Periodistas tránsfugas

RAFAEL FRAGUAS

Urge acometer la consecución de una Administración pública que funcione eficiente y velozmente

Asistimos a un reciente y acentuado desplazamiento de escritores de periódicos y de periodistas desde unos medios a otros. Tal fenómeno puede interpretarse de distintas formas. La primera, como si obedeciera a movimientos naturales fruto del libre albedrío de aquellos, a la hora de apartarse de un medio y encaminarse a otro por preferencias personales; por ejemplo, de tipo salarial o contractual, opciones siempre legítimas.

La segunda interpretación, se adentra en otra dimensión, netamente ideológica e igualmente legítima: el escritor o periodista inserto en un medio cualquiera, discrepa de la línea editorial, que considera alterada desde su ingreso previo y decide emigrar a otro medio.

¿Por qué lo hace? Generalmente, por considerar que el medio ha cambiado su línea y tal mutación le incomodaba por razones diversas. Pocas veces el tránsito emprendido se explica por la propia mutación ideológica personal del escritor de periódicos o periodista concernido. Ese cambio tiene claves casi siempre evolutivas –o involutivas­– con respecto a los paradigmas vigentes –y cambiantes– en la mediosfera que son, en las sociedades contemporáneas, valores vinculados al sentido común democrático mayoritario.

Lo curioso de las recientes fugas periodísticas registradas en España es que quienes las han protagonizado suelen proceder de medios progresistas o centristas y propenden, hoy y aquí, a integrarse en medios conservadores o de derecha extrema. Por el momento, no hay signo alguno de que estas fugas se encaminen hacia medios considerados progresistas. Habitualmente, también, las fugas más notorias conciernen a escritores con cierto lustre intelectual o a periodistas de nombradía y ascendiente.

Cabe contemplar lo sucedido como un síntoma a tener en cuenta, por si se tratase –o no– del afloramiento de alguna patología concerniente a los medios y a sus escribientes o, lo que sería peor, a algún movimiento tectónico en el propio ecosistema ideopolítico. Desde el Periodismo, los profesionales nos hemos cebado en criticar con toda la energía a mano, el transfuguismo, al que hemos considerado como lacra y forma suprema de la deshonestidad en política.

En estas fugas hemos visto el origen de la degradación de la frágil democracia española, por ser metáfora y puerta de entrada a la rampante corrupción que tanto daño ha hecho a la democracia. Ahora, olvidando el mantra periodístico corporativista “el perro no come carne de perro”, nos corresponde a los periodistas y a los medios asumir la autocrítica y la explicación de esas fugas, ya que desconciertan a los lectores o seguidores mediáticos que depositan su confianza en un medio, escritor determinado o periodista y suelen verse sorprendidos cuando uno u otro abandonan su medio de referencia.

Como cabe admitir, los medios de propiedad privada que, no se olvide, manejan un bien social público como es la información, pueden modificar sus líneas editoriales, siempre y cuando no confundan la información con la opinión. Por otra parte, se dirá, con razón, que los periodistas no tienen adscripción política como los dirigentes, cuadros o militantes de partidos y que su libre albedrío y su lealtad al respecto del lugar donde trabajan son plenos, dentro de normas aceptadas de cortesía. Desde luego.

No obstante, cabe señalar una particularidad dado que, habida cuenta de la falta de instituciones democráticas en nuestro país a la salida de la dictadura, 40 años de dictadura, la Prensa, los medios en su conjunto, fueron concebidos como la proa de las instituciones democráticas, asignando así un plus de responsabilidad social a la conducta de medios y de periodistas. Se dirá que agitar hoy este argumento es improcedente, por arcaico; pero la situación concreta en España así lo fue y, podría decirse, que sigue siéndolo en parte. Una mirada a los déficit que observamos en la institución judicial, por ejemplo, o en los niveles de cultura de cierta clase política, explicarían la singularidad institucional de la Prensa.

La responsabilidad social de los medios y de quienes los hacen, continúan siendo así un vector constitutivo del bastidor social, moral pues, de la democracia. Y cuando se observa que algunos en quienes se ha depositado el privilegio y la responsabilidad social de contar, narrar u opinar sobre lo que sucede en la realidad social, económica y política, es decir, los periodistas, se desmoralizan, se fugan de una atalaya mediática, la abandonan y se albergan en otra opuesta, es obvio admitir que algo malo ha sucedido, algo que trasciende lo personal, legítimo, y que puede cristalizar en inquietud o desconcierto.

Vamos a lo más concreto. Hay una singularidad mediática evidente, muchas veces incomprendida, que consiste en que una cosa es la información política que brinda un medio y otra bien distinta, la política informativa que cada medio aplica. Los medios pueden establecer sus prioridades a la hora de jerarquizar las informaciones que dan, pero no pueden modificar ni manipular la sustancia informativa misma de lo que cuentan, es decir, sujeto, verbo y predicado de la noticia. Sustantivos, no adjetivos. La interpretación, los adjetivos, vendrán después desde la sección editorial o de Opinión de cada medio. Por consiguiente, nunca deben confundirse la información política, un bien social público, y la política informativa, prerrogativa privada.

Los medios y periodistas

En España, tras 40 años de democracia, ha surgido por primera vez un Gobierno de coalición, que ha dado entrada en el Ejecutivo a formaciones a la izquierda del Partido Socialista, que cuenta con apoyos parlamentarios nacionalistas y en menor medida, independentistas. Formaciones de izquierda las unas, por cierto, a las cuales, para poder contar con representación parlamentaria, regional o municipal, una ley electoral injusta pero vigente les exige el doble, el triple o el cuádruple de votos respecto de los exigidos a los partidos mayoritarios. Estos y los nacionalistas cuentan pues con abultadas ventajas legales.

En las décadas anteriores, muchas de las urgentes tareas políticas a emprender, bien por desdén, vagancia o sectarismo ideológico se aplazaron y no se acometieron –como la reforma de la propia ley Electoral; el Estatuto de la Corona; la democratización real del Poder Judicial; la reconfiguración de la España autonómica; la abolición de la preconstitucional Ley de Secretos Oficiales y su necesaria sustitución por otra provista de plazos de desclasificación hoy ominosamente inexistentes–.

Más cercanamente, urge acometer la consecución de una Administración pública que funcione eficiente y velozmente; la reducción de la brecha de ingresos entre hombres y mujeres; achicar la enorme distancia que existe entre quienes colectivamente crean la riqueza y quienes se apropian privadamente de ella, a corregir merced a las políticas salariales progresivas; el afianzamiento de las pensiones; la mejora de la educación y la extensión de la Cultura; la defensa del carácter y gestión pública de los servicios sociales; la protección de las minorías; el apoyo a la reindustrialización y, señaladamente, al campo, enfrentado a colosos que especulan con los precios…

La llegada de un Gobierno que sí se plantea acometer y a veces resuelve, con hechos probados, esas y otras muchas reformas, no puede pasar inadvertida a los medios y periodistas caracterizados, siquiera, por un cierto grado de conciencia social.

Resulta desmoralizante para las gentes de a pie que personas de nombradía, escritores de periódicos y periodistas conocidos, de distinta extracción, coincidan y converjan compulsivamente en el propósito de derrocar el mentado Gobierno; mas lo hostigan no con informaciones sustantivas y objetivas, contrastadas y probadas, ni por procedimientos legales democráticos como la crítica razonada y fundamentada argumentalmente, sino a través de una cascada de insultos, rencores y descalificaciones ad hominem sin fin, aventados precisamente desde los medios a los que los tránsfugas acostumbran encaminarse: medios que lejos de avanzar en el necesario control democrático de la acción gubernativa y estatal, solo contribuyen a degradar la democracia, a tensar la atmósfera y a polarizar los extremosos polos en una nación de naciones signada por guerras civiles, asonadas, irrupciones y luctuosos períodos timocráticos incrustados a sangre y fuego en la vida política del país.

Por cierto, sería preciso indagar con pesquisas legales intachables, tal como se hace formalmente con el sistema bancario, qué entidades y sujetos componen el accionariado de los medios más beligerantemente antidemocráticos, no vaya a ser que nos encontremos con sorpresas. Son poco menos que legal y moralmente inexplicables las facilidades y concesiones que, desde Gobiernos regionales como el de Madrid, sin ir más lejos, se otorgan a inversores milmillonarios procedentes de países de donde se han marchado, al parecer, para no tributar allí un solo bolívar, peso, real, dólar o rublo. Quizás, algún fiscal honesto y valiente proceda a investigar si las irregularidades en la financiación de las campañas electorales de determinados partidos tengan –o no– algo que ver con las deferencias del trato que aquellos reciben desde determinadas políticas.

En resolución, lejos del movimiento natural de profesionales que ejercen su libre albedrío contractual, el más inquietante trasiego de escribientes de unos medios a otros es el que, por motivos de involución ideológica, acaba por acoger en el seno de órganos de dudoso origen financiero y políticas informativas que confunden premeditadamente información y opinión, a escritores, intelectuales y periodistas de nombradía. Lo más doloroso es que muchos de ellos, sin planteárselo, destrozan, por su propio capricho, pasados profesionales o intelectuales siempre dignos de respeto.

Algo parecido e igualmente penoso sucede con aquellos políticos veteranos que, monopolizando para sí mismos y en plan privatizado los logros de procesos políticos colectivos, como la Transición democrática en España, acaban por convertirse en tránsfugas de sí mismos. Ojala, unos y otros recapaciten antes de que sus actos sean aprovechados por quienes, si pueden, borrarán de la escena todas las libertades que tanta sangre y tanto tiempo costó conseguir a los pueblos de la piel de este toro toreado que denominamos España.