ISIDRO H.
Los partidos políticos se encuentran en la recta final de sus campañas propagandísticas: pegada de carteles, mítines con promesas por doquier, cuñas de radio y televisión… y correspondencia electoral a domicilios. El objetivo, alcanzar el voto ciudadano.
Pero hay algo que me llama la atención, saben nuestros domicilios, nos mandan correos para que los votemos, con nuestros nombres y apellidos. ¿De dónde sale esa información?, ¿quién la maneja?, ¿tienen autorización para usarla?
En las elecciones municipales, cada grupo político se encarga de preparar las cartas que luego se buzonean con los nombres, apellidos y domicilio de cada votante. Intuyo, por tanto, que son muchas las personas que manejan estos datos tan privativos. ¿Quién nos dice que en los partidos no hay individuos que se hacen con estos datos con fines distintos a los electorales? Es decir, ¿quién garantiza que toda esa pléyade de personas que colaboran con los partidos en las campañas -y en cuyas manos caen los censos- no van a hacer un mal uso de esos datos, o que se los den o vendan a empresas con fines comerciales, o no comerciales?
Alguien debería controlar todo eso.
En el apartado 2 del artículo 41, Sección 4ª de la Junta Electoral Central, se dice textualmente: “Queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto judicial”.
Conclusión: ¿Los políticos y colaboradores que envían correspondencia electoral personalizada a nuestras casas, cometen un delito contra la Ley de Protección de Datos? ¿Quién vigila el uso correcto de toda esa información?