Hoy: 23 de noviembre de 2024
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este viernes de que la reforma del delito de malversación “no está sobre la mesa” porque “el debate no está planteado”, en referencia a que no se contempla en la proposición de ley registrada por los partidos de la coalición de Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- hace una semana.
“Es un debate que no se ha abierto, que no está planteado”, ha reiterado en una entrevista en La 2 y Radio 4 recogida por Europa Press, en la que ha solicitado dejar que la tramitación parlamentaria siga su curso. Asimismo, ha asegurado que de presentarse una enmienda en este sentido, los socialistas la estudiarán y emitirán un posicionamiento al respecto. También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pronunció en ese sentido.
El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, informó de que se encontraban manteniendo conversaciones con los grupos parlamentarios integrantes del Ejecutivo para retocar este delito. Aludió a medidas “quirúrgicas”, algo que por el momento no ha confirmado ningún miembro del Gobierno.
El presidente de la Generalitat de Cataluña y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, defendió este lunes reformar el delito de malversación durante la tramitación parlamentaria de la modificación del Código Penal que deroga la sedición. Por su parte, el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, vinculó pactar los Presupuestos de la Generalitat de 2023 con el PSC a dicha modificación.
La ministra ha pedido al Govern “que no se conforme con una prórroga” de las cuentas catalanas y que las trabaje más, al tiempo que ha censurado que se opusiera a la negociación con los socialistas.
La Junta de Portavoces del Congreso se reúne este viernes para confeccionar el orden del día de la sesión plenaria del próximo jueves que acogerá el debate de toma en consideración de la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos hace sólo una semana, el pasado 11 de noviembre, para la supresión de delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés.
Esta reforma del Código Penal, que incluye también la trasposición de varias directivas europeas y un agravamiento de penas por ocultación de cadáver, va a ser objeto de una tramitación exprés con el objetivo de que esté definitivamente aprobada antes de que acabe este año.
Al haberse optado por una proposición de ley de los grupos en lugar de por un proyecto de ley del Gobierno no ha sido necesario solicitar informes al Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que también ha acortado el proceso.
El texto, que consta de 21 páginas, dos artículos (uno de ellos con 19 nueve apartados) y hasta nueve disposiciones, se registró el pasado viernes y la Mesa de la Cámara le dio su visto bueno el lunes, con el voto en contra del PP y Vox. También se aprobó su tramitación por el trámite de urgencia, lo que reduce todos los plazos a la mitad.
Tras calificarse por parte de la Mesa, el Congreso la remitió al Gobierno para que diera su conformidad a su debate, pues el Ejecutivo tiene capacidad de veto para iniciativas legislativas que considere que alteran su política presupuestaria, sea por merma de ingresos o por exceso de gastos. Moncloa cuenta con un plazo máximo de 30 días para responder al Congreso pero en este caso le sobraron 29 porque al día siguiente ya llegó el escrito avalando su tramitación.
El siguiente paso es que la Junta de Portavoces ponga fecha a su toma en consideración. La semana que viene se ha reservado para el debate en Pleno del dictamen de la comisión sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y para modificar ese orden del día se requiere una unanimidad que se torna imposible por el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos a la reforma del Código Penal.
Por último, lo que hará la Junta de Portavoces este viernes será convocar una nueva sesión plenaria que se celebrará el jueves 24, una vez finalice la dedicada a los Presupuestos.