Robles y Almeida proyectan un edificio militar cerca de un colegio

El regidor Almeida ha dado luz verde al proyecto, que establece la creación de un gigantesco edificio de 18 plantas y al menos 60 metros de altura. Los tratados internacionales prohíben situar en las poblaciones civiles enclaves militares. Ya hay quejas vecinales

Hace unos meses, en concreto el 22 de septiembre de 2025, este medio informaba que la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el visto bueno del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, proyectaba levantar, en la calle Joaquín Costa, junto al paseo de la Castellana, en los terrenos de más de 24.000 metros cuadrados que ocupa la Escuela Politécnica del Ejército,

En esa mastodóntica construcción, que probablemente dispondrá de varias plantas subterráneas, y cuyo presupuesto inicial supera los 100 millones de euros, se afirma que se instalará un “centro de maniobras” (concepto bastante vago e indeterminado), con alojamientos temporales para más de 8.000 militares.

Y probablemente las instalaciones que albergue ese mamotrético edificio serán de todo tipo, muchas de ellas de comunicaciones, información, análisis, planeamiento, dirección, etc. (es decir, dedicadas a labores no solo logísticas sino de conducción y auxilio al combate y de control y planificación bélica), pues, como en su día informábamos, según la memoria económica del proyecto, registrada por el ayuntamiento que preside Martínez Almeida, uno de los propósitos que justifican la propuesta de Defensa es dotar a ese ministerio de nuevas instalaciones “más adecuadas para sus actividades”.

El informe municipal concluyó que la ejecución de la propuesta del departamento dirigido por Robles como plan especial era “viable económica y financieramente” y sostenible para el ayuntamiento en base a lo exigido por la ley.

Sin embargo, la publicación del plan especial por el ayuntamiento de Martínez Almeida antes de su aprobación definitiva se llevó a cabo, casualmente, el 31 de julio de 2025 (es decir, en plena “operación salida” de vacaciones, cuando pocos ciudadanos prestan atención a estas cuestiones); como decíamos, unas fechas en las que suelen “colarse” por los políticos aquellos asuntos a los que no les interesa que la opinión pública preste atención.

Pero, como poníamos de relieve hace ya casi medio año, era de esperar de las autoridades “competentes” del ministerio de Defensa y del ayuntamiento de Madrid que habrían de conocer, sobre todo las primeras, que España ratificó, en la ya lejana fecha del 11 de abril de 1989, el Protocolo I de 8 de junio de 1977, Adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 (las famosas “Convenciones de Ginebra”, de las que ahora todo el mundo habla con motivo de la guerra entre Irán y los Estados Unidos e Israel).

El Protocolo I Adicional de 1977, para la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, es, pues, un tratado internacional que, al haber sido ratificado por España y publicado en el Boletín Oficial del Estado, forma parte, desde 1989 nada menos, de nuestro ordenamiento jurídico y tiene un rango normativo superior al de una Ley Orgánica.

Eso no puede ser ignorado por aquellas autoridades “competentes” del ministerio de Defensa y del ayuntamiento de Madrid, que deben conocer, sobre todo las primeras, la normativa interna e internacional a la que han de atenerse y deben cumplir.

Y, ante todo, no puede desconocerlo la ministra Robles, que ha sido magistrada del Tribunal Supremo (aunque perdió esa condición al zambullirse en el lodazal de la política, sigue siendo magistrada, pues en España a los jueces que se meten en política se les permite volver a ejercer como tales, inexplicablemente y para escarnio de la mayoría de miembros de la carrera judicial, que procura mantener intacta su imparcialidad y la apariencia de la misma).

Esta “maestra Ciruela”, que de todo (o, mejor, nada) sabe y de todo opina pero que guarda silencio en las cuestiones que, al ser de su competencia, debería aclarar a la opinión pública, no puede seguir fingiendo que ignora que el artículo 58 de ese tratado internacional ratificado por España, que es el Protocolo I Adicional de 1977, dispone imperativamente que “hasta donde sea factible, las Partes en conflicto … b) evitarán situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas”.

Tampoco puede desconocer esta eximia jurista que son objetivos militares, según el artículo 52.2 de ese tratado, “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida” y que “los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares”.

Una ministra impulsiva

Que el carísimo edificio que Robles y sus consejeros proyectan construir en el centro de Madrid es un objetivo militar, dadas su naturaleza y previsibles finalidad o utilización, está claro como el agua clara, como bien conocen la ministra y sus asesores técnicos y jurídicos, aunque para estos es nítido que contradecir «a doña Margarita recordándole la ley» comporta el cese fulminante en su puesto (hasta que los tribunales, como suele ser habitual, corrijan a la impulsiva y visceral magistrada).

Ese proyectado edificio, que estará situado en el barrio de El Viso, distrito de Chamartín, entre las calles Joaquín Costa, Felipe Pérez y González, Carbonero y Sol, tendrá en sus cercanías inmediatas el edificio del Estado Mayor de la Defensa, en la calle Vitrubio, otro patente objetivo militar.

Uno y otro podrán, al contribuir eficazmente a la acción militar, ser legítimamente atacados, con los efectos o daños colaterales que en una zona urbana tan densamente poblada se originarían, en caso de que nuestro país se viera envuelto, directa o indirectamente, en una confrontación bélica.

En suma, con la nueva construcción proyectada (de la que no está claro que la naturaleza, finalidad o utilización que realmente vaya aquella a tener no contribuya, al menos potencialmente, al esfuerzo militar), Robles y Martínez-Almeida hacen recaer caprichosa e innecesariamente sobre los habitantes de la zona un riesgo añadido al ya existente que comporta el edificio del Estado Mayor de la Defensa, riesgo que, con arreglo a la ley, estos no tienen por qué soportar.

Lo que sí parece que pueden estar claros son los intereses que la construcción de nueva planta de una instalación de tal porte puede conllevar, ya que, no es de descartar, dado el nivel de corrupción que devasta España, que su presupuesto inicial previsto llegue a multiplicarse exponencialmente, con los consiguientes beneficios de constructores, suministradores de equipos, comisionistas y demás sanguijuelas de todo tipo que pululan por los despachos de la Administración sanchista y que últimamente acuden como moscas al grato olor del disparado, e incontrolado, presupuesto de Defensa.

Tampoco los servicios jurídicos del ayuntamiento de Madrid pueden desconocer que otorgar licencia para levantar ese edificio implica vulnerar una obligación legal que deriva de un acuerdo internacional.

Y menos aún puede ignorar tal circunstancia un Abogado del Estado como Martínez Almeida, que se supone que conoce el carácter vinculante de un tratado internacional ratificado por España.

Los aparcamientos de Almeida

Aunque, como también hemos tenido ocasión de informar, el alcalde de Madrid parece que está últimamente dedicado más que a defender el interés general de sus conciudadanos a promocionar actuaciones en que aparecen implicadas poderosos mercantiles y fondos dedicados a la construcción de viviendas y, sobre todo, a la lucrativa explotación de aparcamientos (aunque el chasco municipal con la generosa concesión de los del Bernabéu ha sido épico).

Masacre infantil en Irán

Pues bien, recientemente la prensa internacional y nacional ha informado, en el marco de esa cruel guerra que se viene desarrollando entre la República Islámica de Irán de un lado y Estados Unidos e Israel de otro, que, en el curso de ataques por bombardeo de objetivos militares situados en el interior de Teherán, en los que numerosos edificios de viviendas y personas civiles se han visto directa o colateralmente afectados.

Es decir, muertos o heridos y destruidos o dañados), un proyectil impactó en un centro escolar femenino ocasionando el fallecimiento de más de 180 niñas y centenares de heridos.

Daños colaterales, en el mejor de los casos, pero con consecuencias fatales, que es lo que el artículo 58 del Protocolo I Adicional de 1977 trata de evitar al prohibir situar objetivos militares en el interior de las ciudades.

Como decíamos el 22 de septiembre pasado en este digital, no hay que ser muy perspicaz para tener presentes las trágicas y fatales consecuencias que la hoy ya no imprudente sino dolosa decisión de no respetar una obligación internacional asumida por nuestro país pudiera, en los momentos convulsos que vive la comunidad internacional.

Y que parece que van a ser la tónica general durante las próximas décadas, ocasionar a la población civil que reside en las inmediaciones del lugar en que Robles y Martínez Almeida pretenden instalar un objetivo militar.

Vecinos en pie de guerra

Los vecinos ya se han comenzado a movilizar para impedir esta arbitraria decisión, que tanto y tan gravemente puede afectarles, pues se trata de una zona muy densamente poblada, y en las inmediaciones de la cual (en la calle Joaquín Costa) existe un colegio al que asisten centenares de jóvenes, hallándose, junto a la parcela en que se pretende construir el edificio militar, una iglesia a cuyos servicios asisten centenares de fieles.

En definitiva, que casi seis meses después de que este medio diera la voz de alarma sobre las gravísimas consecuencias de instalar, de nueva planta, un objetivo militar en pleno centro de Madrid, la triste y cruel realidad de la guerra en Oriente Medio ha venido a confirmar las razones que aducíamos para que Robles y Martínez Almeida reconsideraran su decisión, absteniéndose de colocar ese edificio en el lugar que pretenden.

Las necesidades reales de la defensa de España deben, sin duda, ser debida y prontamente atendidas.

Pero ello ha de hacerse sin vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España que tratan de evitar, en lo posible, el riesgo para personas y bienes civiles que puedan derivarse del uso de las armas durante un conflicto bélico.