El juez Peinado, que se jubila en septiembre, llevará a juicio antes del verano a Begoña para que responda de corrupción y malversación

En cuanto le lleguen los informes de la UCO, dará por cerrada la causa en los delitos esenciales. Los ataques del Gobierno a su familia no le han amedrentado

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado ha seguido trabajando durante las navidades porque quiere tener cerrada la causa contra la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, y contra su secretaria particularísima, Cristina Álvarez, antes del verano, por al menos cinco delitos, entre ellos, malversación de caudales públicos, corrupción y tráfico de influencias.

Lejos de amedrentarle, los ataques que ha recibido su familia por investigar a la esposa de Pedro Sánchez han sido un revulsivo y su intención es haber cerrado la primera gran causa contra Bego, por malversación y corrupción, antes del verano.

Peinado se jubila en septiembre y quiere dejar el juzgado, el 41 de Madrid, con la causa sobre Begoña Gómez y otros prácticamente cerrada.

Los ataques que ha estado recibiendo desde la instrucción por parte de Sánchez y otros miembros del Gobierno, que han utilizado incluso el Consejo del Poder Judicial con cuatro denuncias para tratar de apartarlo del caso (incluso le han puesto una querella que rechazó el Tribunal Superior de Madrid) no le han arredrado en absoluto.

Le ha molestado especialmente que los ataques también hayan ido dirigidos a su familia, y en concreto a su hija, concejal del PP de un municipio de Madrid, que incluso ha sido tachada de racista cuando la realidad es que su hija ha visitado numerosas veces África participando en tareas de ayuda humanitarias.

Por tanto Peinado, al que no le han agachado las críticas, está más animado que nunca en acabar la causa (ha pedido varios informes a la UCO para dar por finalizada la parte relacionada con la malversación de caudales relacionada de la aplicación informática que tres grandes compañías del IBEX, Indra, Google y Telefónica, entregaron a la Universidad Complutense y que ella puso a su nombre. Se la apropió, pese a que la aplicación o software costaba casi 200.000m euros. Y en teoría era para la universidad, no para ella. Para esa aplicación hubo al menos 22 reuniones con los patrocinadores a los que acudió Begoña, y en algunas de ellas también su secretaria Álvarez.

Esa aplicación era para la cátedra extraordinaria sobre sostenibilidad que la Universidad Complutense le facilitó (se supone que por aquello de por ser vos quien sois) pese a que ni siquiera tiene titulación universitaria. Se la convirtió en catedrática.

Lo último que ha hecho el juez es pedir a la UCO un nuevo informe con la información que le ha remitido una empresa implicada en su momento en el tema del software para la cátedra extraordinaria que codirigió Gómez.

Antes de serle regalada la aplicación hubo muchas reuniones: a 22 de ellas asistió Begoña, y en al menos tres estuvo acompañada de su particular secretaria.

En realidad no era su secretaria, porque oficialmente la esposa del presidente no tiene derecho a ella. Álvarez era su amiga y persona de confianza y por eso fue contratada por La Moncloa.

Pero sí estuvo a su disposición siempre. Incluso, y esto es lo que investiga el juez como una malversación, ayudó a Begoña en sus negocios lucrativos. Y esa no era su misión.

Otro hecho que se imputa a Begoña es que Begoña firmó una serie de cartas de recomendación a favor de Carlos Barrabés –empresario y codirector de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por la que se investiga a Gómez– en varias propuestas de concursos públicos. Barrabés habría obtenido 10 millones de euros en licitaciones.