La dirección anuncia a los trabajadores el cierre de la AFAP de Pedrezuela, marcada por la polémica más allá de dicha agresión
La Comunidad de Madrid ha retirado la subvención a la Asociación de Familiares de Adultos con Problemas de Personalidad (AFAP) de Pedrezuela, residencia donde, hace unos días, un joven de 25 años agredió a un compañero discapacitado de 56. De hecho, la semana pasada, la directora del centro anunció que esta sede no va a renovar el acuerdo con el Ejecutivo autonómico.
Paco y Jesús Esquide Guillén son los propietarios de la AFAP de Pedrezuela, pero los terrenos del mismo pertenecen a la Comunidad. A pesar de tener gestión privada, recibe dinero público de las instituciones autonómicas.
La víctima salió de la UCI, pero ha empeorado, y ha vuelto a internarse en cuidados intensivos. En el día de la paliza en la AFAP, momentos antes de sufrir esta, el afectado ya había avisado a otros internos de que el agresor lo amenazaba. De hecho, en febrero, pegó a otro compañero, y cuenta con antecedentes penales.
Otra realidad escandalosa es el hecho de que solo había una trabajadora para defender a la víctima, que sufrió tres edemas cerebrales a causa de la agresión. Ni siquiera había responsables de seguridad en ese momento. Esta y otras polémicas lastran la reputación del centro.
Polémicas previas
Anteriormente, varias empleadas de la AFAP han mostrado su indignación con la residencia, por la falta de personal y medios y mala comida. A pesar de que la Comunidad de Madrid abona en torno a 200.000 euros anuales al centro para que asista a enfermos con graves trastornos mentales, estas trabajadoras se sienten abandonadas por parte de la Administración regional. Desde un mobiliario en malas condiciones hasta frigoríficos vacíos en la sede, razón por la que en muchas ocasiones han tenido que pedir comida.