La organización alquilaba instalaciones hoteleras para alojar a los inmigrantes e inflaban los precios de los contratos para obtener mayores subvenciones públicas
Los agentes supieron que un grupo autodenominado "Grupo de Acción Ciudadana" exigía a un empresario murciano el pago de 100.000 euros bajo amenaza de represalias contra él y su familia