Nombrado un ex alto cargo del PP, del Opus Dei, para el Constitucional de Andorra, el que verá la querella contra dirigentes del PP del banco que la Operación Cataluña arruinó

Víctor Torre de Silva y López de Letona ha sido designado para cubrir uno de los cuatro puestos de magistrado del Tribunal Constitucional del Principado

El obispo de Urgell y copríncipe de Andorra, Josep-Lluís Serrano, haciendo uso de las facultades que la Constitución del país le confiere, ha nombrado a un ex alto cargo del PP, ex subsecretario de Defensa del Gobierno de Rajoy. Se trata del español Víctor Torre de Silva y López de Letona, de 60 años.

Su nombramiento ha levantado cierta polvareda en la población andorrana. Ha sido designado para cubrir uno de los cuatro puestos de magistrado del Tribunal Constitucional de Andorra.

Es muy previsible que el caso de la Banca Privada de Andorra, la BPA, la gran víctima de la Operación Cataluña, según ha dejado entrever el comisario español José Manuel Villarejo, llegue en su momento al Tribunal Constitucional de Andorra y que sea este el que estudie este asunto.

Una banca, la BPA, de los hermanos Cierco, que fue intervenida ilícitamente cuando era la segunda entidad más rentable de Europa. El Gobierno de Rajoy y el de Andorra la llevaron a la quiebra, en marzo< de 2015, por un tema relacionado con la entonces efervescencia secesionista catalana.

En el marco de la Operación Cataluña, como venganza porque los dueños del banco se negaron a facilitar a la policía patriótica los nombres de secesionistas con cuentas opacas en Andorra, se desató una campaña contra la BPA y fue intervenida.

Hay querellas vivas por este asunto, en las que se apunta a la cúpula del Gobierno del PP de Rajoy, y estas acabarán muy previsiblemente en el Constitucional. Hay mucho dinero en juego.

De ser la élite bancaria europea, la BPA tiene ahora, bajo el manto del Gobierno de Andorra, un agujero de 500 millones. Los daños y perjuicios ocasionados a los accionistas, enormes.

La policía patriótica le atribuyó un blanqueamiento de capitales que varios tribunales españoles han archivado por infundados.

La polémica ahora es la idoneidad del miembro del Constitucionañ que ha nombrado el Obispo de Urgell.

Hay gran malestar en el principado. Se cuestiona por qué tiene que ser un obispo quién realice un nombramiento de esta importancia.

El motivo es que el otro copríncipe de Andorra, también facultado para nombrar a otro miembro de ese alto tribunal, no es un religioso galo, sino el jefe del Estado de Francia, en la actualidad el presidente Macron.

Los opositores señalan que, en su caso, tal facultad, en el caso español, debe ser el jefe del Estado de España; esto es, el Rey Felipe VI.

Experto constitucionalista

Un experto constitucionalista español, magistrado, que pide anonimato, ha analizado con detenimiento este nombramiento y al nombrado. Y al respecto señala lo siguiente:

«Torre de Silva ha asegurado que desea ejercer ese cargo con imparcialidad y defender los valores de libertad, justicia, democracia y progreso social.

Aunque la opacidad andorrana en materia económica es proverbial, un magistrado del TC de ese país percibe una retribución bastante superior a los 120.000 euros anuales.

El mandato de Torre de Silva durará ocho años y probablemente deberá resolver definitivamente el o los recursos que se interpongan contra la sentencia con que los tribunales penales andorranos pongan término a la llamada Operación Cataluña, investigación criminal en la que se encuentran implicados Mariano Rajoy y algunos de sus ministros. Torre da Silva fue alto cargo del Gobierno de Rajoy, del PP.

Asimismo, deberá, tal vez, resolver sobre el caso Banca Privada de Andorra, del que este medio ya ha informado y que comportó que, por una falaz información de las autoridades españolas de la época de Rajoy, el segundo banco más rentable de Europa haya desaparecido sumido en un mar de pérdidas, con grandes perjuicios para sus propietarios, los hermanos Cierco.

Policía patriótica

Y todo por no haber proporcionado a la llamada policía patriótica, en el marco de la Operación Cataluña que aquella tramaba, información sobre pretendidas cuentas de independentistas catalanes en la entidad, puesto que, al parecer, las tenían en Andbank.

Se trata de la otra banca andorrana rival de la de los Cierco en la que tenían intereses miembros del Gobierno de ese Estado, que aprovecharon la torticera actuación del Ejecutivo español para deshacerse de un incómodo competidor.

En el caso que se instruye en Andorra están investigados, además de Mariano Rajoy, sus ministros de Interior y Hacienda Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro.

Por último, Torre de Silva también habrá de sentenciar, eventualmente, sobre la ley que permite dar cobertura a las mujeres andorranas que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo en España o Francia.

Todo ello es lo normal en una Corte de garantías, que está llamada a resolver sobre el ajuste a la Constitución de los asuntos jurídicamente más espinosos y controvertidos.

Las dudas generadas en la clase política y muchos vecinos andorranos (que, entre otras cosas, no se explican la elección de quien desconoce por completo el catalán, que es el idioma oficial y de trabajo del TC del país y en el que se redactan sus sentencias) derivan de la personalidad y el historial político de Torre de Silva y López de Letona.

Jurista de innegable prestigio, en cuanto ahora ocupa una plaza de letrado mayor en el Consejo de Estado español, es doctor en Derecho y profesor en los elitistas IE University y CUNEF de Madrid y en la Universidad Católica de Portugal.

Su ideología y militancia política y religiosa, que, legítimamente, no ha ocultado en ningún momento, tal vez, como señalan fuentes andorranas a este medio, no lo hacen apto para ocupar el puesto al que ha sido aupado por el inefable copríncipe Serrano, que, afirman, pudiera haber sido algo más prudente en su elección y tener en cuenta la idiosincrasia y el juego de equilibrios del país.

Miembro del Opus Dei

Torre de Silva es miembro del Opus Dei, institución que, en consonancia fiel con la doctrina de la Iglesia Católica, mantiene una postura clara de frontal oposición al aborto.

Por otro lado, ha sido alto cargo del gobierno de José María Aznar, pues desde 2000 a 2004 desempeñó el cargo de Subsecretario del Ministerio de Defensa cuando Federico Trillo ostentaba esa cartera.

Y, entre 1996 y 2000, fue jefe del Gabinete de la Presidencia del Congreso de los Diputados que ejercía Trillo.

Y también fue consejero (nombrado a dedo, como Koldo o Leire, sin ir más lejos) de empresas públicas como Renfe, Puertos del Estado y CASA. Aparece siempre pegado a la ubre de lo público.

Salió políticamente indemne del caso del Yack-42, que tanto sufrimiento ocasionó a las familias de los 62 militares españoles fallecidos en la catástrofe aérea, pues padecieron las ocultaciones, mentiras y desprecios de algunos miembros del equipo ministerial del que Torre de Silva formaba parte.

Al final, cuando se descubrió la falsedad de las identificaciones de los cadáveres, ningún político dimitió y, como suele suceder, el sórdido asunto se cerró en falso con la condena de dos modestos oficiales médicos.

Pero el recuerdo que Torre de Silva dejó en los miembros de las Fuerzas Armadas fue pésimo. Su actitud resultó ser, según afirman fuentes castrenses, como la del ministro, es decir, «despótica, altanera, distante, soberbia y despreciativa», señalan.

El de Trillo fue, opinan, el peor equipo que ha pasado por el Ministerio de Defensa desde su creación.

A pesar de ello, el gobierno de Rajoy propuso en 2014 a Torre de Silva como miembro del Observatorio de la Vida Militar (ironías de la vida), del que llegó a ser presidente.

El enfado entre los militares por su designación fue de campeonato, ya que el Observatorio analiza la forma en que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas. Nunca se preocupó del bienestar del personal militar, agregan los citados medios.

En el periodo 2000-2004 en que Torre de Silva desempeñó la Subsecretaría de Defensa, Mariano Rajoy fue vicepresidente primero desde abril de 2000 a septiembre de 2003, ministro de la Presidencia desde abril de 2000 a febrero de 2001 y desde julio de 2002 a septiembre de 2003 y ministro del Interior desde febrero de 2001 a julio de 2002; y Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda desde abril de 2000 a abril de 2004.

Es decir, que uno de los magistrados del Constitucional andorrano que posiblemente hayan de entender sobre la participación de Rajoy y Montoro en hechos presuntamente delictivos desempeñó un alto cargo de confianza en el gobierno en el que ambos eran ministros.

Lo lógico en un jurista tan destacado y de tan sólida formación como Torre de Silva es que, por ello y por su indisimulada cercanía al PP, se abstenga del conocimiento tanto del asunto de la operación Cataluña, como del de la Banca Privada de Andorra, tan íntimamente ligado al primero.

Lo contrario obligará a las partes a recusarlo por concurrir causas objetivas para ello, con el indirecto descrédito de quien lo ha nombrado.

En el caso del aborto, su límpida conciencia señalará a Torre de Silva si debe o no abstenerse. Su conocida, y legítima, militancia religiosa habría de imponerle, en aras a mantener la imparcialidad objetiva, la abstención, conforme a aquella máxima de que el juez no solo debe ser imparcial sino parecerlo. O sea, el gozo del copríncipe episcopal en un pozo.

Hasta ahora, lo que se ha expuesto afecta a Víctor Torre de Silva y López de Letona y a su nuevo desempeño en la justicia constitucional andorrana.

Por lo que se refiere a su condición de letrado mayor del Consejo de Estado del Reino de España, fuentes del órgano consultivo han manifestado a este medio su asombro por la aceptación del nombramiento y se plantean ciertas dudas, que consideran que Torre de Silva y la presidencia del propio Consejo de Estado deberían despejar lo más rápidamente posible.

En primer lugar, su jura de la Constitución de Andorra pudiera colisionar con su deber de fidelidad a la Constitución española (que al asumir su cargo de letrado del Consejo de Estado hubo de jurar o prometer).

En un hipotético caso de conflicto, ¿qué lealtad prevalecería? Es de esperar de tan eximio ciudadano y jurista que no sea la mejor retribuida o la que mejor futuro ofrezca.

Por otra parte, los letrados del Consejo de Estado, también muy generosamente retribuidos, están sujetos al estricto régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Administración civil del Estado que se fija en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y que impide desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos de la función docente y sanitaria, y ello siempre con la debida autorización para compatibilizar.

Incuestionablemente, el cargo de magistrado del TC de un Estado extranjero es de carácter público. Y, sin duda, Torre de Silva no lo ha aceptado y tomado posesión del mismo sin, o bien haber recibido autorización de compatibilidad para desempeñarlo o bien haber pasado antes a una situación administrativa en su cuerpo de origen que le permita desempeñarlo.

Las sanciones disciplinarias que, en la época en que Torre de Silva ejerció como Subsecretario de Defensa se imponían a militares y guardias civiles que, a veces por nimiedades, incumplían el deber de incompatibilidad, eran durísimas (llegando a la separación del servicio).

Por otro lado, si Torre de Silva puede compaginar sus funciones como letrado mayor del Consejo de Estado, profesor de IE University y CUNEF, en Madrid y magistrado del TC, en Andorra, o bien es un estajanovista o muy poco se trabaja en esas instituciones.

Convendría, por un mínimo de transparencia, que la opinión pública española conociese si Torre de Silva ha recibido autorización de compatibilidad, quién se la ha concedido, en base a qué razones y cuál es su actual situación en el Consejo de Estado.

Desde luego, lo que no sería de recibo es que desempeñara ambos cargos, letrado mayor del Consejo de Estado en España y magistrado del Tribunal Constitucional en el Principado de Andorra, a la vez y siendo remunerado generosamente por los dos. La sombra de la falta de ética y la ilegalidad planearía sobre la situación y el escándalo podría resultar mayúsculo.

A la presidenta del Consejo de Estado, la socialista Carmen Calvo, prestigiosa jurista, profesora titular de derecho Constitucional, que ha sido vicepresidenta y varias veces ministra del gobierno español y persona de acrisolada seriedad y honradez, no se le puede haber pasado por alto una situación como la expuesta.

Ante el cúmulo de dudas y sospechas que un hecho tan singular plantea habrá, sin duda, una explicación convincente que la opinión pública española, harta de tanto escándalo, falta de ética, rampante corrupción y mentiras, de salarios miserables y del sistemático expolio a que se ve sometida, merece recibir lo más pronto posible».