriminatorios, entre los que se incluyen los ofrecimientos sexuales a cambio de dinero, llevados a cabo desde un perfil de Instagram vinculado a un correo electrónico registrado a nombre del acusado desde 2011. Las conexiones a Internet se realizaron desde un número de teléfono cuyo titular es la madre del condenado, y que corresponde a un domicilio compartido por el procesado, su hermano y su madre.

Además, se comprobó que el acusado tenía antecedentes por delitos similares en otras tres localidades, lo que refuerza las pruebas en su contra.