Miles de personas exigen la dimisión de la presidenta de Hungría tras el indulto en un caso de pedofilia

10 de febrero de 2024
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Una protesta ante el palacio presidencial en Budapest | EP

El director del orfanato recibió una condena de ocho años de prisión después de que las víctimas intentaran sin éxito presentar una denuncia judicial en su contra

Miles de personas exigen en Budapest la renuncia de la presidenta de Hungría, Katalin Nóvak, debido al indulto otorgado a un subdirector de un orfanato declarado culpable de encubrir los abusos sexuales cometidos por el director del centro contra diez menores.

Durante la concentración convocada por el Movimiento Momentum frente al palacio presidencial, una de las víctimas, Attila Peto, compartió su testimonio de abuso sexual perpetrado por un sacerdote a lo largo de varios años, según informó el diario Népszava.

Los manifestantes dirigieron sus críticas hacia Nóvak, quien se encuentra actualmente en Doha, la capital de Qatar, y hasta el momento no ha emitido comentarios sobre el escándalo, que también involucra a la entonces ministra de Justicia, Judit Varga, quien respaldó el indulto.

Orbán propone una enmienda contra los indultos por pedofilia

El primer ministro, Viktor Orbán, anunció su intención de proponer una enmienda constitucional para impedir que una persona condenada por delitos de pedofilia pueda recibir un indulto presidencial, intensificando aún más la tensión política en el país.

El orfanato condenó al subdirector a tres años y cuatro meses de prisión por coaccionar a una de las víctimas para que firmara una declaración falsa y ofreciera dinero a otra a cambio de que retirara su testimonio. Aún le restaban nueve meses por cumplir cuando recibió el indulto en mayo de 2023 con motivo de la visita del Papa Francisco a Budapest.

El director del orfanato, previamente galardonado con la Cruz de Bronce al Mérito de Hungría por las autoridades, recibió una condena de ocho años de prisión después de que las víctimas intentaran sin éxito presentar una denuncia judicial en su contra.

El Gobierno, por su parte, enfrenta una crisis de legitimidad mientras las protestas continúan ganando fuerza. La presidenta aún no ha respondido a las demandas de dimisión, pero la presión social parece ser un factor determinante que podría marcar el futuro político del país.

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