Liberadas seis mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día

Las víctimas eran reclutadas de Sudamérica, especialmente de Paraguay

La operación Joya-Aguyje, llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha logrado desmantelar una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación ha resultado en la detención de diez personas acusadas de diversos delitos, incluyendo trata de seres humanos, contra los derechos de ciudadanos extranjeros, prostitución, salud pública, integridad moral y organización criminal.

La organización reclutaba a sus víctimas, mayormente provenientes de Sudamérica, especialmente de Paraguay, utilizando engaños y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Algunas mujeres también eran captadas en España mediante el mismo modus operandi. La red criminal sufragaba los gastos y trámites necesarios para que las víctimas llegaran a dos pisos-prostíbulo en Manresa y Mollet del Vallés (Barcelona).

Una vez bajo el control de la organización, las víctimas eran privadas de sus documentos y teléfonos móviles. Posteriormente, se les informaba que habían contraído una deuda con la organización que debían saldar a través de la realización de servicios sexuales. Las mujeres eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, sin descanso, incluso padeciendo violencia física si el cliente lo requería y siendo grabadas en ocasiones. La falta de libertad de movimiento y las condiciones infrahumanas en los pisos-prostíbulo eran parte del control ejercido por la red criminal.

La investigación reveló una jerarquía sólida dentro de la organización, con roles claramente definidos en la captación, traslado y explotación final. La dirección compartida por un hombre y una mujer, y otros niveles de la organización obedecían instrucciones específicas.

Se incautaron más de 13.000 euros, 18 teléfonos, un ordenador y 300 gramos de cocaína

Durante los registros, se incautaron más de 13.000 euros en efectivo, 18 teléfonos móviles, un ordenador, 300 gramos de cocaína, una prensa hidráulica utilizada en la elaboración de sustancias estupefacientes y documentación relacionada con la explotación de las víctimas. Además, se bloquearon 11 productos bancarios, tres vehículos y un inmueble.

Los dos pisos-prostíbulo fueron clausurados en el momento de la liberación de las víctimas, quienes fueron posteriormente asistidas por la ONG Fundació APIC-ACAM para abordar sus diversas necesidades. La investigación estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Manresa y fue llevada a cabo por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia.