La muerte de la joven Claudia en su celda de Barcelona, ¿un suicidio por odio? ¿o la temida tortura del submarino?

La madre de la chica de 21 años hallada con una bolsa de plástico que envolvía su cabeza, amarrada con una coleta de pelo en el cuello, se ha ido a Europa para clamar justicia: «No voy a parar, era mi única hija»

Ana Zúñiga, una abogada colombiana afincada en Barcelona, ha llegado ya hasta Europa y no va a parar. Su única hija, Claudia Rodríguez, de 20 años, sufrió en 2018 una muerte espantosa en la cárcel de mujeres de Barcelona, llamada Wad-Ras (que cobija a unas 150 reclusas). A cargo de las internas, funcionarios de ambos sexos.

En un recuento, la noche del 11 de marzo de 2018, fue encontrada tumbada sobre la cama de su celda, en la Enfermería, bocarriba, y tapada con una sábana hasta la cabeza. Debajo de la sábana, un plástico transparente envolvía su rostro, atado a la altura del cuello con una funda de almohada y una coleta de pelo en forma de cuerda.

Es la llamada, y temida, tortura del submarino.

Ana está ya en Europa. «A mi hija la asesinaron», asegura. Incluso da nombres, que la prudencia aconsejar anonimizar. Pero existen y estaban en ese momento en la cárcel. Los aludidos, lo niegan.

Aunque el juzgado 24 de Barcelona archivó las diligencias que abrió sobre el óbito de Claudia, y lo confirmó la Audiencia Provincial, sobre la muerte de la joven Claudia subyacen algunas incógnitas. Ana se encorajina cuando recuerda la retahíla de pruebas que pidió al juzgado y cómo este la obvió todas.

El asunto se quedó judicialmente con la versión oficial, la de la cárcel, hecha por la cárcel y con su propio análisis. Esto es, que Claudia, que ya tenía antecedentes de autolisis, se había suicidado. Sin más.

La autopsia acreditó que Claudia llevaba en su cuerpo una descomunal cantidad de pastillas. Casi o directamente letales. Pastillas que no podía tener ella en la cárcel, ni se sabe de donde salieron.

La tarde noche de la muerte, Claudia cenó. La acompañó una funcionaria. No se le notó nada extraño, o eso dicen los funcionarios. Se supone que debía estar somnolienta y mareada si, como dice la autopsia, había ingerido tantas pastillas.

«No tendría fuerzas para ponerse un plástico y luego atarlo por el cuello», añade. Y otras muchas incongruencias y lagunas que constan en el sumario.

En realidad, Ana está convencida de que la mató un funcionario que odiaba a su hija porque esta le había denunciado por haberle dado un puñetazo en un ojo, entre otros disgustos entre ambos.

Él y otro colega impusieron en menos de ocho meses a Claudia 32 partes por mala conducta. Y a veces la llevaron a celdas de aislamiento. Les tenía pánico.

La vida de Claudia había sido muy dura. Con siete años la violaron. Nunca pudo deshacerse de ese recuerdo.

Impotencias

En Claudia, la impotencia, la injusticia, derivaba, a veces, en cuadros de gran nerviosismo. Medía 1,42, y tenía genio. Fue diagnosticada de un trastorno de la personalidad. Pero en el fondo era una chica normal, muy cariñosa con su madre. «Y sensata», asegura Ana.

Una noche, integrantes de una banda la humillaron y le arrancaron de las manos su móvil. Y le pegaron. Al día siguiente, reconoció a uno de sus asaltantes, quien al verla de nuevo se abalanzó hacia ella. Tenía miedo y llevaba con ella una navaja pequeñita. En el forcejeo la sacó y le dio una cuchillada a su asaltante.

Estaba esperando su juicio cuando murió. O, según la madre, «la asesinaron». Esa noche trabajaba el funcionario que más partes contra ella había dado. Y al que ella, una semana antes, había denunciado por el puñetazo en el ojo. También lo había denunciado antes por rigor innecesario. Y él a ella por una agresión.

Tras hallarla sobre la cama, la sacaron de la celda para llevarla a reanimación, mientras una enfermera, no estaba el médico de guardia, le hacía la respiración boca a boca y le daba un masaje cardiaco.

En ese momento, aun estaba viva. Se produjo un vómito. Ese mismo vómito pudo acentuar la asfixia.

Desde la cárcel se llamó a la policía, pero a la directora no le gustó e impidió el paso a los agentes. No había cámaras para verificar si alguien entró en su celda antes del recuento.

La juez rechazó interrogar a los funcionarios, basándose en la autopsia, que apunta al suicidio. Ana buscó un perit0. Y este determinó «irregularidades e inconsistencias en el análisis forense», «falta de pruebas clave», «ausencia del médico de guardia…»

«Presencia esa noche de funcionarios que», según explica la madre, «odiaban a mi hija». «32 partes en apenas ocho meses, rigor innecesario…».

Ana ha acudido a los tribunales europeos. Afirma que se han vulnerado los derechos fundamentales de su hija y exige que se investigue la muerte de su hija sin escatimar la realización de las pruebas necesarias, sin obstáculos, porque mi hija, reitera, «fue asesinada».

«Y no voy a parar hasta que se haga justicia: se la llevó la muerte del submarino, pero no fue un suicidio».