Hoy: 23 de noviembre de 2024
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo criminal que llevaba a cabo una macroestafa mediante la oferta de productos de inversión con alta rentabilidad. La cantidad defraudada oscila entre los 40 y 70 millones de euros, afectando a numerosos ahorradores en toda España.
El grupo utilizaba un complejo entramado societario compuesto por 21 sociedades en España, Estados Unidos y Reino Unido. Además, contaba con una red de oficinas en 27 provincias españolas para promover sus productos. Seleccionaban cuidadosamente a su personal comercial, principalmente provenientes del sector bancario y de seguros, y realizaban agresivas campañas de marketing para ganar la confianza de los inversores.
La operación, ejecutada en varias fases, culminó con la detención de nueve personas –ocho en Ponferrada (León) y una en Madrid–, siete registros domiciliarios, el embargo preventivo de nueve inmuebles y el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un valor de más de dos millones y medio de euros.
Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de una aseguradora por el uso indebido de su marca por parte del grupo. Posteriormente, cientos de particulares presentaron denuncias al no poder recuperar sus inversiones, que iban desde los 5.000 euros hasta los 2 millones de euros.
El fraude operaba bajo un esquema Ponzi, donde los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los anteriores. Los primeros inversores recuperaron su dinero más intereses, mientras que el resto perdió la totalidad o gran parte de sus ahorros. Las sociedades ofrecían productos financieros aparentemente respaldados por aseguradoras de primer nivel.
Para ganarse la confianza de los inversores, el grupo implementó tres estrategias principales: crearon una extensa red de oficinas y contrataron a comerciales experimentados; pagaban las rentabilidades a los inversores que solicitaban rescates, incentivando el boca a boca positivo; y realizaron campañas de marketing para proyectar una imagen de éxito, llegando a recibir premios y reconocimientos.
Para reforzar su imagen de solvencia, falsificaron escrituras públicas de ampliaciones de capital inexistentes. La investigación también reveló que ni la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ni el Banco de España habían autorizado a las sociedades del grupo a operar en el ámbito de la inversión particular.
El análisis de más de 130 cuentas bancarias reveló que parte de los fondos se destinaban al enriquecimiento personal del principal investigado y su mujer, así como a la expansión del grupo. Los fondos también se usaban para pagar lujos como vuelos privados, alquiler de yates y vehículos de alta gama.
En diciembre de 2023, el principal investigado fue detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras huir a Colombia. En marzo de 2024, se realizaron nuevas detenciones y registros en Ponferrada, incautando dispositivos electrónicos y documentación. En mayo, se realizaron más operativos, incautando discos duros y documentos relacionados con los hechos.
La investigación resultó en el bloqueo de numerosas cuentas bancarias y pólizas de seguros del grupo investigado, incluyendo una SICAV con más de un millón y medio de euros. Además, se embargaron preventivamente nueve inmuebles.
Esta operación ha permitido frenar una macroestafa y asegurar parte de los fondos para la indemnización de las víctimas.