Anticorrupción y el PP rechazan la libertad de Ábalos y Koldo antes del juicio por las mascarillas

El riesgo de fuga y la gravedad de las penas centran el rechazo a la excarcelación de los acusados a las puertas del juicio

El caso de las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia continúa avanzando en el Tribunal Supremo, marcado por una decisión clave: la posible puesta en libertad de los principales acusados. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular han solicitado que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García permanezcan en prisión provisional hasta la celebración del juicio.

Ambos se encuentran en la cárcel desde finales de noviembre, cuando el juez instructor acordó esta medida ante un riesgo considerado “extremo” de fuga, además de la gravedad de los delitos que se les imputan y la proximidad del juicio oral. Desde entonces, sus defensas han solicitado la libertad, alegando arraigo familiar y social, pero estas peticiones han sido rechazadas por las partes acusadoras.

El fiscal jefe de Anticorrupción ha argumentado que la prisión provisional sigue siendo la medida más adecuada para evitar que los acusados puedan eludir la acción de la justicia. En su escrito, destaca la existencia de indicios sólidos, así como la elevada pena a la que podrían enfrentarse, factores que incrementan el riesgo de que intenten huir.

En concreto, la Fiscalía solicita penas de hasta 24 años de prisión para Ábalos y casi 20 años para Koldo García por delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho o malversación. Estas cifras reflejan la magnitud del caso y refuerzan la posición de quienes consideran imprescindible mantener la medida cautelar.

El riesgo de fuga centra el debate judicial

Uno de los puntos clave en este proceso es la valoración del riesgo de fuga, un elemento determinante para decidir si los acusados deben permanecer en prisión o pueden esperar el juicio en libertad. Tanto la Fiscalía como el PP coinciden en que este riesgo no solo persiste, sino que incluso se ha intensificado con el avance del procedimiento.

Desde las acusaciones populares se subraya que el arraigo alegado por los acusados no es suficiente para garantizar su permanencia en España, especialmente teniendo en cuenta la inminencia del juicio y la gravedad de las posibles condenas. Además, recuerdan que el tribunal ha rechazado recientemente todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, lo que reduce las opciones de una resolución favorable para los investigados.

El juicio, cuya fecha de inicio está prevista para el próximo 7 de abril, se perfila como uno de los procesos más relevantes en materia de corrupción de los últimos años. Se espera que se prolongue durante varias sesiones, en las que se analizarán en detalle los hechos y las responsabilidades de los implicados.

Mientras tanto, la decisión sobre la libertad provisional de Ábalos y Koldo se convierte en un elemento clave que marcará el desarrollo inmediato del caso. Más allá del resultado final, este proceso refleja la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, especialmente en contextos tan sensibles como el de la pandemia.

El desenlace judicial está aún por escribirse, pero el debate sobre la prisión provisional ya ha puesto de manifiesto la tensión entre derechos individuales y la necesidad de asegurar el correcto funcionamiento de la justicia.